Los campus canarios, enfrentados al gobierno auton¨®mico

, Las dos universidades canarias y la Consejer¨ªa de Educaci¨®n auton¨®mica mantienen desde hace meses un pulso en torno al contenido final del denominado Contrato-Programa, o lo que es lo mismo, las medidas que al amparo de la Ley de Plantillas y Titulaciones Universitarias aprobada el 6 de abril del pasado a?o, deber¨¢n garantizar la financiacion que el Ejecutivo auton¨®mico destinar¨¢ en los pr¨®ximos tres a?os a ambas universidades, as¨ª como la plantilla docente, la oferta de titulaciones, el nivel de calidad, la investigaci¨®n o la gesti¨®n econ¨®mico-administrativa de ambos centros, entre otras.Con una duraci¨®n de tres a?os, este Contrato-Programa deb¨ªa haber entrado en vigor el pasado 1 de enero, pero las sucesivas reuniones entre las partes implicadas y las consiguientes modificaciones de los borradores propuestos por la Consejer¨ªa a trav¨¦s de la Direcci¨®n General de Universidades de Canarias, han dado al traste con el calendario previsto y creado un clima de discordia tal, que ha propiciado incluso serias contradicciones entre algunos socios de Coalici¨®n Canaria (actualmente en el Gobierno de las islas).

A mediados del pasado mes de noviembre, los rectorados de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria decid¨ªan unirse, hecho considerado "hist¨®rico" teniendo en cuenta las guerras fratricidas del pasado reciente entre ambos campus por considerar inaceptables los puntos del documento presentado en ese momento por la consejer¨ªa, a la qu¨¦ acusaban de "estar vulnerando el principio de autonom¨ªa universitaria en su pretensi¨®n de gestionar las n¨®minas del personal, as¨ª como de controlar los convenios y trabajos de investigaci¨®n".

"El primer borrador era totalmente inaceptable", explica Pablo Saavedra, vicerrector de Ordenaci¨®n Acad¨¦mica y Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, "la Consejer¨ªa pretend¨ªa crear una comisi¨®n de seguimiento para controlar la vida universitaria; se trataba en la pr¨¢ctica de suplantar a los Consejos Sociales. Nos opusimos, puesto que era evidente la vulneraci¨®n impl¨ªcita de la LRU".

Distintos sectores sociales coincidieron entonces con el punto de vista de ambos rectorados. Tanto fue as¨ª que el anterior consejero de Educaci¨®n, Juan Manuel Garc¨ªa Ramos, hoy diputado de Coalici¨®n Canaria y por tanto socio pol¨ªtico del actual responsable de Educaci¨®n, Jos¨¦ Mendoza, admiti¨® p¨²blicamente que aquel borrador pudiera incurrir en "injerencias" en la autonom¨ªa universitaria.

Ante la protesta, la consejer¨ªa retrocede y accede a entablarnuevas negociaciones. Modificados algunos. aspectos, (ahora s¨ª con la participaci¨®n de las juntas de gobierno universitarias), la consejeria ofrece un,nuevo borrador en el que incluye un apartado, el relativo al personal, que no fue aceptado por la universidad de Las Palmas pero s¨ª en cambio, por la universidad de La Laguna, produci¨¦ndose una nueva fractura entre los dos centros de ense?anza superior.

Tras muchos dimes y diretes y cuando ambas universidade carec¨ªan estar en condiciones de aceptar una nueva propuesta, ha surgido otro obst¨¢culo que coloca a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n ante un conflicto del que, seg¨²n su titular, Jos¨¦ Mendoza, debe responder el Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia: la homologaci¨®n de los sueldos del profesorado universitario con el resto de los funcionarlos del Gobierno aut¨®nomo.

Seg¨²n un estudio realizado por un profesor de la universidad de Las Palmas, un catedr¨¢tico de universidad en Canarias gana casi 70.000 pesetas brutas al mes menos que un Jefe de Servicio de nivel 28 de la Administraci¨®n auton¨®mica. Los datos han sido in ¨¢s que suficientes para colocar en el disparader¨® el terna de la homologaci¨®n y dar al traste Con la rirma del Contrato-Programa.

La consejeria responde que no es de su competencia sino del Estado central la Junta de Gobierno de la universidad de Las Palmas aplaza la firma hasta finaJes de este mes, y, entre tanto, el profesorado de la universidad de La Laguna fue convocado a una huelga, secundada los pasados d¨ªas 19 y 22 de enero, para exigir la homologaci¨®n.

La firma del Contrato-Programa se ve as¨ª aplazada sine die y la Consejer¨ªa de Educacion emplaza al Estado a trav¨¦s del Ministerio de Educaci¨®n para que tome cartas en el asunto. El Ministerio, por su parte, considera que no puede intervenir porque Canarias es una comunidad con plenas competencias en materia de pol¨ªtica universitaria.