Los defensores del pueblo, alarmados por la intolerancia y la vioIencia juvenil

Los defensores del pueblo espa?oles, que se reunieron ayer en Barcelona, expresaron su preocupaci¨®n por el incremento de la intolerancia y de la violencia juvenil, a la que consideran una expresi¨®n del malestar de los j¨®venes, y pidieron medidas que no sean s¨®lo policiales. Los ombudsmen dijeron, adem¨¢s, que las quejas de los funcionarios y empleados p¨²blicos amenazan con bloquear su actividad en las distintas comunidades aut¨®nomas. Los defensores coincidieron ayer en expresar su alarma por el constante incremento de denuncia presentadas y propinaron una dura reprimenda al, Gobierno por no haber desarrollado adecuadamente la Ley de la Funci¨®n P¨²blica.

Los nueve defensores bajaron al mediod¨ªa a la calle para guardar dos minutos de silencio por la libertad de Jos¨¦ Mar¨ªa Aldaya y Publio Cord¨®n. Todos coincidieron en que el incremento de las expresiones de intolerancia, racismo y xenofobia puede poner en peligro la convivencia y todos estuvieron de acuerdo en que la creciente violencia juvenil es la expresi¨®n de unos males m¨¢s profundos que afectan a la juventud.En este sentido, no se mostraron contrarios a que las tribus urbanas con tendencias violentas sean sometidas a una vigilancia policial especial, como se ha pedido desde diversas instituciones en Catalu?a, pero s¨ª advirtieron que el problema no se solucionar¨¢ s¨®lo con medidas represivas. El Ararteko vasco, Xabier Markegui, relat¨® a los dem¨¢s defensores la grave situaci¨®n del Pa¨ªs Vasco por el aumento de la intolerancia extrema.

Los nueve ombudsmen se reunieron en Barcelona para tratar de forma monogr¨¢fica este problema, y tambi¨¦n del incremento de las quejas presentadas por funcionarios. La ausencia de normativa que desarrolle suficientemente la Ley de la Funci¨®n P¨²blica est¨¢ originando, seg¨²n explic¨® Fernando ?lvarez Miranda, defensor del pueblo espa?ol, la irrupci¨®n de la picaresca para eludir la normativa en la provisi¨®n de las plazas p¨²blicas y la contrataci¨®n de personas sin m¨¦ritos suficientes, en detrimento de otras que se preparan y aspiran leg¨ªtimamente a ese puesto.

La secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, considera que la oleada de violencia juvenil que se ha desatado en algunas ciudades no se solucionar¨¢ s¨®lo con medidas de tipo policial. El aspecto m¨¢s preocupante de este fen¨®meno es el referido a las denominadas tribus urbanas.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha planificado para los pr¨®ximos meses una campa?a para estudiar la violencia juvenil y tratar de diagnosticar las ra¨ªces de este problema mediante debates, mesas redondas y campa?as educativas en los colegios.

La viceministra Robles se?al¨® ayer que esta violencia es atribuible a un sector minoritario de la juventud y que el problema puede tener relaci¨®n con el paro y la droga. Tambi¨¦n sugiri¨® la posibilidad de que entre los adolescentes haya un cierto "mimetismo" de los contenidos violentos de algunas series de televisi¨®n.

La Direcci¨®n General de Pol¨ªtica Interior, el Instituto de la Juventud y diversas organizaciones no gubernamentales han preparado una serie de actos en Barcelona, Madrid, M¨¢laga, La Coru?a y Pamplona. El primero tendr¨¢ lugar en Barcelona, donde se celebrar¨¢ un debate sobre las tribus urbanas (rapados, punkis, etc¨¦tera). La responsable de Pol¨ªtica Interior, Concepci¨®n S¨¢ez, se?al¨® que en esta campana se dar¨¢ protagonismo a los j¨®venes para que den su propia versi¨®n del problema.

El vac¨ªo legal y la arbitrariedad con que act¨²an algunos organismos han provocado la avalancha de denuncias a los defensores del pueblo formuladas por empleados p¨²blicos, que en el caso de Andaluc¨ªa, por ejemplo, suponen el 41% de todas las presentadas en esa comunidad, seg¨²n indic¨® el ombudsman andaluz, Jes¨²s Maeztu Gretorio. En Valencia, la mayor parte de las 3.482 quejas presentadas en 1993 proced¨ªan de empleados p¨²blicos.

?nicamente la comunidad de Castilla-La Mancha parece haberse librado de momento de este incremento, que todos calificaron de muy preocupante, hasta el punto de que algunos ombudsmen, entre ellos el de Catalu?a, propusieron establecer alg¨²n tipo de limitaci¨®n en la aceptaci¨®n de quejas de funcionarios para evitar el colapso de la instituci¨®n y el monopolio de sus servicios por parte de este colectivo.