Las incognitas del pacto auton¨®mico

EL PR?XIMO mes de septiembre ser¨¢ el momento de la verdad para muchas e importantes decisiones de gobierno. Lo ser¨¢, sin duda, para el nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica acordado por Aznar y Pujol como n¨²cleo de su pacto de gobernabilidad para la presente legislatura. El 16, de septiembre es la fecha que el Gobierno ha fijado como plazo l¨ªmite para incorporar el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997. En esa fecha, pues, deber¨ªan haberse despejado las inc¨®gnitas que planean sobre el nuevo modelo, y muy especialmente su coste. Habr¨¢ que ver c¨®mo encaja en unos presupuestos fuertemente restrictivos y obligados a reducir el d¨¦ficit al 3% del PIB para poder acceder a la moneda ¨²nica.La reuni¨®n que sostuvo la semana pasada el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera ha permitido conocer detalles hasta ahora poco explicados del nuevo modelo de financiaci¨®n que afectar¨¢ a las 1.5 comunidades aut¨®nomas de r¨¦gimen com¨²n (quedan excluidos el Pa¨ªs Vaco y Navarra por su sistema de concierto econ¨®mico). Y a medida que se conoce la letra peque?a parece m¨¢s dif¨ªcil el acuerdo de todas ellas. Las

tres autonom¨ªas gobernadas por el PSOE-Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha y Extremadura- siguen mostrando una tajante oposici¨®n a la nueva f¨®rmula porque consideran que aumentar¨¢ las diferencias entre comunidades.La capacidad normativa de las Haciendas auton¨®micas sobre el tramo del IRPF cedido y la ausencia de topes son los aspectos m¨¢s cuestionados. Los socialistas temen que la capacidad normativa, adem¨¢s de fragmentar el impuesto, desencadene una guerra de rebajas entre autonom¨ªas con el objetivo de atraerse inversores. De otro lado, consideran que la ausencia de topes disparar¨¢ las diferencias d¨¦ recaudaci¨®n entre comunidades ricas y pobres. Las 10 autonom¨ªas presididas por el PP apoyan globalmente el nuevo modelo, pero en algunos casos -Galicia y Cantabria, entre otros- m¨¢s por disciplina que por convencimiento de sus ventajas, y no han cesado de poner reparos a loscriterios para calcular su cuota de participaci¨®n en los fondos estatales de compensaci¨®n.

Todas estas cuestiones deber¨ªan ser clarificadas y consensuadas, al menos en sus l¨ªneas b¨¢sicas, antes del 16 de septiembre. La creaci¨®n de un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, cuya primera reuni¨®n tendr¨¢ lugar el pr¨®ximo d¨ªa 9 de agosto, permite albergar alguna esperanza en este sentido. El nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica propuesto por el Gobierno y por CiU para el quinquenio 1997-2001 no deber¨ªa ser sentido por nadie como un mero tr¨¢gala, como ha manifestado Felipe Gonz¨¢lez. En buena ley deber¨ªa ser discutido y aceptado por todos, pero CiU ya ha advertido al PP que debe cumplir todos los t¨¦rminos del acuerdo suscrito para el pacto de investidura de Aznar.

Caben pocas dudas sobre el agotamiento del modelo de' financiaci¨®n auton¨®mica vigente en los ¨²ltimos a?os, tan heterog¨¦neo como desincentivador de verdaderas mejoras en la gesti¨®n de las comunidades aut¨®nomas. Era obligada, pues, su reforma en la l¨ªnea de descentralizaci¨®n fiscal auspiciada por CiU y asumida por el PP tras los resultados de las elecciones de] 3 de marzo. Pero es inaceptable que a estas alturas sigan sin conocerse con suficiente detalle los efectos concretos del esquema de financiaci¨®n propuesto por el Gobierno. y CiU. ?Qu¨¦ ocurrir¨¢ con los ingresos totales de cada comunidad aut¨®noma en el horizonte de cinco anos? ?Es neutral el modelo propuesto desde el punto de vista del d¨¦ficit p¨²blico? ?Est¨¢n previstos mecanismos de activaci¨®n suficientemente ¨¢giles para garantizar compensaciones entre las distintas autonom¨ªas ante descensos en la recaudaci¨®n de. los tramos cedidos? Son cuestiones que exigen aclaraciones antes de poner en marcha el nuevo modelo para eliminar esa sensaci¨®n de agravio que tienen algunos gobiernos regionales. Ser¨ªa peligroso que ese sentimiento se trasladara a los ciudadanos de esas comunidades. Corresponsabilidad y solidaridad interregional constituyen los fundamentos sobre, los que se ha de. asentar cualquier esquema de descentralizac¨ª¨®n fiscal para que ¨¦sta deje de ser el resultado de meros acuerdos exigidos por la coyuntura electoral. Las comunidades han de asumir competencias m¨¢s all¨¢ de la eje

cuci¨®n del gasto que el Estado les transfiere. Han de involucrarse directamente en la gesti¨®n de la recaudaci¨®n impositiva y hacer frente con responsabilidad a sus decisiones de endeudamiento. En este sentido es saludable que dispongan de una presencia activa en la Agencia Tributaria y que participen activamente, al menos tanto como en la consecuci¨®n de cesiones impositivas, en las tareas de reducci¨®n del fraude fiscal en sus respectivos territorios. Todo ello ha de ser compatible con una realidad econ¨®mica muy diversa, que exige mecanismos de solidaridad interregional para garantizar que todos los ciudadanos espa?oles tienen acceso a determinadas prestaciones y servicios en condiciones de igualdad.