CiU estudia plantear un "pacto fiscal" bilateral

Un sector de Converg¨¨ncia Uni¨® (CIU) quiere reclamar del futuro Gobierno la cesi¨®n de un tramo sustancial del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (hasta el 00%, seg¨²n algunas fuentes), otorgando a las autonom¨ªas capacidad normativa plena sobre el mismo. La coalici¨®n est¨¢ estudiando la viabilidad de plantear un cambio radical del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica que propon¨ªa en su programa electoral, que se limitaba a reclamar el incremento del porcentaje de participaci¨®n sobre el rendimiento de ese impuesto del 15% actual hasta el 30%, y extender la participaci¨®n al 30% del IVA y de los impuestos especiales. La f¨®mula supondr¨ªa un "pacto fiscal" bilateral entre la comunidad aut¨®noma que reclame ese mecanismo y la Administraci¨®n.El Partido Popular tambi¨¦n trabaja en un nuevo modelo de corresponsabilidad fiscal. Pero lo que propone el partido de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar es que el Gobierno central y las autonom¨ªas se limiten a compartir la tarifa del IRPF. El PP pretende que exista una tarifa que implicar¨ªa la Administraci¨®n central y otra, diferente aunque complementaria, decidida por los gobiernos aut¨®nomos. Se descarta un sistema similar para el IVA por dificultades t¨¦cnicas. La decisi¨®n que finalmente se adopte ser¨¢ clave para el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, que debe entrar en vigor el 1 de enero del a?o que viene.

Las fuentes de CiU consultadas reh¨²yen los t¨¦rminos "concierto" y "cupo", y prefieren hablar de "pacto fiscal", pero la f¨®rmula en estudio, aunque limitada a un solo impuesto, supondr¨ªa transferir al Estado una cantidad para los gastos comunes, como ocurre con el Pa¨ªs Vasco y Navarra, en el supuesto de que el tramo cedido fuera la totalidad del IRPF. Este "pacto fiscal" ser¨ªa bilateral, porque no pasar¨ªa por el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera. La pol¨ªtica auton¨®mica -y, dentro de ella, la financiaci¨®n de la Generalitat- es el n¨²cleo de las cuestiones que CIU quiere negociar con el PP para un hipot¨¦tico acuerdo.

La cesi¨®n de un tramo del IRPF otorgar¨ªa a las comunidades aut¨®nomas que se acojan a esa f¨®rmula un alto grado de autonom¨ªa financiera y de inmediatez en los ingresos. En la actualidad es el Estado el que recauda y luego reparte, a menudo con demoras, entre las autonom¨ªas.

Los retrasos en las transferencias procedentes del Estado obligan a los gobiernos aut¨®nomos a endeudarse para hacer frente a los pagos. Y la participaci¨®n actual en el rendimiento del IRPF apenas premia el esfuerzo fiscal. Como adem¨¢s se les otorgar¨ªa capacidad normativa plena, los parlamentos de cada autonom¨ªa podr¨ªan modular la presi¨®n fiscal del tramo cedido, alcanz¨¢ndose una verdadera corresponsabilizaci¨®n fiscal.

En 1995, el IRPF recaudado en Catalu?a ascendi¨® a 1,102 billones de pesetas, un 23% del total recaudado en el Estado (4,883 billones). Las transferencias del Estado a Catalu?a en ese mismo ejercicio, que ser¨ªan sustituidas total o parcialmente seg¨²n fuera el tramo cedido del IRPF, ascend¨ªan a 395.000 millones (de acuerdo con el presupuesto de la Generalitat para 1995). Esa cifra no incluye las transferencias para financiar los servicios sanitarios de la Seguridad Social (530.385 millones) y los servicios asistenciales de la misma (17.138 millones).

Libro Blanco

Los responsables del PP basan su proyecto en un Libro Blanco sobre corresponsabilidad fiscal presentado a mediados del pasado a?o por un grupo de expertos encabezado por el primer secretario de Estado del Gobierno socialista, Jos¨¦ V¨ªctor Sevilla. Este informe fue encargado por el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera -formado por la Administraci¨®n central y consejerosde Hacienda de las autonom¨ªas- con el objetivo de dar una soluci¨®n general al deseo de los gobiernos regionales de tomar parte activa en la pol¨ªtica fiscal. Al mismo tiempo, el Gobierno central quiere descargarse del coste pol¨ªtico que comporta recaudar impuestos cuando ¨¦stos van destinados en buena parte a las autonom¨ªas, cuyo papel es m¨¢s agradecido, ya que aparecen s¨®lo como prestadoras de servicios.Los expertos se?alan como un camino a seguir el de los impuestos compartidos, y se definen a favor de aplicar este sistema tanto al IRPF como al IVA, a los impuestos especiales (gravan el consumo de bebidas, tabaco y gasolinas) y al impuesto sobre el patrimonio, sucesiones, actos jur¨ªdicos documentados y tasas de juego. Fuentes de CiU reconocen que resultar¨ªa t¨¦cnicamente muy complicada la cesi¨®n del IVA y de los impuestos especiales.

El PP coincide con el modelo de los expertos, pero s¨®lo quiere "compartir" en un primer momento el IRPF, por las dificultades que ello representar¨ªa en un impuesto como el IVA: su aplicaci¨®n se produce en una cadena -desde la producci¨®n hasta el consumo final- que normalmente atraviesa varios territorios.

Compartir el IRPF, sea en el porcentaje que sea, supondr¨ªa dar un giro radical respecto del actual sistema de cesi¨®n del 15%, un ensayo de corresponsabilidad fiscal que se aplic¨® por primera vez en el a?o 1994 y que estar¨¢ en vigor por ¨²ltima vez en 1996, seg¨²n lo previsto.

La diferencia fundamental es que, en el IRPF compartido por las autonom¨ªas que propone el PP, ¨¦stas tienen capacidad para fijar sus tipos impositivos mediante una tarifa propia, mientras que la cesi¨®n del IRPF es un c¨¢lculo aritm¨¦tico de reparto que prima, con unos l¨ªmites muy estrechos, el esfuerzo fiscal en un territorio y garantiza un m¨ªnimo en el caso de una ca¨ªda de recaudaci¨®n.

La propuesta de un IRPF compartido implica, en primer lugar, el establecimiento de dos tarifas distintas, una correspondiente a la Administraci¨®n central y otra a la auton¨®mica. Los tipos impositivos de la tarifa central deber¨ªan rebajarse en tantos puntos porcentuales como decidiese aplicar la autonom¨ªa. Un primer escenario podr¨ªa ser que la comunidad quisiera aplicar un tipo fijo de, por ejemplo, un 5%; en ese caso, el tipo m¨¢ximo del IRPF central pasar¨ªa del 56% actual al 51 %. Si la autonom¨ªa optase por un tipo progresivo (gravar m¨¢s cuanto mayores son los ingresos declarados) del 15%, su tipo m¨¢ximo deber¨ªa quedar en el 8,40%, y el de la Hacienda central, en el 47,6%; es decir, el 85% de los tipos actuales.

Cada autonom¨ªa tendr¨ªa capacidad de decidir, dentro de un margen que en un principio deber¨ªa ser general para todas, si reduce o lleva al l¨ªmite sus posibilidades recaudatorias. Tambi¨¦n podr¨ªa aumentarlas, ya que la ley de financiaci¨®n de las autonom¨ªas permite el establecimiento de recargos.

La Comunidad de Madrid, bajo el mandato del socialista Joaqu¨ªn Leguina, fue la primera en aplicar un recargo en el IRPF, aunque luego lo desestim¨® por recomendaci¨®n del presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez. Una sentencia del Tribunal Constitucional declar¨® procedentes los recargos, si bien ninguna autonom¨ªa los ha aplicado a¨²n. El PP no quiere, igualmente, que su propuesta implique una mayor presi¨®n fiscal para los contribuyentes.

El nuevo modelo incluye, eso s¨ª, la posibilidad de que las autonom¨ªas puedan adoptar decisiones sobre las deducciones que se aplican al impuesto, aunque en un primer momento se recomienda que ¨¦stas se apliquen en la tarifa central. Por tanto, su capacidad normativa se limitar¨ªa al establecimiento de los tipos.

La presi¨®n fiscal te¨®rica no se ver¨ªa as¨ª afectada por el nuevo sistema, ya que en conjunto, los contribuyentes deber¨ªan pagar lo mismo y presentar¨ªan una sola declaraci¨®n, aunque m¨¢s complicada. Otra cuesti¨®n es que el contribuyente se anime a declarar mejor sus impuestos cuando en su declaraci¨®n vea que su esfuerzo fiscal redunda en los servicios que le presta su comunidad. Ahora no sucede as¨ª, ya que las comunidades aut¨®nomas se financian fundamentalmente con los impuestos que se pagan en todo el Estado, siendo la Administraci¨®n central quien los recibe y luego se encarga de repartirlos. Con el proyecto del PP, las autonom¨ªas participar¨ªan muy directamente en la Agencia Tributaria y se implicar¨ªan m¨¢s en la lucha contra el fraude.

El problema que plantea este modelo de impuestos compartidos es que las comunidades ricas lo ser¨ªan cada vez m¨¢s -por los mayores impuestos que pagan sus ciudadanos- y con las pobres suceder¨ªa lo contrario. Ahora este efecto se diluye porque se hace una caja com¨²n con todos los impuestos recaudados -salvo los cedidos a las autonom¨ªas- y el Estado los distribuye de acuerdo con unos criterios que suavizan las desigualdades.

Para cubrir un cierto grado de solidaridad interregional, la propuesta del PP de impuestos compartidos se completa con un sistema de transferencias de nivelaci¨®n. ?stas se efectuar¨ªan con cargo a lo que obtenga la Administraci¨®n central y a los excesos de recaudaci¨®n de las autonom¨ªas sobre sus competencias. Con ello se cubrir¨ªan las necesidades de gasto de las autonom¨ªas con menos riqueza y, por tanto, con menos recaudaci¨®n.