Un informe del Senado aconseja rigor a la 'comisi¨®n GAL' para no anular el sumario

La comisi¨®n GAL debe "extremar el rigor formal y material en el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias" para evitar que la investigaci¨®n del Senado "contamine" el sumario que instruye el Supremo.?sta es la principal recomendaci¨®n contenida en el informe jur¨ªdico sobre relaciones entre investigaci¨®n parlamentaria y actuaci¨®n judicial que el letrado de la comisi¨®n GAL, Benigno Pend¨¢s, ha elaborado a solicitud del presidente de la misma, Victoriano R¨ªos.

El informe explica en qu¨¦ consiste el riesgo de "contaminaci¨®n" del proceso penal que ha sido repetidamente esgrimido desde el PSOE para oponerse a la creaci¨®n de la comisi¨®n GAL. Se trata de que, en el curso de las indagaciones parlamentarias, se obtengan pruebas que sean incorporadas al sumario a. trav¨¦s del fiscal y que, por carecer de las debidas garant¨ªas (por ejemplo, los comparecientes ante la comisi¨®n carecen de asistencia letrada), "pueden incurrir en vicio [de nulidad] que, conlleve su ilicitud y arrastre tras de s¨ª a todo el proceso".

Frente a este "efecto perverso", el letrado aconseja extremar el rigor, pues, ni siquiera en el caso de que la comisi¨®n incurra "en una actuaci¨®n ilegal", se la puede obligar a paralizar sus trabajos.El informe defiende la plena compatibilidad entre la investigaci¨®n parlamentaria y la judicial, que ha sido "pac¨ªfica hasta el momento", ya que la primera tiene como objetivo realizar "una valoraci¨®n o apreciaci¨®n pol¨ªtica de los hechos", mientras que la segunda se limita a "aplicar el Derecho

"No est¨¢ prohibido iniciar una investigaci¨®n parlamentaria sobre asuntos que se encuentran sub iudice, ni debe interrumpirse aqu¨¦lla por causa de actuaciones judiciales ulteriores", argumenta el letrado, que cita como antecedentes las comisiones sobre los casos Rubio y Rold¨¢n del Congreso.

No obstante, advierte que "la discrepancia en la pr¨¢ctica" entre la comisi¨®n parlamentaria y el juez "ofrece una dif¨ªcil soluci¨®n jur¨ªdica en virtud del vac¨ªo normativo existente", que s¨®lo se puede cubrir recurriendo a la Constituci¨®n y la independencia y colaboraci¨®n entre poderes del Estado. La ¨²nica discrepancia concreta se produjo en la comisi¨®n Rubio, cuando el Congreso llam¨® a Manuel de la Concha, que se encontraba en prisi¨®n preventiva, y el juez se opuso a que saliese de la c¨¢rcel para declarar, pero el conflicto "se solvent¨® poco despu¨¦s por razones de hecho", ya que obtuvo la libertad condicional.

Aunque finalmente no se ha planteado, el informe analiza la posibilidad de consultar al juez que instruye el caso

Eduardo M¨®ner, antes de cita; a los inculpados en el caso GAL, que fue barajada por el PSOE, CiU y PNV en conversaciones previas a la constituci¨®n de la comisi¨®n.

Esta "consulta al ¨®rgano jurisdiccional", seg¨²n el letrado,. no es posible legalmente, ya que "no hay f¨®rmula alguna para la emisi¨®n de dict¨¢menes, de car¨¢cter consultivo y no vinculante", por parte de los jueces. "Aunque sea muy relevante en la pr¨¢ctica la opini¨®n de un juez o tribunal sobre un asunto concreto, ¨¦sta no podr¨ªa nunca ser transmitida a la C¨¢mara", advierte.