?Es adecuada la dimensi¨®n de la Administraci¨®n del Estado?

IU tambi¨¦n se alinea con los socialistas en la pol¨¦mica sobre altos cargos que el PSOE sostiene con el PP desde hace varias legislaturas. El PP ha acusado al PSOE de haber aumentado desaforadamente los altos cargos de la Administraci¨®n. El PP afirma que, si se tienen en cuenta los escalones superiores de la funci¨®n p¨²blica, del nivel 28 al nivel 30 (el m¨¢ximo), desde 1982 a hoy se ha pasado de 1.800 puestos a 8.000. El PP cree que puede reducir m¨¢s de 6.000 de esos cargos. Y define en sentido estricto a los altos cargos como "los de director general y asimilados para arriba". Pero a?ade que "hay una zona de sombras en la que entrar¨ªan el personal eventual de confianza de los gabinetes y cuantos con nivel equivalente al de subdirector general son nombrados de manera discrecional".El PSOE siempre ha replicado que en esa cifra incluye los niveles 28 a 30, que no son altos cargos pol¨ªticos sino administrativos. IU coincide en esta posici¨®n. La coalici¨®n considera que el n¨²mero de altos cargos es de 359 (s¨®lo desde el presidente del Gobierno hasta directores generales). Y tambi¨¦n insiste en que la Administraci¨®n tiene un tama?o relativamente reducido de altos cargos (ministros o secretarios de Estado) respecto a la UE: por debajo de Alemania, Reino Unido e Italia. Espa?a ha reducido sus altos cargos desde 1990, de 401 a 359, seg¨²n el PSOE.

Los acuerdos del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, de 1992 y 1995, para reducir el d¨¦ficit de las comunidades aut¨®nomas -que ascend¨ªa a m¨¢s de 3,3 billones en 1995- encuentran la respuesta m¨¢s tajante en el PP. Este partido cree insuficiente el pacto de austeridad suscrito por el Gobierno socialista y las instituciones territoriales, que pretende afrontar un recorte de casi un 69,1% hasta 1997 en relaci¨®n con las cifras de 1994. Es m¨¢s. Pone en duda el propio pacto. Manuel N¨²?ez, del PP, propone otro con todas las administraciones "para reducir el d¨¦ficit p¨²blico" en l¨ªnea con su programa electoral. ?ste no es MUY preciso. Pero, eso s¨ª, propone la reducci¨®n de gastos corrientes.IU se muestra m¨¢s moderada que el PP. Enrique Ortega admite que el pacto ha supuesto un avance en la reducci¨®n de la deuda, aunque insuficiente. Propone cambiar la estructura del sistema de financiaci¨®n para ir haciendo descender la parte de subvenci¨®n y aumentar la que tiene naturaleza fiscal, con la salvaguardia del principio de solidaridad.

Los socialistas creen que se trata de que el Gobierno y las administraciones auton¨®micas cumplan el pacto de austeridad para ir adecu¨¢ndolo a los criterios de la Uni¨®n Monetaria y a la evoluci¨®n de la econom¨ªa espa?ola.

CiU y PNV coinciden en la necesidad del pacto de austeridad, con la vista puesta en los objetivos de Maastricht. CiU propone tambi¨¦n aumentar la supresi¨®n de organismos innecesarios, reduciendo a¨²n m¨¢s los gastos corrientes.

La sensaci¨®n existente en la calle de que las administraciones auto n¨®micas han reproducido el es quema de la Administraci¨®n central, incluidos sus errores, es ratificada por los partidos. El PP es el m¨¢s rotundo, aunque luego matiza. Su dirigente Manuel N¨²?ez cree que ese mimetismo puede ser positivo cuando se trata de unificar ciertas pol¨ªticas, como en materia de retribuciones, de carrera profesional o de control del gasto; pero puede resultar negativo y costoso si acarrea duplicidad de estructuras, de medios y esfuerzos. IU tambi¨¦n cree que hay mimetismo. Enrique Ortega ve cierto paralelismo entre las estructuras departamentales de las comunidades aut¨®nomas (las consejer¨ªas) y las del Estado. Tambi¨¦n cree que hay un desarrollo auton¨®mico desordenado y heterog¨¦neo que provoca la tendencia a confundir necesidades organizativas con clientelismo pol¨ªtico.

CiU. opina igualmente que se reproducen los esquemas y eso lo atribuye al proceso inicial de construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas, que provoc¨® que, como consecuencia de los traspasos de ¨®rganos y personal procedentes de una Admistraci¨®n ya creada, se tendiera a una f¨®rmula similar. La coalici¨®n opina que la legislaci¨®n estatal b¨¢sica en materia de funci¨®n p¨²blica tambi¨¦n ha contribuido a una excesiva homogeneizaci¨®n en el funcionamiento general de las administraciones.

El PNV considera que no puede generalizarse. Ricardo Gatxagaetxeberr¨ªa dice que en unos casos se ha trasplantado el esquema organizativo de la Administraci¨®n central; y en otros, no. En cualquier caso, existe una competencia plena de organizaci¨®n de las comunidades que pueden ejercerla para acogerse al modelo que consideren m¨¢s adecuado, insiste el dirigente nacionalista.

S¨®lo responde de manera rotunda IU, aunque todos reconocen que el problema est¨¢ apuntado en los estatutos de Andaluc¨ªa y Extremadura. Enrique Ortega, de IU, cree que este problema se ha agudizado al no haberse utilizado debidamente los instrumentos redistributivos de la LOFCA (ley org¨¢nica de financiaci¨®n auton¨®mica) y al dispararse las desigualdades regionales. Incluso propone una f¨®rmula: aumentar en cuatro a?os el Fondo Interterritorial hasta el 45% de las inversiones del Estado (ahora es un m¨ªnimo del 30%). Adem¨¢s, IU defiende un Fondo de Solidaridad para afrontar los gastos corrientes.Manuel N¨²?ez, del PP, es menos rotundo. No obstante, apoya el desarrollo de la disposici¨®n adicional segunda de ambos estatutos -la que se refiere a la deuda hist¨®rica de Extremadura y Andaluc¨ªa- y admite la existencia de esa obligaci¨®n. Pero, a rengl¨®n seguido, generaliza el fen¨®meno a otras comunidades.

Los socialistas califican de "ambiguo" el concepto de deuda hist¨®rica, aunque admiten que los estatutos hacen alguna referencia a ella y que ¨¦stos, como la LOFCA, han dise?ado los oportunos mecanismos correctores para evitar las desigualdades. Tambi¨¦n creen que esta pol¨¦mica tiene car¨¢cter electoral.

Ricardo Gatxagaetxeberr¨ªa, del PNV, opina que por la v¨ªa de la corresponsabilizaci¨®n fiscal se puede afrontar el problema de una "deuda hist¨®rica" que s¨ª reconoce.