El Gobierno podr¨¢ negar los papeles del Cesid con el aval jur¨ªdico del Consejo de Estado

El Gobierno tendr¨¢ aval jur¨ªdico para no entregar a los jueces los documentos del Cesid si as¨ª lo decide, a partir del dictamen que la Comisi¨®n Permanente del Consejo de Estado ultim¨® ayer en respuesta a la solicitud del ministro de la Presidencia y vicepresidente primero del Gobierno, Francisco ?lvarez Cascos. El dictamen no es vinculante ni formula ninguna propuesta rotunda sobre cu¨¢l ha de ser la actitud del Ejecutivo, pero le recuerda el abanico de posibilidades legales de que dispone, para pronunciarse en un sentido y en otro, as¨ª como la necesidad de responder razonadamente a los jueces.

El Consejo de Estado ha tenido en cuenta la resoluci¨®n del Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n, que el pasado 15 de diciembre respald¨® la negativa del entonces ministro de Defensa, el socialista Gustavo Su¨¢rez Pertierra, a entregar los documentos secretos que le pidi¨® el magistrado Baltasar Garz¨®n para esclarecer aspectos relacionados con los GAL.La sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n estableci¨® que s¨®lo al Gobierno le corresponde plantear en cada momento la posibilidad de desclasificar o no un documento secreto, tras analizar los intereses en juego, fundamentalmente la seguridad del Estado.

El secreto que rodea las deliberaciones del m¨¢s alto ¨®rgano consultivo del Estado impidi¨® ayer conocer la literalidad del dictamen. A pesar de ello, fuentes jur¨ªdicas conocedoras del escrito describieron alguna de sus l¨ªneas maestras. El pronunciamiento se ha hecho, seg¨²n estas fuentes, sobre un planteamiento gen¨¦rico, ya que el Gobierno no ped¨ªa un dictamen sobre documentos concretos y, en consecuencia, el Consejo de Estado, no s¨®lo desconoce su contenido, sino la posible conexi¨®n con delitos cometidos en la guerra sucia contra ETA.

Juristas ajenos al Consejo de Estado interpretaban ayer, con la informaci¨®n de que dispon¨ªan, que el dictamen es globalmente contrario a la desclasificaci¨®n de los documentos secretos.

Sin embargo, otras fuentes vinculadas a la instituci¨®n consultiva matizaron que el dictamen no desaconseja la entrega de documentos a los jueces ni tampoco lo contrario. El texto, del que se supo que tiene un denso an¨¢lisis jur¨ªdico elaborado fundamentalmente por la letrada Guadalupe Hern¨¢ndez Gil, despliega todo el cat¨¢logo de posibilidades que la legislaci¨®n vigente permite al Ejecutivo a la hora de decidir si entrega o no los documentos clasificados.

Varias fuentes coincidieron en que el dictamen est¨¢ construido para responder a distintas hip¨®tesis que podr¨ªan presentarse. Ser¨¢ el Gobierno el que finalmente deba sopesar si el contenido de cada documento afecta o no a la seguridad del Estado. En el escrito se le advierte, seg¨²n las fuentes consultadas, sobre el riesgo de difusi¨®n de los documentos cuando son incorporados a un sumario, ya que que todas las partes en el procedimiento judicial acaban teniendo acceso al mismo.

El Gobierno requiri¨® del Consejo de Estado el pasado d¨ªa 5 de julio un dictamen sobre si la cancelaci¨®n como "materia reservada" de documentos del Cesid podr¨ªa suponer Infracci¨®n de obligaciones consagradas en tratados internacionales. Tambi¨¦n se planteaba si "ha de considerarse como absolutamente discrecional, o como reglada, en alguno de sus elementos" la decisi¨®n del Ejecutivo.

?lvarez-Cascos consultaba si los jueces interesados en los documentos podr¨ªan consultarlos con un procedimiento semejante al previsto en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y ped¨ªa una "reflexi¨®n sobre las precisiones que cabr¨ªa introducir en la legislaci¨®n procesal" sobre "el valor probatorio de los documentos elaborados por los servicios de espionaje", que en muchas ocasiones "han de recoger datos no contrastados e informaciones procedentes de fuentes de muy dudosa solvencia".

La respuesta a esta cuesti¨®n es que el Gobierno puede igualmente negarse a entregar a la Justicia un documento secreto por su dudosa fiabilidad, o lo contrario: entregarlo, pero haciendo constar su escaso cr¨¦dito.

El dictamen del Consejo de Estado, pendiente seg¨²n las fuentes de liger¨ªsimos retoques y de la firma del presidente, ??igo Cavero, ha tenido como ponente a Landelino Lavilla, ex ministro de Justicia y ex presidente del Congreso de los Diputados, que preside la Secci¨®n Primera del Consejo de Estado. Los ocho consejeros permanentes del organismo asumieron el informe tras una deliberaci¨®n que dur¨® casi hasta las tres de la tarde, informa Bonifacio de la Cuadra.

El ponente ha sido Lavilla porque fue el ministro de la Presidencia el que pidi¨® el dictamen sobre este asunto, aunque podr¨ªa haber sido solicitado por el ministro de Defensa, Eduardo Serra. En ese caso, el ponente hubiera sido el ex presidente de la Audiencia Nacional Fernando de Mateo Lage.

Los letrados de la secci¨®n primera elaboraron un informe, a la vista del cual Lavilla redact¨® el dictamen. En esta ocasi¨®n, junto a los letrados de la secci¨®n, trabaj¨® el letrado mayor Miguel Herrero y Rodr¨ªguez de Mi?¨®n, a quien se pidi¨® que, excepcionalmente, interviniera.