Caso Soria, la justicia que no llega

Al espa?ol Carmelo Soria parece que no le alcanz¨® la indulgencia que lograron sus verdugos; muri¨® salvajemente torturado en el s¨®tano de un chal¨¦ vinculado a la polic¨ªa pol¨ªtica del dictador chileno Augusto Pinochet. Al considerarle comunista en activo, trataron de arrancarle con brutalidad listas de nombres. Para unos muri¨® desnucado. Otros, como Alejandra Damiani, antigua secretaria del norteamericano, Michael Townley, due?o del chal¨¦-c¨¢rcel, declararon que falleci¨® en medio de convulsiones, lo que apunta al gas sar¨ªn (empleado en el atentado de Tokio) como posible causa final de la muerte de Soria. Sucedi¨® en julio de 1976. Veinte a?os despu¨¦s, pese a la lucha denodada de la familia, la v¨ªa de la justicia se extingue injustamente. La sentencia del juez de la Corte Suprema de Chile Eleodoro Ortiz, hecha p¨²blica este mes, considera sobrese¨ªda "total y definitivamente" la causa "porque los hechos en ella investigados son aquellos referidos en el Decreto-ley 2.191, de l978", es decir, de la ley de amnist¨ªa promovida por la dictadura con el fin de esquivar la acci¨®n del C¨®digo Penal.Cabe a¨²n una doble apelaci¨®n, que ya fue presentada hace una semana. El pleno de la Corte Suprema puede decidir ahora sobre la inconstitucionalidad de esa ley de amnist¨ªa aplicada a este caso o confirmar el fallo de Ortiz, o puede tambi¨¦n traspasar la decisi¨®n final a la Segunda Sala de lo Penal. Todo indica que no revocar¨¢ la tesis de su juez y optar¨¢ por el olvido.En su sentencia, el magistrado Eleodoro Ortiz no considera a Carmelo Soria, que trabajaba en la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina (CEPAL), dependiente de la ONU en el momento de su asesinato, una persona bajo protecci¨®n de la Convenci¨®n sobre Prevenci¨®n y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas.

Seg¨²n Ortiz, y ah¨ª surge el debate, Sor¨ªa habr¨ªa necesitado de "una protecci¨®n especial", pues, "no basta con ser funcionario o agente de una organizaci¨®n internacional para ser persona internacionalmente protegida". Ortiz se refiere a un convenio entre el Gobierno de Chile y la CEPAL de 1954 en el que se define como miembros de ese organismo a "Ios jefes y dem¨¢s funcionarios de planta (...), calidad que tampoco se ha establecido respecto al se?or Soria".

?sta es la clave legal de todo el caso. Si se logra establecer ante la justicia chilena que Soria disfrutaba de inmunidad especial, extremo que sostienen la ONU, la CEPAL, el Gobierno espa?ol y numerosas personalidades, no cabr¨ªa amnist¨ªa a los autores de su asesinato, como sucedi¨® en el caso de Orlando Letelier, el ministro, de la Unidad Popular asesinado en Washington."Es de esperar que la sensibilidad jur¨ªdica de la Corte Suprema de Justicia de Chile invierta el fallo de Ortiz y reconozca la inmunidad de Soria", asegura esperanzado Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, magistrado de la Sala Segunda del Supremo espa?ol. "Hasta ahora", a?ade, "todas las razones esgrimidas no han sido tenidas en cuenta (...) Quedan pocos argumentos adem¨¢s de denunciar la ruptura del ordenamiento jur¨ªdico chileno con el internacional".Andr¨¦s Dom¨ªnguez, consejero de la Comisi¨®n Chilena de los Derechos Humanos, reconoce que ahora Ia situaci¨®n es bastante mala". "La mayor parte de los miembros de la Corte Suprema no han comprendido la l¨®gica del derecho internacional de los derechos humanos. Esto hace un gran da?o a Chile", dice.

Fuentes de la ONU reiteran que Soria "era funcionario de la CEPAL y que estaba protegido por una serie de tratados internacionales". Estas fuentes, que piden conservar el anonimato, acusan al juez Ortiz de efectuar una "interpretaci¨®n torcida y enga?osa del convenio" de 1954.

Carmen Soria, hija de Carmelo, es consciente de que se acerca el final de la v¨ªa jur¨ªdica en Chile. No obstante, dice con voz firme: "Tengo mucha fe en el apoyo exterior. Nos puede ayudar a llegar a un juicio justo". Carmen est¨¢ convencida de que los jueces han sufrido presiones y que sus argumentos legales son "subterfugios de unas personas que no tuvieron la valent¨ªa necesaria".

Fuentes espa?olas indican que se podr¨ªa adoptar la v¨ªa que la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) ha seguido en el asunto de los espa?oles desaparecidos en Argentina: formular una denuncia en Espa?a que permita el procesamiento de los culpables y dictar una orden internacional de captura que, al menos, les impida salir de Chile. "Desgraciadamente, la influencia de Espa?a en el caso Soria no es la de EE UU en el caso Letelier", dice Carlos Castresana, de la UPF.

Libedinski, que fue el primer juez del Supremo que llev¨® el sumario, asegura en conversaci¨®n telef¨®nica desde Santiago de Chile que "se ha hecho todo lo posible", y es claro al decir que Ia ley de amnist¨ªa es la que impide hacer justicia" en este caso. Libedinsk¨ª no ve una contradicci¨®n en esto y declina comentar c¨®mo una ley aprobada durante la dictadura que ampar¨® los cr¨ªmenes puede impedir ahora juzgar a los asesinos. "No puedo hablar de ese tema, pues puede que me toque pronunciarme [en el Supremo] sobre su constitucionalidad".

De los cinco miembros de la brigada Mulch¨¦n, presuntos asesinos del espa?ol Carmelo Soria, uno, el coronel Ren¨¦ Patricio Quilhot Palma fue hasta muy poco edec¨¢n (ayudante personal) del ex dictador y a¨²n hoy jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, Augusto Pinochet.

Otros dos a¨²n est¨¢n en activo: los coroneles Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labb¨¦. Cada poco, alguien les recuerda la mancha en sus manos. Como el Gobierno de El Salvador, qu¨¦ rechaz¨® a Belmar como agregado militar. Un diputado salvadore?o del derechista Arena lo resumi¨® con rotundidad: "Este pa¨ªs no es el basurero de nadie".

Un tercero, Juan Delm¨¢s, se suicid¨®, seg¨²n la Junta Militar. De los cinco, s¨®lo dos fueron procesados: el coronel retirado Guillermo Salinas, jefe de la Mulch¨¦n y presunto autor material de la muerte de Soria, y el suboficial Jos¨¦ R¨ªos San Mart¨ªn, quien confes¨® todo a la jueza Guzm¨¢n. Hoy est¨¢ recluido en un psiqui¨¢trico militar. Dicen que se volvi¨® loco.

Para Pinochet, el caso fue siempre una afrenta personal sobre la que hac¨ªa revolotear maliciosamente una frase apocal¨ªptica suya: "Si me tocan a uno de mis hombres, se acab¨® el Estado de derecho". Durante los Gobiernos democr¨¢ticos de Patricio Aylwin y de Eduardo Frei se entendi¨®, al parecer, el mensaje. Es lo que Enrique Tierno Galv¨¢n defini¨® ir¨®nicamente en la transici¨®n espa?ola como "prioridad de valores".