Alarma social

UN VIOLADOR de dos ni?as en B¨¦lgica fue condenado en 1989 a 13 a?os y 6 meses de prisi¨®n y puesto en libertad condicional en 1992 por buena conducta. Se llama Marc Dutroux y es hoy el principal sospechoso del secuestro, abuso sexual y asesinato de dos ni?as de ocho a?os en lo que parece parte visible de una siniestra red de pedofilia con conexiones internacionales. El jard¨ªn de una de sus viviendas es el de una de esas casas de los horrores que con desgraciada frecuencia aparecen en las cr¨®nicas de sucesos, y el clima de indignaci¨®n de la sociedad no difiere tampoco demasiado del provocado, por ejemplo, en Espa?a por el asesinato de tres adolescentes en Alc¨¢sser.Las circunstancias de los delitos cometidos en B¨¦lgica parecen especialmente repugnantes, y se entiende que, en esas circunstancias, surjan peticiones de mano dura, desde el restablecimiento de la pena de muerte a la fijaci¨®n de condenas m¨¢s duras a los culpables de estos cr¨ªmenes o el endurecimiento de las condiciones para la libertad condicional.

A la hora de determinar los acortamientos de pena desde una perspectiva de reinserci¨®n, la justicia ha de tomar en consideraci¨®n, adem¨¢s de un criterio de equidad, la peligrosidad del detenido. No es lo mismo la posibilidad de reincidencia de un atracador que la de un asesino compulsivo o la de un violador. La indignaci¨®n popular ante los fallos de la polic¨ªa y el sistema penal de B¨¦lgica en este caso tienen, por tanto, fundamento. Pero la justicia tampoco puede actuar a impulsos de los requerimientos inmediatos y en caliente de una opini¨®n. p¨²blica excitada por el horror de una situaci¨®n particular. No puede hacerse ni una justicia a la carta ni una justicia coyuntural, del d¨ªa a d¨ªa, que dependa de los vaivenes de una opini¨®n p¨²blica impresionada hoy por unos cr¨ªmenes de ni?as inocentes, pero que ma?ana puede estarlo por los delitos econ¨®micos, la corrupci¨®n pol¨ªtica o los delitos contra la propiedad.

Otra cosa es que se llegue a la conclusi¨®n de que no se trata de cr¨ªmenes excepcionales, sino cotidianos, y que la realidad que esconde el asesinato de las dos ni?as en B¨¦lgica es la de una de tantas redes de explotaci¨®n infantil, que si en el mundo desarrollado supone un fen¨®meno m¨¢s o menos controlado y limitado, en el Tercer Mundo es tr¨¢gicamente habitual. Y es l¨ªcito preguntarse si las legislaciones nacionales y las pol¨ªticas de prevenci¨®n y lucha est¨¢n adaptadas a esta realidad, que incluye desde la prostituci¨®n a la pornograf¨ªa infantil o la filmaci¨®n de v¨ªdeos con muertes reales que se venden a precio de oro.

Sobre todo ello puede plantearse un debate, cuyas conclusiones ser¨ªa prematuro aventurar, pero, en el caso concreto de B¨¦lgica, lo deseable es que, sencillamente, se aplique la ley, con el rigor que determinen los jueces, a quienes se halle culpables tras un proceso justo y con garant¨ªas. Para entonces, seguro que ha disminuido la actual presi¨®n social y la justicia podr¨¢ actuar con criterios nunca dependientes de las cambiantes tendencias de la opini¨®n p¨²blica.