El Poder Judicial teme que la videovigilancia callejera afecte al derecho a la propia imagen

El Consejo General del Poder Judicial introducir¨¢, previsiblemente, algunas "cargas de profundidad" en el anteproyecto del Gobierno para instalaci¨®n de c¨¢maras de v¨ªdeo en zonas urbanas del Pa¨ªs Vasco, que hoy se debatir¨¢ en Pleno, seg¨²n fuentes del organismo. El informe de la Comisi¨®n de Estudios introduce importantes cautelas, similares a las de la ley de protecci¨®n de datos inform¨¢ticos, para asegurar que las im¨¢genes y sonidos grabados en la via p¨²blica ser¨¢n utilizados s¨®lo para la prevenci¨®n de disturbios callejeros.

La Comisi¨®n de Estudios del Consejo del Poder Judicial considera, seg¨²n el informe, que la grabaci¨®n mediante videoc¨¢maras afecta al derecho a la propia imagen de los ciudadanos, ya que invade un ¨¢mbito de privacidad que hay que preservar, informaron personas conocedoras del texto.El escrito de la Comisi¨®n de Estudios, que la vocal ?ngeles Huet calific¨® de "secreto" por considerarlo afectado por el "secreto de las deliberaciones", juzga "un proyecto garantista" el presentado por el Ejecutivo, si bien la comisi¨®n pretende "ir m¨¢s all¨¢" y configurar el derecho a la propia imagen como un derecho aut¨®nomo, que merece protecci¨®n especifica, en la l¨ªnea del tratamiento que le concede el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El anteproyecto gubernamental pretende evitar las algaradas callejeras en determinadas localidades del Pa¨ªs Vasco y para ello establece que las grabaciones, siempre en lugares p¨²blicos, deber¨¢n ser previamente autorizadas por la autoridad gubernativa, tras escuchar a una comisi¨®n de control presidida por un magistrado del Tribunal Supremo.

Sin embargo, la comisi¨®n de Estudios del Poder Judicial discrepa de esta regulaci¨®n y, seg¨²n las fuentes consultadas, se muestra contraria a la presencia de un miembro de la autoridad judicial en activo en la comisi¨®n de control de las grabaciones. M¨¢s concretamente, el informe se opone a que dicha comisi¨®n deba ser presidida por un magistrado del Tribunal Supremo.

El informe hace especial hincapi¨¦ en que cualquier dato obtenido por las videoc¨¢maras ha de utilizarse para los fines previstos en la ley y especialmente, en que su consecuci¨®n y destino final queden previamente establecidos. Tambi¨¦n reclama mayor transparencia respecto a la autoridad gubernativa competente, para que quede muy claro qui¨¦n se responsabiliza de la captaci¨®n de im¨¢genes en cada momento.

El informe tambi¨¦n pretende un r¨¦gimen m¨¢s estricto en la concesi¨®n de las autorizaciones previas para la instalaci¨®n de las c¨¢maras, independientemente de la autoridad que la expida.

La Comisi¨®n de Estudios pide mayores garant¨ªas sobre la inutilizaci¨®n posterior de, las cintas. El anteproyecto regula esta cuesti¨®n de forma un tanto ambigua, al se?alar que las im¨¢genes y sonidos ser¨¢n destruidas en el plazo m¨¢ximo de dos meses, "salvo que est¨¦n relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves, en materia de seguridad p¨²blica, con una investigaci¨®n policial en curso o con un procedimiento judicial abierto".

Tambi¨¦n piden que se refuerce el control del tratamiento informatizado de las im¨¢genes y voces captadas, de forma similar a la prevista en la ley de protecci¨®n de datos inform¨¢ticos.

Este informe ser¨¢ debatido hoy por el Pleno del Poder Judicial, antes de elaborar el texto definitivo que remitir¨¢ al Gobierno, con car¨¢cter preceptivo pero no vinculante. Con este informe y otro que debe elaborar el Consejo de Estado, el anteproyecto podr¨¢ ser debatido y, en su caso, aprobado por el Consejo de Ministros como proyecto de ley.

Las asociaciones judiciales se encuentran divididas respecto a las intenciones del texto del Gobierno. Mientras la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura lo considera plenamente constitucional y, seg¨²n su portavoz, ?ngel Calder¨®n, "muy garantista", la asociaci¨®n Jueces para la Democracia es m¨¢s reticente y entiende que puede afectar a derechos constitucionales, en especial a la intimidad y la imagen.

El magistrado del Tribunal Supremo C¨¢ndido Conde-Pumpido, miembro de Jueces para la Democracia ha declarado, seg¨²n informa Europa Press, que es "una ilusi¨®n falsa" creer que las videoc¨¢maras van a eliminar la violencia callejera. El magistrado a?adi¨® que, en todo caso, nunca podr¨¢n sustituir a la funci¨®n efectiva de las fuerzas de seguridad.