El fiscal pregunta por el futuro de 183 chal¨¦s ilegales de Torrelodones

El urbanismo de Torrelodones (10.080 habitantes) est¨¢ en el banquillo de los acusados. Con tres sentencias, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anul¨® las normas urban¨ªsticas de 1986 que permitieron construir en tres terrenos hasta entonces r¨²sticos. La decisi¨®n del Tribunal afecta a 183 chal¨¦s de la urbanizaci¨®n Los Pe?ascales, la mayor del municipio, cuyo futuro es una inc¨®gnita. La Fiscal¨ªa de Madrid cit¨® el lunes al alcalde para que le explicara si las casas van a ser derribadas.

El alcalde de Torrelodones, Mario Mingo, del PP, y el concejal de Urbanismo, Enrique Mu?oz L¨®pez, explicaron al fiscal de Urbanismo, Emilio Valerio, que la decisi¨®n final depende del Tribunal Supremo, donde est¨¢ ahora el contencioso. No obstante, Mingo adelant¨® que si hay que derribar los chal¨¦s, "la constructora y el Ayuntamiento indemnizar¨¢n a los vecinos" asegur¨® el alcalde de Torrelodones.De momento, sobre tres pol¨ªgonos de la urbanizaci¨®n pesan varias sentencias del TSJM que declaran ilegal la recalificaci¨®n de los terrenos. Seg¨²n las resoluciones, el suelo sigue siendo r¨²stico. Los tres terrenos -los chal¨¦s se asientan en uno de ellos, en otro s¨®lo existen las calles y el tercero, propiedad de la Comunidad, sigue intacto- abarcan una superficie cercana al medio mill¨®n de metros cuadrados. Las sentencias del TSJM de enero de 1992, marzo de 1995 y junio de 1992 (ratificada por el Tribunal Supremo en otra sentencia de abril de 1996), una por cada terreno, respectivamente, anulan la recalificaci¨®n efectuada en 1986 y dejan fuera de la ley los 183 chal¨¦s construidos a partir de 1990, as¨ª como otros que se construyen actualmente sobre- el pol¨ªgono 1.

Las tres sentencias declaran ilegales la calificaci¨®n de los terrenos como urbanos "porque carec¨ªan de infraestructura s b¨¢sicas (agua, luz y tel¨¦fono) y porque menos de la mitad estaba rodeado de terrenos urbanos en el momento en el que se incluyen en las normas de ordenaci¨®n urbana" asegur¨® ?lvaro D¨ªaz-Guardamino, presidente de la Agrupaci¨®n de Vecinos Independientes de Torrelodones (grupo pol¨ªtico de- la oposici¨®n municipal que tiene dos concejales en el Ayuntamiento y que lleva desde el 90 intentando la paralizaci¨®n de las obras en el pol¨ªgono 1 y varios meses con las del 2.

Por contra, el abogado de la promotora asegur¨® el mi¨¦rcoles que existen otras tres sentencias, con fechas de mayo de 1995, mayo de 1993 y octubre de 1991 del mismo tribunal y referentes al pol¨ªgono 1, que dan la raz¨®n a su cliente. El Tribunal Supremo deber¨¢ decantarse por una de las partes.

Algunos de los residentes afectados ya est¨¢n vendiendo sus viviendas por temor a que sean derribadas. "Nos iremos a un lugar menos conflictivo", coment¨® uno de ellos.

Mingo, que no estaba en el Gobierno local cuando se produjo la recalificaci¨®n, s¨ª dio el visto bueno a la urbanizaci¨®n en 1990. Mingo declar¨® que "el pol¨ªgono 1 tiene sobre s¨ª dos sentencias, de octubre de 1989 y de noviembre de 1995, una del TSJM y la otra del Supremo, que autorizan el estudio de detalle de la urbanizaci¨®n". "Los primeros contenciosos fracasaron por la inexperiencia del abogado; sin embargo, un segundo letrado [especialista en temas urban¨ªsticos] s¨ª logr¨® que los jueces declararan ilegales las obras", afirm¨®.

Santiago Mart¨ªn, portavoz de Aedenat, declar¨® que las sentencias son una gran noticia para los encinares madrile?os. Se tiene que proceder a sus ejecuciones con todas sus consecuencias. El Ayuntamiento y la constructora deben indemnizar a los propietarios".

Las obras del pol¨ªgono 2 est¨¢n paralizadas desde hace dos meses. Este terreno hace frontera con la tapia de El Pardo y con un bosque de protecci¨®n ecol¨®gica de Las Rozas. En las obras de urbanizaci¨®n se talaron cientos de encinas y enebros protegidos. El pol¨ªgono 3 (que tiene un embalse de unas 18 hect¨¢reas, aves acu¨¢ticas salvajes y gal¨¢pagos) est¨¢ salvado gracias a la sentencia del Supremo del mes pasado.

Valerio calific¨® las obras como un "delito ecol¨®gico".