Garc¨ªa Damborenea condiciona la entrega de documentos a la libertad de Sancrist¨®bal

Ricardo Garc¨ªa Damborenea acudi¨® ayer a declarar llamado por Baltasar Garz¨®n. El juez le pidi¨® que le entregase los documentos de que disponga para avalar su versi¨®n sobre la fundaci¨®n y estrategia de los GAL. Pero Damborenea no quiso colaborar.B¨¢sicamente, indic¨® al juez que todav¨ªa no se dan las condiciones para una colaboraci¨®n plena, en clara referencia a que el ex director general de Seguridad, Juli¨¢n Sancrist¨®bal, permanece en prisi¨®n, pendiente de una resoluci¨®n de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El ex secretario general del PSOE de Vizcaya no fue tajante, dio largas a Garz¨®n y se?al¨® que en el caso de que disponga de documentos, ¨¦stos. deben estar "muy empolvados".

Damborenea rectific¨® ante el juez su manifestaci¨®n anterior respecto a que el secuestro de Marey estuvo relacionado con el del capit¨¢n Alberto Mart¨ªn Barrios. "Lo sustancial lo he sostenido, aunque no me acuerdo de todas las pel¨ªculas que he visto", dijo a la salida.

"De lo que no me equivoqu¨¦", abund¨®, "fue de siglo ni de Gobierno ni de partido ni de presidente. Que nos ve¨ªamos con frecuencia no lo puede discutir nadie. No siempre fue en La Moncloa y no siempre constaron los registros de entrada".

"Supongamos que el presidente dice la verdad", agreg¨®. "Entonces tal vez todo sea un mal sue?o, aunque no se entiende lo que pas¨®. Ahora, si se acepta lo que yo digo se entiende todo de una manera sencilla y natural".

Respecto a la filtraci¨®n de la declaraci¨®n de Damborenea, que fue publicada por el diario El Mundo coincidiendo con el debate sobre los GAL en el Congreso, ayer se conoci¨® que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jos¨¦ Aranda, antes de irse de vacaciones, pas¨® una copia de la declaraci¨®n a su superior jer¨¢rquico, el fiscal general del Estado, Carlos Granados.

?ste, previsiblemente, inform¨® al Gobierno del contenido de la declaraci¨®n. [El fiscal general del Estado es accionista del diario El Mundo].

Granados est¨¢ obligado a informar al Gobierno, de acuerdo con el art¨ªculo 9.2 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal. La citada disposici¨®n dice textualmente: "El fiscal general del Estado informar¨¢ al Gobierno, cuando ¨¦ste lo interese y no exista obst¨¢culo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal ( ... ) En casos excepcionales podr¨¢ ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros".

Fuentes jur¨ªdicas han cuestionado la legalidad de que Granados hubiera informado al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, si es que la informaci¨®n se produjo, debido precisamente al obst¨¢culo legal de que la causa en la que se produjo la declaraci¨®n, el caso GAL, est¨¢ declarada secreta.