Banesto pide al juez que se inicie una investigaci¨®n sobre facturas presuntamente falsas por 3.000 millones
El Banco Espa?ol de Cr¨¦dito present¨® ayer al juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n un escrito en el que solicita el inicio de una investigaci¨®n sobre una serie de facturas que alcanzan unos 3.000 millones de pesetas, documentadas en las diligencias previas del caso Banesto. A las 26 facturas por valor de 2.032 millones descritas en la querella del fiscal contra Mario Conde y los ex administradores del banco se a?aden otras 10 por 909,9 millones.
El escrito sostiene que "a lo largo de la instrucci¨®n del procedimiento [el caso Banesto] se han venido poniendo de manifiesto entre la documentaci¨®n obrante en autos, una serie de facturas que al parecer no responden a servicios realmente prestados, por lo que constituyen lo que vulgarmente se conoce como facturas falsas". Banesto se?ala que en el informe de los peritos judiciales se destacan una serie de facturas, aparte de las contenidas en la querella criminal presentada por la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional.
Las 26 facturas son:
-Factura de 153,4 millones que contabiliza supuestos servicios prestados por Agust¨ªn Mu?oz Sobrino a Inmobiliaria Cala Meli¨¢ en 1988.
-Varias facturas por 112,7 millones giradas por Agust¨ªn Mu?oz Sobrino a sociedades del grupo EUSA.
-Valyser gir¨® facturas a Excem S.A., en 1989, por 49,9 millones y a Portic, de Jacques Hachuel, por 404,3 en 1990.
-Tres facturas relacionadas con el entramado oculto de Mario Conde. Una emitida por Inversiones Rondon¨®polis a Valyser por 48,9 millones. La segunda fue emitida por Servicios y Promociones Siracusa a Euman por 21,2 millones, en 1989, y la tercera girada por Longanor (Romani) el 30 de junio de 1993 a Valyser por 57,5 millones.
-19 facturas presentadas por el abogado Rafael P¨¦rez Escolar a la inmobiliaria Construcciones e Inmuebles (Ceisa). El valor de estas facturas asciende a 527 millones. Dos fueron emitidas en noviembre y julio de 1989, 13 en 1990, y cuatro en abril de 1990.
-Una factura, de mayo de 1990, a nombre de la sociedad Cifuentes 2000, relacionada con la familia de Rafael P¨¦rez Escolar. El destinatario fue tambi¨¦n Ceisa y el valor fue de 112 millones.
-Una factura de H. Capital, sociedad de Hachuel, a Inmobiliaria Urbis por 1.008 millones, de abril de 1990, por "venta del derecho a adquirir el 45% de la propiedad de cuatro fincas".
-cuatro facturas de Martolinas y Servifilm, sociedades de Hachuel, por 508,5 milllones. Tres de abril de 1992 y la cuarta de mayo de 1992.
En la instrucci¨®n del caso Banesto, pendiente de la calificaci¨®n del fiscal y de las partes personadas, y del auto de apertura de juicio oral, no se ha investigado, seg¨²n Banesto, el presunto fraude de estas facturas. Por ello la entidad solicita al juez que deduzca testimonio al juzgado correspondientes para iniciar las diligencias.
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