Un informe jur¨ªdico del PSOE estima "nulo de pleno derecho" el contrato de los 'chirimbolos'

Un dictamen jur¨ªdico del Grupo socialista del Ayuntamiento de Madrid juzga "nulo de pleno derecho" el contrato de los chirimbolos (mobiliario urbano) con la firma CEMUMASA, controlada por la empresa francesaC. Decaux. Tal conclusi¨®n se asa en que la persona natural, propietaria de la firma adjudicataria [ Jean Claude Decaux], hab¨ªa sido condenado por cohecho". Este informe jur¨ªdico se ha realizado a partir de la informaci¨®n publicada el pasado 13 de julio por EL PA?S, en la que se detallaba que Jean Claude Decaux, que controla el 85% de CEMUMASA, fue condenado en D92 en Lieja (B¨¦lgica) por soborno y cohecho al alcalde de la calidad, lo que, se indicaba, supon¨ªa el orillamiento de la legislaci¨®n vigente en materia de contratos del Estado.

El documento del PSOE recoge todas las normativas sobre contrataci¨®n que reg¨ªan para las administraciones p¨²blicas al efectuarse el contrato, en 1994. As¨ª, se cita la Ley de Bases del R¨¦gimen Local de 1988 -art¨ªculo 88.2-; el texto refundido de las disposiciones en materia de r¨¦gimen local de 1986, que remit¨ªan a la Ley de Contratos del Estado de 1986, reformada en 1990.

En su art¨ªculo 9, esta ¨²ltima ley imped¨ªa contratar con la Administraci¨®n a las "personas naturales y jur¨ªdicas espa?olas y extranjeras" que hubieran "sido condenadas mediante sentencia firme". "En esta misma l¨ªnea abundan los art¨ªculos 23.1 del reglamento de contrataci¨®n del Estado y el art¨ªculo 4. y 2 del reglamento de contrataci¨®n de las corporaciones locales. Ambas normas estaban plenamente vigentes cuando se produjo la contrataci¨®n", se a?ade en el escrito.

Prohibici¨®n

El dictamen apunta que la nueva Ley de Contratos del Estado, de mayo de 1995, "si bien entr¨® en vigor una vez realizada la adjudicaci¨®n ¨²nicamente ha clarificado la materia, sin que suponga ninguna novedad pr¨¢ctica", ya que en la anterior ley "estaba impl¨ªcita la prohibici¨®n para contratar a las personas jur¨ªdicas cuyo representantes y/o administradores hubieren sido condenados por cohecho". Por otro lado, fuentes socialistas resaltan que no cabe entender que a los ciudadanos extranjeros condenados por corrupci¨®n no les vincule la Ley de Contratos del Estado, ya que supondr¨ªa una clara situaci¨®n de ventaja frente a los espa?oles, distinci¨®n contraria a lo que marcan las directivas europeas. Seg¨²n el dictamen, CEMUMASA, am¨¦n de incumplir los requisitos exigidos por ley para concursar, pudo incurrir en falsedad documental, al afirmar por escrito ante el Ayuntamiento que cumpl¨ªa todas las condiciones legales para optar al contrato. El informe concluye que cualquiera de ambos argumentos permitir¨ªa considerar el contrato "nulo de pleno derecho".