El 'caso Azpiegitura" sienta en el banquillo a 12 procesados por una estafa de 571 millones de pesetas

Tambi¨¦n est¨¢ procesada la su puesta trama pol¨ªtica de la esta fa, Juan Llorens, ex presidente de Azpiegitura, y Daniel Arranz, ex gobernador de Vizcaya, am bos del PSE-PSOE, y otros t¨¦c nicos, as¨ª como los expertos que la avalaron con estudios, los profesores Jes¨²s S¨¢ez de Ome?aca y Roberto Idiondo. Este caso llev¨® a prisi¨®n en febrero de 19941 durante cinco meses, a Ere?o y L¨®pez, y en marzo a Ome?aca, profesor de la Universidad de Cantabria, por un mes.La tormenta pol¨ªtica desencadenada por la juez Olatz Aizpurua, tras la denuncia presentada. por el fiscal Javier Huete en agosto de 1993, oblig¨® a Llorens a dimitir como diputado de Ur banismo de Vizcaya y a punto estuvo de costar a Arranz su cargo, de gobernador. La juez acus¨® a Arranz de prevaricaci¨®n por actuar con "absoluta despreocupaci¨®n y desidia" como miembro del consejo de Azpiegitura, dependiente de la Diputaci¨®n, al aprobar un incremento de 334 millones, m¨¢s del 50%, sobre el proyecto inicial, cifrado en 640. Ante el cariz de los acontecimientos, los socialistas vizca¨ªnos acusaron a su vez a Aizpurt¨ªa de prevaricaci¨®n, de arbitrariedad caprichosa y de intervenir de manera "espuria" y con un "criterio pol¨ªtico". El Consejo del Poder Judicial sali¨® en defensa de la juez y el fiscal denunci¨® por injurias y desacato a la direcci¨®n vizca¨ªna del PSE-EE, asunto que sigue en el Tribunal Supremo.

Pero, al margen de las responsabifidades de los pol¨ªticos, que en el caso de Llorens s¨®lo mantiene HB, lo que tendr¨¢ que determinar la sala son los culpa bles y las penas.por una estafa iniciada a?os antes. Informes dispares

La Diputaci¨®n encarg¨® en mayo de 4989 al taller de arquitectura Altau, de L¨®pez e Isabel Diego, la construcci¨®n de un centro de nuevas iniciativas en Bilbao. Seg¨²n el proyecto inicial la constructora deber¨ªa excavar 12 metros para, hallar la roca en la que sustentar los cimientos. Sin embargo, Altau hab¨ªa encargado a Gough, una sociedad de Ereno, otro informe en el que se situaba el suelo rocoso a 25. En ese momento, tanto el arquitecto como el constructor sab¨ªan que los gas tos previstos, 640 millones, se en carecer¨ªan a la fuerza, pero Altau mantuvo esa cifra.

Azpiegitura, presidida entre 1989 y 1991 por Llorens, que siempre ha negado conocer ese segundo informe, adjudic¨® la obra a Ere?o. Los problemas de cimentaci¨®n comenzaron en junio de 1991, a los cinco meses de iniciados los trabajos. La construcci¨®n se encareci¨® primero en 335 millones; despu¨¦s, con la re forma del proyecto, se dispar¨® hasta los 1.230 y el coste final super¨® los 2.000. El edificio acoge ahora la sede de Lantik (Inform¨¢tica de la Diputaci¨®n).

Los t¨¦cnicos de la Diputaci¨®n no siguieron la obra, que qued¨® en manos de L¨®pez y Ere?o, as¨ª como del hombre de confianza de Llorens, Javier Mart¨ªnez (PNV), y de los aparejadores Federico Lorenzo y Enrique Almenara. Este dato fue conocido por el nuevo gestor de Azpiegitura, Jos¨¦ Luis Bilbao (PNV), en septiembre de 1991. Pero no se rescindieron los contratos de L¨®pez y Ere?o hasta noviembre de 1992 y marzo de 1993.

Bilbao dice que no sospech¨® nada hasta que Idom, empresa que se hizo cargo de la obra a finales de 1991, inform¨® de las supuestas irregularidades. Las que llevaron a la c¨¢rcel a Ere?po y L¨®pez fueron las inyecciones para que el edificio no se cayera y cuya necesidad argument¨® Altau en diciembre de 1991, avaladas por documentos de la Universidad de Cantabria y la Escuela de Ingerieros de Bilbao redactados por Ome?ac¨¢ e Idiondo.

La juez proces¨® por estafa a Ere?o por cobrar 571 millones por una cimentaci¨®n no realizada. Ere?o certific¨® con facturas falsas de 20 millones suministradas por el responsable de la empresa Codemol, Pedro Larrabeiti, haber inyectado 10.355 metros c¨²bicos de sulfatos y cemento. La declaraci¨®n de Larrabeiti fue fundamental contra Ere?o y L¨®pez. Ambos utilizaron los supuestos avales cient¨ªficos de Ome?aca, amigo de Ere?o, e Idiondo para "dar verosimilitud" a las inyecciones "sin realizar labores de comprobaci¨®n", seg¨²n el fiscal.