Dictada orden de detenci¨®n contra el procurador general de Colombia

El Gobierno de Colombia intenta buscar con urgencia una salida para evitar que la Procuradur¨ªa General -fiscal¨ªa de los funcionarios p¨²blicos- quede ac¨¦fala a ra¨ªz de la orden de detenci¨®n decretada ayer por la Fiscal¨ªa de la Naci¨®n contra el procurador general en funciones, Luis Eduardo Montoya. ?ste reemplaz¨® al titular del cargo, Orlando V¨¢squez Vel¨¢squez, detenido a principios de mayo por sus presuntos v¨ªnculos con los carteles de la droga. Montoya, al igual que V¨¢squez, est¨¢ acusado de tres delitos: falsedad en documento, fraude procesal y falso testimonio.

Los dos funcionarios judiciales, en su af¨¢n por tumbar al fiscal general de la naci¨®n, Alfonso Valdivieso -quien tiene en sus manos el llamado Proceso 8000, que investiga la relaci¨®n entre la mafia del narcotr¨¢fico y la pol¨ªtica-, utilizaron testigos falsos para acusarle por una irregularidad cometida cuando Valdivieso ocupaba el puesto de ministro de Educaci¨®n.Para evitar un vac¨ªo legal en la Procuradur¨ªa de la Administraci¨®n, la orden no ser¨¢ efectiva hasta dentro de cinco d¨ªas h¨¢biles. En este tiempo, el Senado suspender¨¢ de su cargo a Montoya e intentar¨¢ definir si se nombra a un nuevo procurador o se busca a un sustituto temporal.

Mientras tanto, ayer se conoci¨® un hecho que, seg¨²n los analistas, da sustento jur¨ªdico al Proceso 8000. Gilberto Rodr¨ªguez Orejuela, uno de los jefes encarcelados del cartel de Cali, solicit¨® la terminaci¨®n anticipada del proceso y acept¨® los cargos por narcotr¨¢fico, presuntamente a cambio de que su condena no exceda de 20 a?os de c¨¢rcel.

Los defensores de los acusados en el nercoesc¨¢ndalo han alegado hasta ahora que el delito de enriquecimiento il¨ªcito -del que tambi¨¦n est¨¢ acusado el presidente Ernesto Samper y ha llevado a siete congresistas colombianos a prisi¨®n- s¨®lo se configura cuando las personas que entregan el dinero han sido previamente sancionadas judicialmente por narcotr¨¢fico.

Artima?a legal

En lo que parece una carrera contra el tiempo, muchos de los implicados en este esc¨¢ndalo han decidido acogerse a la terminaci¨®n anticipada del proceso, una artima?a legal que les reporta beneficios en la duraci¨®n de la condena. El ¨²ltimo en acogerse a esta medida fue el senador Alberto Santofinio. Tras m¨¢s de dos d¨¦cadas en las cuales neg¨® insistentemente su cercan¨ªa a las mafias de la droga, finalmente acept¨® su culpabilidad.Por otro lado, el llamado juicio del siglo contra el presidente Ernesto Samper, acusado de haber llegado al poder con dinero del cartel de Cali, lleva ya diez d¨ªas de duraci¨®n en la C¨¢mara de Representantes colombiana. Todos los observadores pol¨ªticos coinciden en afirmar que en el Congreso a¨²n no ha pasado nada relevante.

La mayor pol¨¦mica ha tenido que ver con la participaci¨®n o no de Luis Guillermo Nieto Roa, abogado del jefe del Estado. Los representantes votaron a favor de darle el uso de la palabra, pero, hace dos d¨ªas, una resoluci¨®n dio la raz¨®n a la minor¨ªa que asegura que en esta etapa del proceso s¨®lo pueden intervenir los representantes. "?Qui¨¦n tiene miedo a que yo hable?", pregunt¨® de inmediato el abogado. Y el presidente Samper asumi¨® la defensa de su letrado. En un comunicado afirm¨® que alguien trata de "sacar ventaja". Desde el jueves por la noche, Nieto Roa sigue el debate desde la tribuna dedicada al p¨²blico, al lado de los periodistas.

Finalmente, ha surgido un nuevo esc¨¢ndalo en Colombia que tratan de utilizar al m¨¢ximo los defensores de Samper. Andr¨¦s Pastrana, ex candidato a la presidencia, reconoci¨® ayer que Harry Beda -detenido hace pocos d¨ªas dentro de una gran operaci¨®n contra el blanqueo de divisas norteamericanas realizada en Colombia- ocup¨® un importante cargo en su campa?a presidencial.