Fracasa por quinta vez el intento del PP de archivar por prescipci¨®n el 'caso S¨®ller'

Juan L¨®pez Gay¨¢, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que instruye el sumatr¨ªo del caso S¨®ller -el presunto cobro de comisiones ilegales por el PP-, rechaz¨® ayer otra vez la petici¨®n de archivo de la causa que de manera reiterada formulan los defensores de los principales pol¨ªticos conservadores implicados, quienes aducen la supuesta prescripci¨®n de los hechos delictivos investigados. El juez deneg¨® la solicitud presentada por el letrado del ex secretario general del PP balear y consejero de la Funci¨®n P¨²blica, Jos¨¦ Antonio Berast¨¢in, porque entiende que a¨²n no est¨¢n determinados los hechos sobre los que pesa la eventual demanda de prescripci¨®n.Es la quinta vez, en poco m¨¢s de un a?o de investigaci¨®n, que desde la c¨²pula del PP se ha intentado frenar la indagaci¨®n penal para verificar la existencia de un posible delito continuado de prevaricaci¨®n relacionado con otro de cohecho en la concesi¨®n del t¨²nel de peaje de S¨®ller en el sumario est¨¢n involucrados el consejero Berast¨¢in y el ex presidente balear Gabriel Ca?ellas como supuestos receptores u operadores de supuestas comisiones pagadas por la empresa del t¨²nel, que sumaron en su totalidad m¨¢s de 40 millones de pesetas, de acuerdo con los informes de la polic¨ªa y Hacienda.

El abogado de Ca?ellas, Rafael Perera, conductor de la estrategia jur¨ªdica del PP hasta el reciente nombramiento de Fernando Mateas, penalista especializado en tramas de narcotr¨¢fico, sostiene que si no existe un delito perseguible ni conducta penalmente reprobable, no hay raz¨®n para la instrucci¨®n sobre hechos que supuestamente lo conformaron. Perera y Mateas insisten en que han transcurrido m¨¢s de cinco a?os desde que se efectuaron los actos cuestionados. Por su parte, Jaime Bueno, letrado de la acusaci¨®n -Izquierda Unida-, manifest¨® ayer que "el supuesto delito no se agota ni se consuma en un solo acto", sino que est¨¢ relacionado con las sucesivas decisiones administrativas adoptadas hace tres a?os por el Ejecutivo aut¨®nomo.

Unos 50 millones se manejaron, supuestamente para pagos pol¨ªticos y electorales del PP balear. Falta identificar a la persona que retir¨® 72 millones en efectivo de la central de un banco.