El Supremo abre la puerta a los procesados del 'caso GAL'

Los dos d¨ªas de vacaciones suspendidas a los tres magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo que integran la Sala de Admisi¨®n del caso GAL produjeron ayer una resoluci¨®n de cinco folios, un¨¢nime pero escasamente razonada, en la que se declara la competencia del Supremo -dadas las imputaciones de presuntos delitos contra cuatro aforados-, se reclama a Garz¨®n la "urgente remisi¨®n" del sumarIo 1 / 1988 y se omite la designaci¨®n de magistrado instructor. En cambio, se anuncia algo menos previsible: el env¨ªo de la causa al fiscal y al resto de los personados -que ya deben tenerla- para que en el plazo de 10 d¨ªas se pronuncien sobre el asunto. A la vista de lo que resulte de este tr¨¢mite, "se acordar¨¢ lo procedente", anticipa la resoluci¨®n.La condici¨®n de presidente del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez y la de diputados de Narc¨ªs Serra, ministro de Defensa en 1983; Jos¨¦ Barrio-nuevo, ministro del Interior en el mismo a?o, y Txiki Benegas, ha sido determinante, junto con el hecho de que el juez Baltasar Garz¨®n haya atribuido a los cuatro aforados "hechos presuntamente constitutivos de delito", para que la Sala Segunda de lo Penal del Tribuna Supremo se declarara ayer competente para conocer del caso GAL.

Con esta resoluci¨®n la sala responde al juez Garz¨®n, que el 28 de julio ¨²ltimo pidi¨® al Supremo que decidiera lo que estimara oportuno "sobre la reclamaci¨®n de la causa o sobre la autoriza ci¨®n para la continuaci¨®n de la instrucci¨®n" por el juzgado del que es titular. El 31 de julio, la sala recab¨® el informe del fiscal y comunic¨® a Garz¨®n que, "hasta que esta Sala declare su competencia, se autoriza al citado ¨®rgano instructor (...) a que contin¨²e la tramitaci¨®n de las actuaciones practicando las diligencias cuya urgencia y necesidad fueren manifiestas, con exclusi¨®n de las que afecten de modo directo a las personas que aparezcan como aforadas en la causa".

A partir de la declaraci¨®n, ayer, de su competencia, el juez Garz¨®n cesa en la instrucci¨®n del sumario 1 / 1988 y, dado que no se ha designado nuevo instructor, el caso GAL queda por el momento sin nadie que lo instruya. Fuentes del Supremo relacionan esta omisi¨®n con la falta de acuerdo sobre el procedimiento para la designaci¨®n de instructor. Esta falta de acuerdo, que se reproduce en la Sala de Admisi¨®n, ha inducido a los tres magistrados, seg¨²n tales fuentes, a obviar la designaci¨®n de instructor, de igual modo que se ha razonado poco la resoluci¨®n, con tal de obtener el dif¨ªcil acuerdo entre el presidente Fernando Cotta y el magistrado Francisco Soto, por una parte, y por la otra, el magistrado Jos¨¦ Augusto de Vega, quien no ha formulado voto particular.

Tras la obvia declaraci¨®n de competencia y la obligada reclamaci¨®n de la causa al juez Garz¨®n, la decisi¨®n m¨¢s novedosa de los tres magistrados es el traslado "al Ministerio P¨²blico y al resto de los personados, para que, en el plazo de 10 d¨ªas, puedan solicitar lo que al derecho de los mismos conviniere, en orden a los aspectos procedimentales y de fondo del presente asunto".

Ello quiere decir que, adem¨¢s del fiscal y las acusaciones, tendr¨¢n ocasi¨®n de pronunciarse ante el Supremo, antes de que los aforados puedan alegar en su defensa y de que la Sala de Admisi¨®n tome una decisi¨®n definitiva, al menos los 14 siguientes procesados: Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad; Juli¨¢n Sancrist¨®bal, ex director general de Seguridad; Juan de Justo, ex secretario de Vera; Ricardo Garc¨ªa Damborenea, ex secretario general de los socialistas vascos; Francisco ?lvarez S¨¢nchez, ex jefe del Mando ¨²nico de la Lucha Contraterrorista; Miguel Planchuelo, ex jefe superior de Polic¨ªa de Bilbao; Jos¨¦ Amedo, ex comisario de polic¨ªa; Michel Dom¨ªnguez, ex polic¨ªa; An¨ªbal Mach¨ªn, comisario de polic¨ªa; F¨¦lix Hernando Mart¨ªn, comandante de la Guardia Civil, y los inspectores de polic¨ªa Julio Hierro, Francisco Saiz Oceja, Juan Ram¨®n Corujo y Luis Hens Serena.

Cotta, Soto y De Vega pueden as¨ª regresar a sus seguramente merecidas vacaciones, pero la nueva dimensi¨®n del caso GAL queda ahora en manos del Tribunal Supremo, que necesita, para poder pronunciarse sobre los indicios apreciados por Garz¨®n, consultar a las partes -desde hace meses presentes en la Audiencia Nacional y en los medios de comunicac¨ª¨®n social-, mientras que estima aplazable el paso esencial para dilucidar las posibles reponsabilidades penales: la designac¨ª¨®n de instructor.