Los extranjeros rechazan abonar dos millones por mantener la residencia fiscal en Andorra
La pretensi¨®n del Gobierno de Andorra de cobrar tasas anuales de un mill¨®n de pesetas, m¨¢s un dep¨®sito de otro mill¨®n, a los extranjeros que tienen residencia fiscal en el pa¨ªs ha provocado la oposici¨®n frontal de este colectivo, formado mayoritariamente por ciudadanos espa?oles, franceses y brit¨¢nicos. "No es constitucional" afirm¨® Modest Mayoral, secretario de la Asociaci¨®n de Residentes en Andorra (ARA), que agrupa a un millar de residentes extranjeros, en su mayor¨ªa espa?oles, En parecidos t¨¦rminos se manifest¨® Joan Pujol, presidente de la Asociaci¨®n de Residentes Franceses. Y a?adi¨®: "La ley no puede ser retroactiva para los que ya tienen reconocida la residencia fiscal".
El Gobierno envi¨® la semana pasada al Consell General (Parlamento) un proyecto de ley que prev¨¦ abrir las puertas del pa¨ªs a 600 nuevos residentes fiscales extranjeros hasta junio de este a?o. Esta decisi¨®n trata de resolver una lista de espera cifrada en torno al medio millar de personas. El Ejecutivo andorrano no concede nuevas residencias fiscales desde agosto de 1992.El Gobierno andorrano -que no tiene mayor¨ªa parlamentaria y deber¨¢ pactar con la oposici¨®n para sacar adelante su propuesta- ha declinado hacer declaraciones sobre las nuevas medidas que ha propuesto.
Las autoridades del pa¨ªs no facilitan datos sobre el n¨²mero de residentes fiscales extranjeros, pero fuentes financieras calculan que hay unas 8.000 personas en esta situaci¨®n. Las asociaciones de residentes extranjeros reducen el n¨²mero hasta 5.000, en funci¨®n de sus propios asociados, aunque no todos lo est¨¢n.
Artistas y jubilados
Andorra tiene 60.000 habitantes, de los que la mitad son trabajadores no andorranos. La mayor¨ªa de extranjeros que han logrado la residencia fiscal en el pa¨ªs son deportistas, artistas y jubilados.
El representante de la asociaci¨®n que agrupa a residentes espa?oles se queja de que el Gobierno no les haya consultado estas medidas. Mayoral a?ade que deben ser aplicadas a todos los habitantes del pa¨ªs o a ninguno. "Ya pagamos por la sanidad y no Podemos trabajar ni tener negocios"., "Pagar ahora un impuesto por residencia fiscal vulnera al art¨ªculo 37 de la Constituci¨®n", asegura. Este art¨ªculo, titulado De los deberes de los andorranos y los extranjeros, indica: "Todas las personas f¨ªsicas contribuir¨¢n a los gastos p¨²blicos seg¨²n su capacidad econ¨®mica mediante un sistema fiscal justo ( ... ) fundamentado en los principios de generalidad y de distribuci¨®n equitativa de las cargas fiscales". Adem¨¢s, a juicio del secretario de la ARA, Ia propuesta del Gobierno no respeta los derechos de los ya residentes".
Una fuente de la oposici¨®n que pidi¨® no ser citada afirm¨® que su grupo se tomar¨¢ tiempo para estudiar las medidas, pero anticip¨® que, en su opini¨®n, "lo normal es que los nuevos requisitos no deban afectar a los ya residentes".
El presidente de la Asociaci¨®n de Residentes Franceses cree que no queda clara "la situaci¨®n de los extranjeros que ahora tienen negocios en Andorra y utilizan un testaferro [conocidos como prestanoms] como titular del negocio".
Los extranjeros necesitan 20 a?os de residencia en el pa¨ªs para tener un negocio en propiedad. "Hay mucha gente en esta situaci¨®n y existe la duda de c¨®mo quedar¨¢n ahora",, dice Pujol. Las fuentes consultadas afirman que los andorranos. cobran de 300.000 a 400.000 pesetas al a?o por aportar su nombre como titular de un negocio.
Un experto fiscal califica as¨ª la pretensi¨®n del Gobierno: "Es dar una soluci¨®n a la larga lista de espera de personas que quieren la residencia fiscal, pero pagando". "Muchos residentes tendr¨¢n que hacer cuentas para ver si les interesa pagar un mill¨®n cada a?o".
El Ejecutivo andorrano, a cuyo frente se encuentra Marc Forn¨¦, ha previsto varios tipos de situaciones. Por una parte, quiere empezar a cobrar a partir de este a?o por los nuevos permisos de residencia fiscal. Y por otra, pretende que quienes ya la tienen reconocida empiecen a pagar a partir del a?o 1999.El dep¨®sito de un mill¨®n de pesetas ser¨ªa recuperable al abandonar la residencia fiscal, aunque las autoridades se reservan la posibilidad de descontar de aquella cifra las cantidades que se adeuden a la Administraci¨®n.
Los jubilados que ya tienen la residencia fiscal quedar¨ªan exentos de estas medidas y los que la obtengan a partir de ahora deber¨ªan cumplir s¨®lo con el requisito del dep¨®sito. Fuentes consultadas afirman que: la exclusi¨®n del colectivo de jubilados puede obedecer al deseo de mantener activo el sector inmobiliario, que se nutre en gran parte de ¨¦stos y de los trabajadores extranjeros.
Andorra est¨¢ considerado por el Gobierno espa?ol un "para¨ªso fiscal". En un informe que realiz¨® en 1991, el Ministerio de Econom¨ªa y Hacierida espa?ol calific¨® as¨ª al pa¨ªs pirenaico junto a otras 47 naciones. Andorra es un pa¨ªs con pocos impuestos. Sus residentes no pagan impuesto sobre la renta ni sobre sociedas. Los rendimientos de las cuentas bancarias no tienen retenci¨®n y tampoco tributan, pero los extranjeros con res?dencia fiscal deben pagar impuestos en su pa¨ªs por todos los ingresos que obtienen all¨ª. La Administraci¨®n obtiene la mayor parte de sus ingresos de los impuestos que gravan las importaciones, el consumo y la construcci¨®n de viviendas.
Las condiciones para tener derecho a la residencia fiscal son: acreditar que se vive al menos 183 d¨ªas al a?o en el pa¨ªs, disponer de vivienda propia o en alquiler, justificar que se tienen ingresos para residir "sin ejercer ninguna actividad laboral o profesional y tener contratado un seguro de enfermedad, invalidez o vejez". El permiso podr¨¢ ser anulado por faltas de orden p¨²blico, impago de cuotas o ejercer una actividad remunerada.
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