Cuatro jueces y dos jurisdicciones
![Ram¨®n Lobo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F12940c80-6f03-48a7-bb70-f642eaefea15.png?auth=5044ccb4584723a2e07d68faf216fe275ff200fb9ea8f4bc60b49349b3964acf&width=100&height=100&smart=true)
Un informe del 4 de enero de 1996 del relator especial de la ONU de la Comisi¨®n de Derechos Humanos, Nigel Rodley, tras un viaje a Chile, se hace eco en el punto 9 de su p¨¢gina 5 de "una serie de irregularidades (...) en los procesos que habr¨ªan impedido (...) el establecimiento de los hechos y el castigo de los responsables" en el caso Soria. Carmen Canales es la primera juez que se pronunci¨® sobre la muerte de Carmelo Soria. Califica los hechos, en una sentencia de 1979, de "homicidio por terceros no habidos". Es un t¨ªmido avance sobre las versiones iniciales de la dictadura, que van del suicidio por desamor al accidente.Es la Comisi¨®n Verdad y Reconciliaci¨®n, formada por el Parlamento, la que en 1991 desentie rra el caso Soria, como el de otros muchos desaparecidos, y lo lleva a los tribunales ordinarios.
La jueza Violeta Guzm¨¢n Farren, nombrada por la Corte de Apelaciones, logra establecer en 1992 que Soria fue asesinado el 14 de julio de 1976 por la brigada Mulch¨¦n de la DINA (polic¨ªa pol¨ªtica de Pinochet) en casa de un agente de nacionalidad norteamericana, Michael Townley. La jueza Guzm¨¢n consigue adem¨¢s identificar a todos sus miembros. Este espectacular avance en la investigaci¨®n se fren¨® bruscamente el 16 de noviembre de 1993, cuando la Corte Suprema, sin o¨ªr a la jueza natural, entrega el sumario a la justicia militar (pinochetista), que lo solicit¨® porque, a su juicio, le competen Ios cr¨ªmenes de los militares en acto de servicio". El paso del caso de la justicia civil a la militar provoca la protesta de Espa?a, cuyo embajador Pedro Bermejo es llamado a Madrid.Amnist¨ªa fuera de plazo
Diez d¨ªas despu¨¦s, la Corte Suprema pide de vuelta el expediente a la justicia militar, y el 2 de diciembre nombra juez especial a Marcos Libedinsky. El 9, la justicia militar comunica a los abogados de la familia Soria que con fecha del 3 de diciembre fall¨® el caso y decret¨® la amnist¨ªa. Es decir, cierra y decreta el perd¨®n tras perder su competencia.
El juez Libedinsky declara que el caso lo recibe "cerrado" y sin posibilidades de "abrir investigaciones". Libedinsky falla manteniendo la amnist¨ªa militar sobre el caso y da un paso atr¨¢s sobre la jueza Guzm¨¢n al no precisar qui¨¦nes compon¨ªan la brigada Mulch¨¦n. Los nombres fueron confirmados por el norteamericano Townley en un programa emitido por la televisi¨®n en agosto de ese a?o, 1993.
En una entrevista con el diario El Mercurio en enero de 1994, Libedinsky admite: "En el caso Soria no se hizo justicia". Amigos de Soria se preguntan: "?Y para qu¨¦ le nombraron a ¨¦l?".
El juez Libedinsky es recusado. El 24 de junio, el Supremo nombra nuevo juez, Eleodoro Ortiz, quien practic¨® con gran rapidez las diligencias solicitadas por el propio Supremo. El 29 de diciembre, el juez Ortiz sufre un infarto. El 5 de junio, recuperado de sus dolencias, hace p¨²blica su pol¨¦mica sentencia. El caso Soria queda en manos del Supremo. A¨²n hay abiertas dos v¨ªas: proceso en Espa?a o en los tribunales internaciones, el interamericano o en el de La Haya.
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