Pujol halla "muy inc¨®moda" la situaci¨®n

"Se ha creado una situaci¨®n muy incomoda para todos que dificulta el buen funcionamiento del pa¨ªs. S¨®lo pedimos la m¨¢xima rapidez". ?se fue el ¨²nico comentario del presidente catal¨¢n, Jordi Pujol, tras la decisi¨®n del Supremo de asumir el caso GAL, al existir acusaciones contra Felipe Gonz¨¢lez y tres aforados m¨¢s.

M¨¢s expl¨ªcito fue Josep L¨®pez de Lerma, tambi¨¦n de CiU quien consider¨® que el Supremo ha adoptado "una decisi¨®n correcta" que "entra dentro de la l¨®gica jur¨ªdica". Advirti¨®, sin embargo, que "la investigaci¨®n pesar¨¢ sobre todo el pa¨ªs como una espada de Damocles, hasta el punto de que podr¨ªa condicionar la propia legislatura". "Por el momento", agreg¨®, "no hay base suficiente para afectar a Gonz¨¢lez, si todo se fundamenta en las declaraciones de Damborenea".Francisco ?lvarez Cascos, secretario general del PP, consider¨® "muy respetable" la decisi¨®n del Supremo y reiter¨® que, "con independencia de ¨¦sta o de cualquier decisi¨®n judicial, las circunstancias exigen, exig¨ªan y van a seguir exigiendo la dimisi¨®n del presidente del Gobierno".

M¨¢s cauto se mostr¨® el presidente del PP, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, quien declar¨® en Roses (Gerona): "Nosotros no entramos en el cap¨ªtulo judicial porque el PP ya estableci¨® las responsabilidades pol¨ªticas en el Congreso. Conviene no mezclar las cosas".

I?aki Anasagasti, portavoz del PNV en el Congreso, se mostr¨® de acuerdo en que el Supremo investigue el caso GAL, pero le pidi¨® "que acelere los tr¨¢mites, para que esta situaci¨®n de duda, que perjudica gravemente la estabilidad pol¨ªtica, se resuelva cuanto antes". Anasagasti advirti¨® que, aunque no hubiera responsabilidad penal, "s¨ª hay responsabilidad pol¨ªtica por omisi¨®n".

Para Mariano Santiso, coordinador de la Presidencia de IU, la decisi¨®n del Supremo significa que "hay un indicio de responsabilidad de personas aforadas, entre ellas, el presidente del Gobierno". La decisi¨®n, agreg¨®, tiene "trascendencia pol¨ªtica importante", pues, "s¨®lo si hay indicios racionales de criminalidad, el Supremo acepta la competencia".