El deslizamiento

El Pleno de la Sala Segunda del Supremo resolvi¨® anteayer, despu¨¦s de escuchar los alegatos del fiscal, la acci¨®n popular, las acusaciones privadas y la defensa de varios procesados, desestimar el recurso de apelaci¨®n contra el auto con que el magistrado instructor del sumario Marey hab¨ªa rechazado la citaci¨®n de Felipe Gonz¨¢lez, Narc¨ªs Serra y Benegas para deponer en la causa. La circunstancia de que la decisi¨®n haya sido adoptada por seis votos contra cuatro tras varias horas de deliberaci¨®n brinda a sus m¨¢s airados cr¨ªticos la oportunidad de subrayar la divisi¨®n interna del tribunal; la regla de la mayor¨ªa, sin embargo, fue creada para dirimir conflictos cuando no es posible la unanimidad: la puesta en cuesti¨®n de ese procedimiento de arbitrar disputas har¨ªa imposible el funcionamiento no s¨®lo del sistema democr¨¢tico y del Estado de Derecho, sino tambi¨¦n de la mayor¨ªa de las instituciones sociales.Aunque la formidable presi¨®n ejercida sobre el Poder Judicial en los ¨²ltimos d¨ªas por algunos medios de comunicaci¨®n -convertidos en punta de lanza de la cruzada antisocialista- ten¨ªa como principal objetivo que Felipe Gonz¨¢lez fuese llamado a declarar en el sumario Marey, esa desmelenada ofensiva aprovech¨® tambi¨¦n el viaje para deslegitimar por anticipado la eventual desestimaci¨®n del recurso, El ventajismo de jugar con cartas marcadas aseguraba ganancias en ambos tapetes: si el ex presidente del Gobierno hubiese sido citado a declarar, la medida habr¨ªa sido aclamada como una sabia decisi¨®n del Tribunal Supremo en tanto que instituci¨®n merecedora de los m¨¢ximos elogios por su imparcialidad e independencia; al ser denegada la petici¨®n, sin embargo, el fallo pasa a ser fruto de seis magistrados con nombre y apellidos animados por sospechosos y oscuros m¨®viles. Pocas veces las maniobras para instrumentalizar una decisi¨®n judicial al servicio de un objetivo pol¨ªtico han sido tan obscenas: sin conocer todav¨ªa la fundamentaci¨®n sobre la que descansan tanto la resoluci¨®n adoptada como los votos particulares, no faltan ya quienes den por descontada la mala fe prevaricadora de la mayor¨ªa de los magistrados de la Sala Segunda.

Los partidarios de que Felipe Gonz¨¢lez fuese llamado a declarar por el Supremo restaban importancia a la citaci¨®n con el argumento de que tal paso no implicaba ni su procesamiento ni menos a¨²n su condena. En teor¨ªa, la relativizaci¨®n de ese tr¨¢mite es correcta; sucede, sin embargo, que la Junta de Fiscales sent¨® la doctrina seg¨²n la cual resulta necesario solicitar autorizaci¨®n de las C¨¢maras no s¨®lo para procesar a los parlamentarios aforados en el Supremo, sino tambi¨¦n para tomarles declaraci¨®n si existe el riesgo de que su deposici¨®n pudiera dar lugar a su inculpaci¨®n. Dejando a un lado a los expertos en enjuiciamiento criminal, el ceremonial parlamentario del suplicatorio y la posterior comparecencia del diputado Felipe Gonz¨¢lez ante la Sala Segunda hubiesen sido percibidos socialmente como una forma debilitada de procesamiento e incluso como un ensayo general del juicio oral: no hay que ser demasiado malicioso para sospechar que los m¨¢s entusiastas partidarios de que el ex presidente declarase ante el Supremo quer¨ªan provocar mediante la resonancia del suplicatorio ese insensible deslizamiento desde la citaci¨®n testifical hasta la inculpaci¨®n, el procesamiento y la condena.

La decisi¨®n de la Sala Segunda no significa que Felipe Gonz¨¢lez no pudiera ser llamado m¨¢s adelante como imputado en el sumario Marey o en cualquier otro procedimiento relacionado con el caso GAL si apareciesen nuevos elementos probatorios. Esa ominosa eventualidad puede desempe?ar en la pol¨ªtica espa?ola un papel similar al memento moris con que los predicadores aterrorizan a sus feligreses: un recordatorio judicial capaz de mantener a los socialistas maniatados durante varios anos por la inquietante expectativa de que su secretario general y candidato presidencial termine compareciendo ante los tribunales.