La inmobiliaria abre el di¨¢logo con los vecinos 'desahuciados'

Las once familias de Fuenlabrada (165.000 habitantes) que perdieron sus viviendas por no pagar las letras de sus pisos durante un a?o se reunieron ayer con representantes de la inmobiliaria Ikasa gracias a la mediaci¨®n del Ayuntamiento de esta localidad.Ikasa, propietaria de las casas est¨¢ dispuesta a devolverles las viviendas a los afectados a cambio de que le abonen los costes del proceso judicial y una cantidad. adicional razonable, seg¨²n indic¨® ayer un portavoz de esta inmobiliaria.

Ikasa tendr¨ªa en cuenta "el factor humano y social", aunque ello le suponga "perder dinero", agreg¨® este portavoz. "Vamos a tratar el asunto desde el punto de vista humano debido a su repercusi¨®n social. Nosotros s¨®lo queremos resarcirnos de los gastos procesales que nos ha costado el proceso judicial desde su inicio, hace ya 14 a?os", a?adi¨®.

Apoyo vecinal

Los afectados culpan al abogado Pedro Antonio Montero Mar¨ªn de la p¨¦rdida de sus pisos. Seg¨²n ellos, este letrado les aconsej¨® en 1981, tras descubrir ellos defectos en las casas, que no pagasen las letras a la constructora.Los afectados explican que el letrado abri¨® una cuenta en la que ellos ingresaron sus cuotas mensuales, pero que, sin embargo, no inform¨® al juzgado sobre la existencia de tal cuenta.

Poco despu¨¦s, lkasa, ante el impago de las letras, decidi¨® demandar por v¨ªa ejecutiva a los moradores. lkasa gan¨® el juicio a los vecinos. El abogado recurri¨® ante instancias judiciales superiores, pero perdi¨® los pleitos. La inmobiliaria orden¨® entonces el embargo de las viviendas y se qued¨® con ellas en una subasta judicial.

Ikasa atribuye el problema al hecho de que los vecinos se fiasen "a ciegas" del abogado. "No es la primera vez que queremos. negociar la deuda con los afectados en condiciones ventajosas", indic¨® el citado portavoz.

Los vecinos se resistieron a abandonar las casas embargadas y el Juzgado de Primera Instancia 14 de Madrid orden¨® el lunes desahuci¨® de la primera de las once viviendas, propiedad de la familia Camacho Carpintero. Durante el desalojo de esta familia se produjeron los enfrentamientos entre los vecinos del inmueble, arropados por un millar de personas, y la polic¨ªa. La inmobiliaria trasladar¨¢ esta misma semana una oferta econ¨®mica a los afectados. Todav¨ªa no se han manejado cifras. "Lo importante", seg¨²n lkasa, "es alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes".