Rato prepara una nueva Ley General Presupuestaria

La consigna mas repetida en el ¨¢rea econ¨®mica del Gobierno, en especial la que participa directamente en la elaboraci¨®n del Presupuesto, es que "los mercados tienen que creerse las cuentasExiste un temor nada disimulado a que los inversores reaccionen con incredulidad y castiguen la pol¨ªtica presupuestaria de Rato y su equipo. Para asegurar esta confianza, el Gobierno ha elaborado el plan de reforzamiento de la disciplina presupuestaria, que impone numerosas limitaciones al traslado de gastos.

Adem¨¢s, pretende redactar una nueva Ley General Presupuestaria, que desea tener aprobada en los primeros meses de 1997 y articular una nueva pol¨ªtica general de compras y alquileres del Estado, aunque a¨²n no se ha decidido qu¨¦ tipo de normativa encauzar¨¢ esta pretensi¨®n.

En el texto de la nueva Ley General Presupuestaria que prepara la Secretar¨ªa de Estado de Presupuestos se incorporar¨¢n todas las limitaciones y cautelas introducidas en el proyecto de Ley de Disciplina del Gasto que quiere aplicar inmediatamente (v¨¦ase EL PA?S del pasado d¨ªa 6).

Inversiones a largo plazo

Pero, adem¨¢s de restringir la posibilidad de que se difieran los gastos contra¨ªdos durante un ejercicio o se evite su reconocimiento por el sistema de no dotar partidas presupuestarias, se pretende establecer proyectos de programaci¨®n de inversiones a m¨¢s largo plazo (programaci¨®n plurianual), de forma que el efecto de la inversi¨®n p¨²blica sobre la econom¨ªa pueda planearse sin el cors¨¦ de los cr¨¦ditos anuales. De nuevo, una declaraci¨®n de principios, como las que realizaron otros Gobiernos, sobre la planificaci¨®n de la inversi¨®n p¨²blica que hasta ahora en pocos casos y ocasiones se ha conseguido articular. Adem¨¢s, el departamento de Rato quiere aplicar otra regla magna de austeridad, que convenza de las intenciones constrictivas del sector p¨²blico que proclama el Gobierno. Se trata de poner en marcha una "reordenaci¨®n" de la pol¨ªtica de alquileres y compra de inmuebles que tiene el Estado.Existe la convicci¨®n plena de que en muchos casos el Gobierno est¨¢ pagando alquileres por encima del coste del mercado mientras que, por otra parte, mantiene edificios vac¨ªos o infrautilizados. El objetivo es introducir racionalidad en la gesti¨®n inmobiliaria, una de las piezas del ajuste que se quiere aplicar en el cap¨ªtulo segundo del Presupuesto (bienes corrientes y servicios).