El embrollo de los papeles secretos...

ENFRENTADO AL peliagudo dilema de si desclasificar como hab¨ªan solicitado tres jueces, documentos secretos del Cesid -parcialmente conocidos tras la publicaci¨®n de algunos de ellos en la prensa-, el Gobierno ha optado por un criterio eminentemente pol¨ªtico. As¨ª se deduce tanto de la naturaleza de la resoluci¨®n adoptada como del mensaje con que ha sido presentada. Por una parte, el Gobierno ha decidido aplicar el mismo criterio a todos los documentos solicitados, sin hacer distinci¨®n en funci¨®n de su contenido; por otra, ha invocado el deseo de la sociedad de mirar al futuro m¨¢s que al pasado, con el que dice identificarse el Gabinete, para dar el asunto por zanjado, a la vez que anuncia un nuevo marco legal que sustituya a la actual Ley de Secretos Oficiales.La hip¨®tesis de que, el Gobierno desclasificar¨ªa algunos documentos, pero no otros, en funci¨®n de su incidencia en la seguridad del Estado hab¨ªa sido considerada como probable. De un lado, porque permit¨ªa dar satisfacci¨®n a las diferentes opiniones que constaba exist¨ªan en el seno del Gobierno. De otro, porque permit¨ªa un apa?o entre la visi¨®n del asunto transmitida por el PP cuando estaba en la oposici¨®n -"no es la seguridad del Estado, sino la de Gonz¨¢lez la que depende de los papeles"- y la m¨¢s matizada luego adoptada desde el Gobierno. Era la soluci¨®n m¨¢s f¨¢cil, y por eso probable, pero ha sido otra la adoptada.

En la decisi¨®n final parece haber primado el criterio pol¨ªtico de no sentar un precedente que podr¨ªa resultar fatal para la credibilidad de los servicios espa?oles en el supermercado mundial de los secretos. Abrir la posibilidad de que un d¨ªa puedan desclasificarse informes que se consideraron secretos cuando fueron realizados plantear¨ªa serios problemas internos: los agentes evitar¨ªan informar de ciertos temas. Pero tambi¨¦n, sobre todo, en relaci¨®n a los servicios secretos de otros pa¨ªses cuya colaboraci¨®n, solicita Espa?a; para combatir a ETA, por ejemplo. Al aplicar el mismo criterio a todos los papeles, con independencia de su contenido concreto, el Gobierno transmite un mensaje dirigido sobre todo a ese mundo de agentes y servicios secretos.

Al justificar la resoluci¨®n con el argumento de que hay que dejar de mirar al pasado, el Gobierno se sit¨²a tambi¨¦n en un terreno pol¨ªtico antes que jur¨ªdico. Transmite la idea de que comparte con la mayor¨ªa de los ciudadanos la sensaci¨®n de hartazgo ante cuestiones que fueron acuciantes hace 10 o 12 a?os, pero que no figuran entre sus preocupaciones actuales. La idea se refuerza con el anuncio de un nuevo marco legal para los secretos oficiales, reconociendo as¨ª que el anterior -en el que se ampar¨® el Gobierno socialista para desestimar la petici¨®n de los jueces- no es satisfactorio. El mismo sentido tiene aprovechar la ocasi¨®n para reiterar su voluntad de reformar el Cesid.

Para actuar de esa manera, el Gobierno se ha tomado tiempo -tres meses-, durante el que, adem¨¢s de enfriar el asunto, se ha asegurado de que al hacerlo no vulneraba ninguna norma legal. Una sentencia del Tribunal de Conflictos hab¨ªa establecido ya en diciembre pasado que la potestad para clasificar y desclasificar documentos secretos corresponde en exclusiva al Gobierno. El dictamen emitido hace dos semanas por el Consejo de Estado confirma esa exclusividad, afirmando que es el Consejo de Ministros quien debe valorar "los lntereses en juego" y en particular "el de la seguridad del Estado, cuya exclusiva interpretaci¨®n le corresponde". Al motivar su decisi¨®n con el argumento de que los documentos en cuesti¨®n inciden en la seguridad del Estado, el Gobierno cuenta con el aval indirecto de casi todos los miembros de la comisi¨®n parlamentaria de secretos oficiales, los cuales, tras conocer el contenido de los papeles objeto de la pol¨¦mica, admitieron hace diez meses, aunque en alg¨²n caso con matizaciones, que s¨ª afectaban a la seguridad.

El otro problema es si, como ayer opinaron algunos pol¨ªticos, la resoluci¨®n implica garantizar la impunidad del general Rodr¨ªguez Galindo y dem¨¢s procesados en sumarios cuyos instructores solicitaron esa desclasificaci¨®n. Es improbable que as¨ª ocurra porque en los sumanos hay los suficientes elementos incriminatorios como para que, por ejemplo, el juez G¨®mez de Lia?o, pese a no poder tomar en consideraci¨®n los papeles robados por Perote cuya desclasificaci¨®n solicita, estimara en un auto que exist¨ªan "di¨¢fanas responsabilidades" de Galindo en el caso Lasa-Zabala.