CGPJ, unas siglas

EL CASO Pascual Estevill ha hecho saltar por los aires al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con la dimisi¨®n de cuatro (le sus vocales, en protesta por la continuidad en el cargo de un vocal sospechoso de corrupci¨®n, la instituci¨®n ha quedado pr¨¢cticamente reducida a sus siglas e incapaz de llevar a cabo sus cometidos m¨¢s importantes, entre ellos, la provisi¨®n de las plazas vacantes de magistrados del Tribunal Supremo. Esas dimisiones, junto a las de dos vocales m¨¢s por motivos distintos y otras anteriores no cubiertas, ha dejado al Consejo con s¨®lo 11 de sus 21 miembros, es decir, sin qu¨®rum suficiente para reunirse en pleno y mutilado hasta el extremo de s¨®lo. poder decidir asuntos de tr¨¢mite y car¨¢cter urgente.El Consejo judicial se halla en una situaci¨®n de pat¨¦tica par¨¢lisis. De la que su presidente, Pascual Sala, ha informado a los reci¨¦n elegidos presidentes del Congreso y del Senado. A sus propios males, el Consejo a?ade otros que le son ajenos. El principal es el r¨¦gimen de interinidad a que le suele someter el Parlamento cada vez que concluye el mandato de cinco a?os de sus miembros. La interconexi¨®n de unos y otros males termina por agravar todos.

Es lo que ha sucedido con el estallido del caso Pascual Estevill en momentos en que el Consejo est¨¢ pendiente de renovaci¨®n. La mezcla ha resultado explosiva. La incapacidad que ha demostrado el CGPJ para resolver correctamente este caso forma parte de los males propios. Se trata de destituir a un vocal denunciado por actuaciones irregulares sistem¨¢ticas en el ejercicio de su cargo, al que se imputan, adem¨¢s, delitos de prevaricaci¨®n y fraude fiscal relacionados con su etapa de juez. Y para ello no eran exigibles pruebas de car¨¢cter penal, como interesadamente ha mantenido el grupo de vocales adscritos a la l¨ªnea conservadora -muy especialmente el vicepresidente del Consejo, Jos¨¦ Luis Manzanares- con el fin de bloquear el cese de un vocal considerado de los suyos.

El esc¨¢ndalo Estevill es institucional y pol¨ªtico y como tal deber¨ªa haber sido resuelto, porqu¨¦ de sus problemas penales ya se encarga la Sala Segunda del Supremo, que justamente ayer decidi¨® abrir juicio oral por presunta prevaricaci¨®n continuada. Una vez que el Consejo del Poder Judicial ha quedado reducido a una c¨¢scara vac¨ªa, corresponde al Parlamento hacer frente a, las secuelas dejadas tras s¨ª por el caso Pascual Estevill. Es su deber, pero tambi¨¦n una necesidad. La renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno del Poder Judicial, pendiente desde noviembre, es de m¨¢xima prioridad para los intereses del Estado. Y perfectamente compatible con las tareas que los grupos pol¨ªticos acometen en estos momentos con vistas a la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno y a la formaci¨®n de una mayor¨ªa gobernante estable.

Al plazar por m¨¢s tiempo esa tarea es hacer el juego a quienes han convertido el caso Pascual Estevill en punta de lanza de una ofensiva contra la designaci¨®n parlamentaria de los vocales del Consejo. Prueba de ello es la inconcebible misiva del vicepresidente del CGPJ, Jos¨¦ Luis Manzanares, a los presidentes del Congreso y del Senado, paralela a la del presidente del ¨®rgano judicial, Pascual Sala. Inconcebible por lo que supone de desconsideraci¨®n para la actuaci¨®n de este ¨²ltimo; pero tambi¨¦n por la nada disimulada recomendaci¨®n al nuevo Parlamento para que posponga la renovaci¨®n del Consejo.