EI PP y la Abogac¨ªa del Estado no acusan a los banqueros y empresarios en el 'caso Filesa'.
El Servicio Juridico, del Estado y el Partido Popular, personados como acusaci¨®n en el caso Filesa, han excluido a los banqueros y empresarios inculpados por el juez Marino Barbero de sus respectivos escritos de acusaci¨®n, en los que solicitan la apertura del juicio oral. El PP, que present¨® su escrito en el juzgado de guardia para retrasar su llegada al Tribunal Supremo, ha decidido mantenerlo secreto por el momento, y s¨®lo ha trascendido que dirige la acusaci¨®n contra militantes o empresarios de la ¨®rbita del PSOE. La Abogac¨ªa del Estado no presentar¨¢ cargos contra el senador Josep Maria Sala.
El escrito del Servicio Jur¨ªdico del Estado no presenta acusaci¨®n por todos los delitos posibles, sino s¨®lo por aqu¨¦llos en los que el Estado ha sido perjudicado. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, el abogado del Estado no presenta cargos contra el senador Sala por entender que su actuaci¨®n "no ha causado perjuicio al Estado". Tambi¨¦n entiende que al tratarse de un aforado, no puede acusarle m¨¢s que por aqu¨¦llos delitos por los que el Senado autoriz¨® a proceder contra ¨¦l, entre los que no se encuentra el de asociaci¨®n il¨ªcita, del que le acusa el fiscal. El Servicio Jur¨ªdico del Estado entiende tambi¨¦n que las falsedades documentales que sirven de instrumento para cometer delito fiscal no son punibles.Asimismo, a?ade que la Ley 6/95 que reform¨® el pasado 29 de junio el C¨®digo Penal impide perseguir penalmente a los banqueros y empresarios que regularizaron su situaci¨®n fiscal ante Hacienda, por lo que excluye de la acusaci¨®n a todos los empresarios y banqueros que presentaron declaraciones complementarias pata regularizar su situaci¨®n.
Delito y financiaci¨®n
La Abogac¨ªa del Estado es la ¨²nica acusaci¨®n que mantiene que la financiaci¨®n irregular de un partido pol¨ªtico no es delito en Espa?a. Las fuentes consultadas apuntaron que la captaci¨®n ilegal de fondos por una formaci¨®n pol¨ªtica vulnera la Ley de Financiaci¨®n de Partidos, pero eso no constituye delito. La defensa del Estado mantiene. tambi¨¦n que los delitos que no tengan conexi¨®n con la conducta del aforado no tienen por qu¨¦ ser perseguidos ante el Supremo.
El Servicio Jur¨ªdico del Estado solicita penas de 12 a?os y ocho meses e indemnizaci¨®n de 767 millones de pesetas para el ex diputado socialista Carlos Navarro y los socios en Filesa Luis Oliver¨® y Alberto Flores, por delitos fiscales y de falsedad en documento mercantil.
Por no haber regularizado su situaci¨®n ante Hacienda, se piden para Julio Calleja, de la empresa ABB, tres a?os y seis meses y 105 millones por falsedad y delito fiscal, pero se excluye a los responsables del Banco Bilbao Vizcaya y el Central, y a los de las empresas Cepsa, Focsa, Elsan y Enasa.
Respecto a los responsables de las empresas proveedoras del PSOE, pide, por falsedad documental, ocho a?os para Aida ?lvarez y Soledad Morales (Tecnolog¨ªa 2020); cuatro a?os para Jos¨¦ Ram¨®n Lorenzo Elvira (Hauser y Menet); tres a?os para I?igo Larraz¨¢bal (El Viso Publicidad), Ram¨®n G¨®mez Redondo (Mabuse), Antonio Bartolom¨¦ (Mabuse), y uno para Miguel Molledo (Grupo 2020) y Mar¨ªa Rosario Garc¨ªa Lucero (Producciones Dobbs).
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