Una privatizaci¨®n bajo sospecha

, Cuando est¨¢ a punto de cumplirse un a?o desde que el juez Juan Francisco Ram¨ªrez Barroso iniciara las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas en la gesti¨®n de General Textil Espa?a, antigua Intelhorce, el caso entra en el Congreso de los Diputados. La comision, que se constituye hoy, estar¨¢ presidida or el diputado de CiU Jos¨¦ L¨®pez de Lerma y sus vocales ser¨¢n: Jos¨¦ Luis Centella, de IU-IC; Jos¨¦ Mar¨ªa Chiquillo, del grupo, Mixto; Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del grupo Popular; Pablo Izquierdo Ju¨¢rez, del grupo Popular; Paula Monz¨®n Su¨¢rez, del grupo Coalici¨®n Canaria; Jos¨¦ F¨¦lix S¨¢enz Lorenzo, del grupo Socia lista; Mar¨ªa Dolores S¨¢nchez L? pez, tambi¨¦n del. grupo Socialista y Jon Zabal¨ªa, del PNV. La comisi¨®n tratar¨¢ de depurar las responsabilidades pol¨ªticas en uno de los cap¨ªtulos m¨¢s oscuros de la turbulenta historia de la f¨¢brica malague?a: las condiciones en que s¨¦ vendi¨® a Benorbe y Benservice, sociedades presididas por el empresario italiano Giovanni Orefici, bajo cuya gesti¨®n se produjo un fort¨ªsimo proceso de descapitalizaci¨®n en el que, seg¨²n apreciaci¨®n del juez, se cometieron hasta nueve delitos.

Orefici y su principal colaboradores ahogado sevillano Jos¨¦ Manuel Mu?iz, permanecen en prisi¨®n desde el pasado 8 de marzo. Seg¨²n la denuncia que present¨® la Direcci¨®n General de Patrimonio del Estado, en apenas 1.000 d¨ªas las actuaciones de los nuevos gestores provocaron un "colapso absoluto" en la tesorer¨ªa de la f¨¢brica. Los informes de la Intervenci¨®n General del Estado sostienen que Orefici desvi¨® de Intelhorce de forma directa 4.278 millones y que le hizo perder otros 2.500 millones en operaciones de otras sociedades de su propiedad.

Benorbe y Benservice adquineron la f¨¢brica el 4 de agosto de 1989.en cond¨ªciones ventajosas. El precio de la venta, que nunca pagaron, se fij¨® en 2.000 millones y el Estado suscribi¨®. y desembols¨® el mismo d¨ªa de la transmisi¨®n una ampliaci¨®n- de capital de 5.869 millones, adem¨¢s de los 1.727 millones que ya hab¨ªa aportado mes y medio antes. El mismo d¨ªa de la firma de la escritura, los compradores utilizaron L800 millones del dinero recibido para contragarantizar el aval que el Estado le exigi¨® para cerrar la operaci¨®n.

En su defensa, Orefici y Mu?iz sostienen que fueron estafados por el Estado y acusan al Gobierno de haberles adjudicado "con prisas" una empresa que ten¨ªa un expediente abierto por la Com¨ª Sl¨®n Europea que, de hecho, se resolvi¨® con una condena que oblig¨® a devolver 4.409 millones de ayudas estatales. El exministro de Defensa Alberto Oliart, asesor es por¨¢dicode Intelhoree, ha reconocido que aconsej¨® a Orefici no realizar los pagos.

Altos cargos imputados

Mientras que lo ocurrido durante. la gesti¨®n privada seguir¨¢ siendo materia de investigaci¨®n reservada exclusivamente para el juez, la comisi¨®n parlamentaria intentar¨¢ averiguar dos cuestiones principales: c¨®mo se produjo la privatizaci¨®n y cu¨¢l fue la. actuaci¨®n del Gobierno una vez que los compradores empezaron a incumplir sus compromisos.

En el sumario del caso aparecen como imputados varios altos cargos de la administraci¨®n. Principalmente el ex presidente de Improasa, Jos¨¦ Miguel Moreno Garc¨ªa, acusado de haber cobrado una comisi¨®n de al menos 15 millones de pesetas para favorecer la venta a Benarbe y Benservice. Imptoasa fue la encargada de realizar el cuaderno de ventas y de buscar un comprador para Intelhorce. Sostiene el juez que Moreno Garc¨ªa -quien ha permanecido en prisi¨®n seis meses-, false¨®, los informes y actu¨® en connivencia con Orefici y Mu?iz.

La privatizaci¨®n de Intelhorce ofrece muchos aspectos oscuros. La oferta de Benorbe y Benservice era en efecto la m¨¢s favorable de las tres ofertas presentadas. Era la aportaci¨®n que exig¨ªa una menor aportaci¨®n estatal (7.596 millones), la ¨²nica que no planteaba una reducci¨®n de plantilla -la, f¨¢brica ten¨ªa entonces 1.500 empleados- y la que ofrec¨ªa algo m¨¢s. que un precio simb¨®lico por las acciones. La Intervenci¨®n del Estado aconsej¨® que se realizaran estudios m¨¢s detallados sobre la solvencia de los compradores, ya que Benorbe y Benservice s¨®lo ten¨ªan un capital social de 121 millones, no se dedicaban al sector textil y el principal accionista de Benorbe, Glendive International Limited, era una sociedad radicada en Gibraltar.

Seg¨²n el entonces director general, de Patrimonio, Francisco, Zambrana, estos informes se pidieron a Improasa. Entre los que se aportaron figuraba uno en italiano que nunca lleg¨® a traducirse, y jam¨¢s apareci¨® uno del Banco de Cr¨¦dito Industrial en el que se explicaba que ninguna de las dos empresas ten¨ªan tama?o ni fondos para hacer frente al desembolso, de capital al que se hab¨ªan comprometido. Otro de los factores. a favor de la oferta de Benorbe y Bensevice era el supuesto respaldo del grupo Benetton, seg¨²n reconoci¨® ante el juez el ex ministro de Econom¨ªa y Hacienda Carlos Solchaga. Poco despu¨¦s de la venta se demostr¨® que esta relaci¨®n era falsa.

La comisi¨®n podr¨ªa sacar a re lucir los casos de otras privatizaciones de los 80. Por sus trabajos de mediaci¨®n, Improasa cobr¨® a Patrimonio del Estado y tambi¨¦n a la empresa que iba a privatizarse, pr¨¢ctica que seg¨²n testimonios recogidos en el sumario era "habitual". Una intermediaria que trabaj¨® por encargo de Moreno arc¨ªa en Francia, Erika Trojman, reconoci¨® que cobr¨® una comisi¨®n de 15 millones por su mediaci¨®n para buscar omprador para, Intelhorce y que realiz¨® trabajos similares en el caso de algunas empresas del grupo Rumasa, entre ellas William and Humbert.

Recursos sin fondo

El poco cuidado de la Administraci¨®n llev¨® al juez a imputar malversaci¨®n y prevaricaci¨®n "por negligencia" al entonces director general del Patrimonio, Francisco Zambrana Chico, y, a su segundo, Miguel ?ngel Herrera Chamorro. Tambi¨¦n est¨¢ imputado por los mismos presuntos delitos el sucesor de Zambrana, Luis Alcaide, por la actuaci¨®n de Patrimonio una vez acabada la privatizaci¨®n.

A pesar de que los compradores no cumplieron con sus compromisos de pago ni de ampliaci¨®n de capital -el contrato les obligaba a desembolsar una de 2.000 millones-, Patrimonio sigui¨® aportando fondos p¨²blicos a la empresa. De los 5.869 millones aportados por el Estado en el momento de la venta, 1.869 eran de libre disposici¨®n, pero el resto deb¨ªan- entregarse en un programa de plazos en funci¨®n del cumplimiento de una serie de objetivos. Alcaide declar¨® en su d¨ªa ante el juez que los fondos se fueron liberando "de acuerdo con el contrato de compraventa", a pesar de que la otra parte lo hab¨ªa incumplido, y lo justific¨® porque las entregas eran a la empresa y no a los accionistas. Patrimonio admiti¨® que los fondos fueran a cubrir deudas, posibilidad no recogida en el contrato, "en, inter¨¦s por contribuir a la viabilidad de Intelhorce".

Adem¨¢s de la de Solchaga y de otros altos cargos de Econom¨ªa y Hacienda, el PP ha anunciado que pedir¨¢ que en la comisi¨®n comparezca el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, como presidente del Consejo de Ministros que aprob¨® la venta en 1989. Entre 1989 y 1992 Intelhorce acumul¨® p¨¦rdidas de 24.249 millones. En abril de 1992, el Estado se hizo cargo de nuevo de la gesti¨®n de la f¨¢brica y elabor¨® un plan de viabilidad que supuso la salida de 742 trabajadores y que acab¨® siendo ineficaz. En octubre de 1994 la empresa present¨® un expediente suspensi¨®n de pagos.