Garz¨®n imputa a Gonz¨¢lez un delito de fundaci¨®n de la banda armada GAL y otro de malversaci¨®n

El juez Baltasar Garz¨®n remiti¨® ayer al Tribunal Supremo un informe en el que afirma que existen indicios racionales de que el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, ha incurrido en un delito de pertenencia a la banda armada u organizaci¨®n terrorista GAL, en grado de fundador y dirigente, y otro de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, seg¨²n informaron fuentes jur¨ªdicas. Garz¨®n incluye en su exposici¨®n a la Sala Segunda a Narc¨ªs Serra y Jos¨¦ Barrionuevo, ex ministros de Defensa e Interior, respectivamente, y Txiki Benegas, ex secretario general y ahora presidente del PSE-PSOE. Todos ellos est¨¢n aforados por su condici¨®n de diputados. Contra Serra y Benegas hay indicios de un delito de pertenencia a banda armada en grado de direcci¨®n, mientras que a Barrionuevo se le imputa direcci¨®n de banda terrorista, secuestro de Segundo Marey, proposici¨®n para el asesinato y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

Garz¨®n ha elaborado un extenso informe de 40 folios que present¨® en la secretar¨ªa de causas especiales del Tribunal Supremo a las tres de la tarde de ayer. El documento fue guardado en una caja fuerte hasta el pr¨®ximo lunes, en que la Sala Segunda decidir¨¢, con toda probabilidad, su remisi¨®n al fiscal para que informe si el Supremo es competente y sobre el fondo de la cuesti¨®n.La exposici¨®n del juez Garz¨®n consta de un relato de hechos, una relaci¨®n de los indicios recogidos en el sumarlo, en los que basa cada uno de los hechos que afirma, y la calificaci¨®n jur¨ªdica que corresponder¨ªa a cada uno, en caso de que en un juicio se declarasen probados.

Garz¨®n utiliza en su exposici¨®n la t¨¦cnica del ¨¢rbol probatorio, seg¨²n la cual los indicios se apoyan unos en otros para ofrecer un relato coherente. As¨ª, la acusaci¨®n de que Felipe Gonz¨¢lez aprob¨® la estrategia operativa de los GAL, se basa principalmente en la declaraci¨®n de Ricardo Garc¨ªa Damborenea.

Pero esta declaraci¨®n se apoya, a su vez, en las de Juli¨¢n Sancrist¨®bal, ex director general de Seguridad; de Francisco ?lvarez, ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior, y de Miguel Planchuelo, ex jefe superior de Polic¨ªa de Bilbao, Todos afirman que alguien con responsabilidades de Gobierno superiores a Barrionuevo era el jefe de los GAL.

Apoyos en cadena

A su vez, la veracidad de estas manifestaciones se sustenta, seg¨²n el juez, en declaraciones de otros procesados y testigos, as¨ª corno en documentos, algunos de los cuales han sido confirmados por pruebas periciales caligr¨¢ficas. Tambi¨¦n est¨¢ constatada la disposici¨®n de partidas de dinero con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior para financiar operaciones de los GAL o pagar a algunos de los procesados.

El informe califica la conducta indiciaria de Gonz¨¢lez como constitutiva de delitos de pertenencia a banda armada en grado de fundaci¨®n o direcci¨®n y de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, aunque este ¨²ltimo de forma gen¨¦rica.

Bastante m¨¢s concretas y precisas son las imputaciones de malversaci¨®n que se hacen a Barrionuevo. La conducta del ex ministro del Interior y ahora diputado socialista es constitutiva para el juez de varios delitos, ya que los indicios contra ¨¦l son mucho m¨¢s s¨®lidos. El secuestro de Segundo Marey y la proposici¨®n para enterrarle en cal viva, as¨ª como la financiaci¨®n del grupo, figuran entre las acciones il¨ªcitas que se le imputan.

El juez Garz¨®n, que continuar¨¢ instruyendo el sumario hasta que el Supremo se lo reclame, levant¨® ayer parcialmente el secreto de las actuaciones, concretamente hasta las declaraciones del 20 de julio pasado.

Con ello, los abogados pudieron acceder a la literalidad de las confesiones de Planchuelo, Sancrist¨®bal, ?lvarez y Garc¨ªa Damborenea, as¨ª como a las de los otros cuatro polic¨ªas arrepentidos, en las que todos ellos admiten su participaci¨®n en el secuestro de Marey.

El juez recibi¨® ayer, por otro lado, la respuesta del Cesid, el servicio militar de informaci¨®n, a su requerimiento para que entregue el documento sobre creaci¨®n y estrategia de los GAL. La casa invoc¨® la ley de Secretos Oficiales para negarse a facilitar cualquier documento elaborado por sus agentes que figure en sus archivos.

S¨®lo el Consejo de Ministros o la direcci¨®n del centro pueden levantar la obligaci¨®n de confidencialidad para aquellos documentos que si se conociesen. pudieran afectar a la seguridad del Estado, seg¨²n la respuesta del Cesid.

Garz¨®n hab¨ªa enviado a la secretaria del juzgado hasta la sede del Cesid el pasado jueves, con un requerimiento para que en un plazo m¨¢ximo de 24 horas se facilitase el documento de estrategia operativa de los GAL que mencion¨® Garc¨ªa Damborenea en su declaraci¨®n ante el juez del pasado 20 de julio.

Fuentes pr¨®ximas al juzgado han se?alado que tras la respuesta del Cesid es poco probable que en las pr¨®ximas horas el magistrado proceda a un registro de las instalaciones del organismo.