El ex ministro intent¨® en 1987 que se suspendiera en el cargo a los diputados procesados por terrorismo

El entonces ministro de Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, no pod¨ªa imaginar en 1987 que alg¨²n d¨ªa ser¨ªa procesado por un presunto delito de "relaci¨®n con banda armada". De sospecharlo, no habr¨ªa intentado seguramente que los acusados de estos delitos que ocuparan cargos p¨²blicos, incluidos los diputados, fueran autom¨¢ticamente suspendidos en el ejercicio de los mismos cuando existiera contra ellos un auto de procesamiento firme. As¨ª lo dispon¨ªa el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno aprob¨® el 20 de noviembre de 1987 y que, para fortuna de Barrionuevo, el Congreso enmend¨®, a?adiendo al procesamiento otro requisito: la prisi¨®n preventiva.

De haber prosperado la tesis que defendi¨® Barrionuevo, ¨¦l mismo estar¨ªa hoy a un paso de verse privado de sus derechos y deberes como parlamentario.El vigente art¨ªculo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que los acusados de terrorismo contra los que exista un auto de procesamiento firme ser¨¢n autom¨¢ticamente suspendidos en el ejercicio de la funci¨®n o cargo p¨²blico que ostenten siempre que se encuentren en prisi¨®n preventiva y mientras ¨¦sta se prolongue.

En consecuencia, para que Barrionuevo sea suspendido como diputado hace falta, primero, que el auto de procesamiento adquiera firmeza, mediante la desestimaci¨®n de los correspondientes recursos, y luego, que el juez decrete su prisi¨®n preventiva, lo que hasta ahora ha descartado imponi¨¦ndole la libertad bajo fianza.

No era ¨¦sta, sin embargo, la redacci¨®n del citado art¨ªculo en el proyecto de ley que el Consejo de Ministros remiti¨® a las Cortes en diciembre de 1987.

En su elaboraci¨®n tuvo un papel destacado el propio Barrionuevo, responsable de las conversaciones secretas que mantuvo el Gobierno con la oposici¨®n para consensuar la legislaci¨®n antiterrorista.

El Ejecutivo pretend¨ªa que bastara con el procesamiento firme para suspender a los cargos p¨²blicos relacionados con bandas armadas y fue la ponencia de la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso la que introdujo como condici¨®n suplementaria la prisi¨®n preventiva.Ley Antiterrorista

El art¨ªculo 22 de la Ley Antiterrorista de diciembre de 1984 se?alaba que los procesados en firme por terrorismo quedaban autom¨¢ticamente suspendidos como cargos p¨²blicos.

Este art¨ªculo decay¨® al transcurrir dos a?os desde su entrada en vigor sin que las Cortes lo prorrogaran. A finales de 1987, cuando el Gobierno aprob¨® sendos proyectos de reforma del C¨®digo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sustituyeron ala Ley Antiterrorista incorporando algunos de sus preceptos a la legislaci¨®n ordinaria, resucit¨® la suspensi¨®n de los cargos p¨²blicos procesados por terrorismo.

El hecho de que no estuviera en vigor entre enero de 1987, cuando decay¨® el art¨ªculo 22, y mayo de 1988, cuando empez¨® a regir el 384 bis, impidi¨® al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre su contenido, en la sentencia sobre la Ley Antiterrorista que hizo p¨²blica en diciembre de 1987, derogando cuatro de sus apartados. Pese a ello, destacados juristas cuestionaron la constitucionalidad de esta norma, incompatible con el principio de presunci¨®n de inocencia.

"Todo auto de procesamiento se basa en un juicio de probabilidad o en indicios racionales de culpabilidad, pero en nada m¨¢s, y el art¨ªculo 384 bis ignora algo tan importante como que cualquier auto de procesamiento puede finalizar en sobreseimiento o sentencia y ¨¦sta puede ser condenatoria pero tambi¨¦n absolutoria".

Estas palabras, que hoy sin duda suscribir¨ªa Barrionuevo, las pronunci¨® el 11 de febrero de 1988 en el Congreso alguien tan cr¨ªtico con el ex ministro de Interior como el diputado de Eusko Alkartasuna Joseba Azk¨¢rraga y fueron apoyadas por Nicol¨¢s Sartorius, de Izquierda Unida, y Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, de Euskadiko Ezkerra.

El PSOE, con el ¨²nico respaldo de Coalici¨®n Popular (hoy PP), sac¨® adelante el art¨ªculo, suavizado con el requisito de la prisi¨®n preventiva para acallar las cr¨ªticas. Se trataba, adem¨¢s, de hacerlo compatible con el Reglamento del Congreso, de febrero de 1982, cuyo art¨ªculo 21 se?ala que "el diputado quedar¨¢ suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios [ ... ] cuando, concedida por la C¨¢mara la autorizaci¨®n objeto del suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situaci¨®n de prisi¨®n preventiva y mientras dure ¨¦sta".

De hecho, la ley Antiterrorista remit¨ªa a los reglamentos de las C¨¢maras en lo relativo a los parlamentarios, mientras que la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal no diferencia entre cargos p¨²blicos.

La versi¨®n del Gobierno ampliaba a los parlamentarios el tratamiento previsto para otro s cargos p¨²blicos; mientras que el Parlamento extendi¨® a todos los cargos p¨²blicos lo previsto hasta entonces para los parlamentarios.