La cuadratura del c¨ªrculo

En principio, hay que distinguir dos etapas en el lamentable asunto de los GAL, antes y despu¨¦s de ser de dominio p¨²blico qui¨¦nes son los responsables. Hasta que el juez Garz¨®n no empapel¨® a los ex polic¨ªas Amedo y Dom¨ªnguez y asistimos al espect¨¢culo ignominioso de verlos protegidos por el Ministerio del Interior, si se quiere con mayor precisi¨®n, hasta que no fueron condenados a largos a?os de c¨¢rcel, pese a que en el juicio oral contasen con el testimonio favorable del entonces ministro del Interior, hoy tambi¨¦n procesado, cab¨ªan las dudas sobre la verdadera trama de esta organizaci¨®n terrorista. Despu¨¦s, ya no.Han transcurrido entretanto largos a?os en que el asunto de los GAL no ha hecho m¨¢s que pudrirse en una mentira oficial cada vez m¨¢s transparente, que en ocasiones ha llegado a cuestionar seriamente al Estado de derecho, arrastrando consigo a todos los que se han prestado a defender lo indefendible, hasta el punto que ya s¨®lo saltan a la palestra los directamente implicados. El ¨²ltimo espect¨¢culo deprimente lo dieron dos ex ministros y un ex secretario de Estado defendiendo la inocencia de un general al que se le imputan grav¨ªsimos cr¨ªmenes, sin que en este alegato surgiera un solo argumento que remitiera al hecho de que hablaban desde un partido democr¨¢tico que respeta la Constituci¨®n.

Distingo una primera etapa, aproximadamente hasta 1987, en la que muchos tan convencidos est¨¢bamos de que el Gobierno socialista no pod¨ªa estar detr¨¢s de una pol¨ªtica contraria al Estado de derecho que, antes de asumir lo que luego se fue configurando como la triste verdad, acept¨¢bamos como moneda de ley hasta las m¨¢s burdas patra?as: ?recuerdan aquello de que los GAL estar¨ªan financiados por un grupo de empresarios vascos; o la teor¨ªa posterior de la conspiraci¨®n, que tanto vale para un remiendo como para un descosido? Ya s¨¦ que tanta ingenuidad hoy ya no es vendible, sobre todo porque no niego que me llegaron, como probablemente a toda persona medianamente informada, comentarios que atribu¨ªan las acciones de los GAL a los ¨®rganos del Estado -adem¨¢s, como me dice un buen amigo, sin ser Sherlock Holmes bastaba la l¨®gica m¨¢s elemental para haber ca¨ªdo en la cuenta-, pero, pobre de m¨ª, los tomaba por rumores surgidos en la ¨®rbita abertzale para deslegitimar al Gobierno. Tengo que a?adir, no s¨¦ si como descargo, que, pese a esta experiencia traumatizante, no he cambiado de actitud ante los muchos chismes, y algunos graves, que me siguen llegando sobre comportamientos indecorosos de algunos poderes del Estado, y al igual que en el caso de los GAL, tampoco ahora, mientras no adquieran mayor densidad y fundamento, soy proclive a creerlos, y menos a hacerlos p¨²blicos. Tal vez un d¨ªa se me acuse, como me lo han reprochado respecto a los GAL, de haber callado cuando hab¨ªa que haber hablado.

En la segunda etapa, en cambio, he sido beligerante, al no haber ya forma de escapar al convencimiento de qui¨¦nes eran los responsables y cuando los tribunales, aunque con cuentagotas -la justicia es lenta, pero algo se mueve-, han ido llamando a uno tras otro, sin que nadie sepa cu¨¢ndo se cerrar¨¢ la lista ni las sorpresas macabras que todav¨ªa nos tiene reservado el porvenir. Sin duda azuzaba un Gobierno que, lejos de esforzarse en dar al guna explicaci¨®n convincente, no hac¨ªa m¨¢s que entorpecer la acci¨®n de la justicia, a la vez que de clinaba asumir las m¨¢s elementales responsabilidades pol¨ªticas alegando que se deb¨ªa dejar actuar a una justicia, a la que se le pon¨ªan todas las trabas imaginables, sin retroceder ni siquiera ante la denigraci¨®n y la calumnia de los jueces que parec¨ªan menos conciliantes. Lo m¨¢s llamativo es que las personas m¨¢s significa das, desde el presidente para abajo, proclamaban una fe inquebrantable en la presunci¨®n. de inocencia de los procesados, p¨¦se a que recalcarla hasta estos extremos supon¨ªa de hecho que los indicios de culpabilidad que hab¨ªan detectado los jueces se considerasen impulsados por actitudes y resentimientos que se acercaban a la prevaricaci¨®n, seguridad que, por lo dem¨¢s, pronto se les volvi¨® en contra al autoinculparse algunos de los imputados.

Con el cambio de Gobierno ha empezado una tercera etapa, con caracteres nuevos, aunque no menos ambiguos y peligrosos. Por lo pronto, ha perdido vigencia la cuesti¨®n de la responsabilidad pol¨ªtica, qu¨¦ respiro, a la vez que el nuevo Gobierno, al no estar directamente implicado, tiene un campo mayor de maniobra. Felipe Gonz¨¢lez ha perdido las elecciones, pero por tan escaso margen que es dif¨ªcil concluir que el electorado le haya reprochado el asunto GAL. A la inversa, por triste que pueda ser esta constataci¨®n, hay que dejar constancia de que los GAL siguen contando con un amplio respaldo social. Y ello no s¨®lo cuestiona los principios sobre los que se levanta la democracia, prueba contundente de lo poco s¨®lidos que son sus cimientos, sino tambi¨¦n, y sobre todo, por las consecuencias perniciosas que comporta en la lucha contra ETA: nada favorece y a la -postre legitima tanto la violericia etarra como el que se defienda o por lo menos se encubra, una violencia en sentido contriario, aquella que desde hace muchos a?os reclaman las pintadas de -un fascismo residual. Si toleramos un espacio de vac¨ªo de derecho en el tratamiento de la lucha antiterrorista, o en el castigo de sus extralimitaciones, estas bolsas de ajuridicidad tienden a extenderse a los campos m¨¢s diversos. Una de las m¨¢s terribles secuelas de haber organizado los GAL, desde luego no prevista, y de la que se habla demasiado poco, remite a los estragos sufridos por la justicia -y los que se vislumbran todav¨ªa en el horizonte- por el af¨¢n de preservar la impunidad de estas acciones. En todo caso, en democracia nunca se pueden echar en saco roto las opiniones mayoritarias, por desagradables que nos resulten.

Hemos pasado de negar la evidencia -"no hay pruebas ni nunca las habr¨¢"- a reconocer la necesidad de encontrar una soluci¨®n r¨¢pida al asunto GAL, conscientes de que constituye una pesada carga para la legitimidad del Estado, que no se puede mantener por un tiempo indefinido. Obligaci¨®n de los pol¨ªticos a los que hemos encomendado la alta responsabilidad de gobernar es resolver los problemas graves todav¨ªa pendientes. La dificultad consiste en que ha de finalizarse el asunto, sin que en la operaci¨®n nos carguemos el Estado de derecho. El gran error cometido en el pasado consisti¨® en disociar Estado y derecho, perfilando una raz¨®n de Estado al margen o en contra del derecho. El dislate se ha mantenido al tratar de resolver el problema en el plano de la justicia al que pertenece, pero, como se comprueba que dej¨¢ndola a su aire el proceso es muy lento y sobre todo incalculable en sus consecuencias pol¨ªticas -el Estado Pasa a la p¨¢gina siguiente

Viene de la p¨¢gina anterior no puede depender de los avatares de un proceso judicial imprevisible-, en las altas esferas se sigue especulando con la posibilidad de una justicia, constre?ida y manejada desde las razones de Estado. A la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica que caracteriz¨® a la segunda etapa, taponando con ello desde un principio una soluci¨®n pol¨ªtica, podr¨ªa corresponder en esta tercera etapa una politizaci¨®n de la justicia, en el sentido de tratar de encontrar una soluci¨®n pol¨ªtica, pero utilizando medios jur¨ªdicos y encargando la operaci¨®n a unos tribunales especialmente seleccionados para llevarla adelante.

La tentaci¨®n es grande, hasta tal punto aprieta el caso, pero nada f¨¢cil de llevar a la pr¨¢ctica. El se?or Belloch, en su doble calidad de ministro del Interior y de Justicia -para esta finalidad hasta se comprende la fusi¨®n de ambos ministerios-, lo intent¨® con el resultado conocido de provocar grandes desaguisados, para luego conseguir siempre los efectos contrarios de los buscados. El periodo de Belloch pasar¨¢ a la historia por el abismo que muestra entre intenciones y objetivos, por un lado, y resultados tangibles, por otro. Ahora, con la distancia y la experiencia acumuladas, resulta pat¨¦tico el prop¨®sito de Gonz¨¢lez en 1993 de encargarse ¨¦l mismo de la limpieza de un edificio de cuya podredumbre era el mayor responsable, encomendado, para mayor sarcasmo, la depuraci¨®n -pues cae por su peso que tendr¨ªa que dejarle inc¨®lume- a unos magistrados que gozaban de un merecido prestigio por su valent¨ªa y compromiso democr¨¢tico.

En el af¨¢n de encontrar una soluci¨®n pol¨ªtica por los canales de la justicia, algunos elementos ya se han filtrado, como construir un sumario ¨²nico en el Tribunal Supremo, que tiene por lo pronto la ventaja de evitar a filiales de a?o la vista oral del juicio contra Barrionuevo; o anular los sumarios instruidos por Garz¨®n y otras ideas por el estilo. Todo ello vendr¨ªa implementado con la elecci¨®n de un Consejo Superior del Poder Judicial que, imbuido de Estado, sirviera a ese objetivo. Adem¨¢s de que, al dar un paso decisivo en el camino de la destrucci¨®n del Estado de derecho, el remedio ser¨ªa peor que la enfermedad, choca con el obst¨¢culo principal: todas estas medidas ser¨ªan tambi¨¦n aplicables a ETA y si, por ejemplo, se subsumieran en un solo sumario todos los relacionados con ETA, parar¨ªamos la acci¨®n de la justicia.

No se ha prestado la suficiente atenci¨®n al hecho de que las acciones judiciales contra la guerra sucia se est¨¢n llevando a cabo sin cumplirse ninguna de las dos condiciones que se han dado en otros pa¨ªses al acometer medidas de gracia o de justicia. La primera, que se hubiera derrumbado el r¨¦gimen pol¨ªtico que aplic¨® la guerra sucia, es decir, que los tribunales juzgasen sobre un pasado pol¨ªticamente ya superado. La segunda, que se hubiere ganado la guerra aunque los m¨¦todos hubieran sido inadmisibles. En Espa?a nos encontramos ante el primer caso de un Estado que, continuando en el poder la misma clase pol¨ªtica y sin haber ganado la guerra -ETA sigue matando-, se ve obligado a castigar a sus servidores. Ello dificulta no pocas soluciones. Cualquier medida que se tome a favor de los GAL, dejando aparte consideraciones de orden jur¨ªdico o moral, afecta tanto a la lucha contra ETA como a la legitimidad del Estado en el Pa¨ªs Vasco.A nadie se le oculta que es prioritario encontrar una soluci¨®n pol¨ªtica al tema de los GAL, pero tambi¨¦n, que si no se acierta, los costes pueden ser muy altos para el Estado de derecho y/o para la eficacia de la lucha antiterrorista. ?Cu¨¢l es entonces la soluci¨®n? Lo ignoro: cuanto m¨¢s reflexiono sobre el asunto, m¨¢s me parece la cuadratura del c¨ªrculo.