M¨®ner rechaza pedir al Gobierno que desclasifique los 'papeles del Cesid'
El magistrado Eduardo M¨®ner, instructor del Tribunal Supremo para el caso GAL, rechaz¨® ayer la posibilidad de replantear al Gobierno del PP la desclasificaci¨®n de los papeles secretos del Cesid que reclama la acci¨®n popular, porque esta petici¨®n ya fue denegada por el Ejecutivo socialista. M¨®ner afirma que el nuevo Gobierno actuar¨¢ en consecuencia si aprecia razones para la desclasificaci¨®n. El magistrado a?ade que el sumario es una preparaci¨®n del juicio, por lo que no requiere "la reuni¨®n de todas las pruebas posibles" y pide a la acci¨®n popular que no extienda "indefinidamente" esta etapa.
M¨®ner considera "indudable" que, si las nuevas autoridades encuentran razones para remitirle los documentos, lo har¨¢n sin insistencias judiciales. Y a?ade que avala este criterio "el car¨¢cter p¨²blico y notorio de las presentes actuaciones, as¨ª como el conocimiento manifiesto que tienen de la cuesti¨®n planteada".El juez recuerda que la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n del pasado 14 de diciembre estableci¨® que un juez instructor "no puede imponer sin m¨¢s al ministro responsable la entrega y aportaci¨®n de documentos clasificados como materia de reserva de secreto oficial". Recuerda el magistrado que el 29 de abril pregunt¨® al Gobierno si exist¨ªa alguna resoluci¨®n respecto a los documentos secretos del Cesid, citados en un primer escrito de 16 de octubre de 1995.
El 3 de mayo de 1996, el Gobierno respondi¨® que el Consejo de Ministros del 21 de enero de 1996 no hab¨ªa accedido a la desclasificaci¨®n. "Ante esta situaci¨®n, y sin que existan razones objetivas que modifiquen los aspectos jur¨ªdicos que el caso implica, es innecesario reiterar la solicitud, concluye M¨®ner.
El Gobierno tiene pendiente de respuesta las solicitudes de desclasificaci¨®n de Baltasar Garz¨®n y del juez de San Sebasti¨¢n Fernando Andreu, que instruy¨® hasta el mes pasado el caso de Luc¨ªa Urigoitia.
M¨®ner recuerda que el sumario "s¨®lo constituye una etapa de preparaci¨®n elemental del juicio y que, en buena t¨¦cnica, no requiere la reuni¨®n de todas las pruebas posibles sobre los hechos investigados, sino s¨®lo de aquellas que justifiquen la apertura del juicio oral".
"Ello significa", prosigue el juez, que la acci¨®n popular "debe ajustar su conducta procesal a estos principios, reservando sus peticiones, respecto de la prueba, para reiterarlas en el momento procesal oportuno, sin extender indefinidamente la etapa del sumario".
La semana pasada, M¨®ner advirti¨® a los jueces de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez de Lia?o y Baltasar Garz¨®n que no invadiesen el terreno del Supremo. M¨®ner recordaba la competencia del alto tribunal sobre la organizaci¨®n, estructura y financiaci¨®n de los GAL, con lo que advert¨ªa a estos magistrados que se abstuviesen de seguir reclamando los documentos del Cesid que tuviesen que ver con esa materia.
M¨®ner dict¨® otra resoluci¨®n para remitir al Decanato de los Juzgados de Madrid el informe pericial en el que se imputan a Juli¨¢n Sancrist¨®bal, ex director general de Seguridad, dos delitos fiscales por cuotas presuntamente defraudadas de 81,7 y 26,8 millones.
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