Una sentencia pone en peligro la plaza de 40 catedr¨¢ticos

EL Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha (lado a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n del Gobierno regional un ¨²ltimo plazo, que expira la pr¨®xima semana, para ejecutar la sentencia dictada por la sala provincial de Santa Cruz de Tenerife que anula el primer concurso de catedr¨¢ticos convocado en 1991 y resuelto en 1993. Cuarenta catedr¨¢ticos podr¨ªan perder su condici¨®n de tal de aplicarse esta sentencia. Con esa iniciativa, el alto tribunal trata de poner punto y final a una pol¨¦mica de a?os, salpicada de denuncias contra el mencionado concurso para adquirir la condici¨®n de catedr¨¢tico de ense?anza secundaria.La ra¨ªz del conflicto radica en la aplicaci¨®n por parte de Educaci¨®n de "un criterio corrector que alter¨® dr¨¢sticamente la puntuaci¨®n final de los concursantes". El TSJC reconoce que esta modificaci¨®n se realiz¨® mediante una resoluci¨®n secreta que "coloc¨® en situaci¨®n de indefensi¨®n a los participantes".

Dicha irregularidad, que contraviene las normas b¨¢sicas que rigen este tipo de convocatorias, se ha visto agravada por el hecho de que gracias a ella adquirieron la condici¨®n de catedr¨¢ticos familiares de miembros de los tribunales y altos cargos de la Administraci¨®n canaria, entre ellos el propio director general de Personal de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, Jes¨²s Torrent. El fallo judicial sostiene que Torrent Samperio actu¨® como juez y parte y puntualiza que "debi¨® de abstenerse de intervenir porque su doble condici¨®n hac¨ªa desaparecer cualquier atisbo de imparcialidad".

"Imposibilidad material"

Seg¨²n las estimaciones iniciales del colectivo de afectados, un m¨ªnimo de 40 de los casi 500 catedr¨¢ticos podr¨ªan perder tal condici¨®n si se aplicara el baremo sin el mencionado criterio corrector, am¨¦n de otras presuntas irregularidades denunciadas posteriormente como la de aunar cursos para sumar mayores puntuaciones. Las denuncias se han presentado tanto a nivel individual como colectivo por un grupo de 200 profesores que se sienten perjudicados, y ha dado lugar a varios pronunciamientos por parte del Tribunal Superior.La Consejer¨ªa de Educaci¨®n se aferra precisamente a la existencia de sentencias contradictorias, puesto que el primer pronunciamiento judicial dictado por la sala de Las Palmas de Gran Canaria result¨® favorable. La imposibilidad de presentar un recurso de solicitud de unificaci¨®n de doctrinas por tratarse de temas de personal ha dejado escaso margen de actuaci¨®n a las autoridades educativas de la comunidad aut¨®noma; no obstante, la secretaria general t¨¦cnica, Mar¨ªa Teresa Larrea, anunci¨® que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n no ejecutar¨¢ la sentencia por "imposibilidad material".