Las autonom¨ªas recurren al Constitucional m¨¢s de la mitad de las leyes medioambientales

Las autonom¨ªas no quieren legislaci¨®n estatal medioambiental. Tienen las competencias, y cualquier asomo de regulaci¨®n les huele a estatalismo. De 1984 a 1994 han recurrido al Tribunal Constitucional el 56,8% de las, normas de protecci¨®n ambiental m¨¢s del doble de la media (23,6%) de los recursos presentados ante el alto tribunal por otras cuestiones, seg¨²n destac¨® ayer Cristina ?lvarez, directora del Instituto para la Pol¨ªtica Ambiental Europea / Madrid. En Medio Ambiente creen que responden a una interpretaci¨®n "fuerista" de autoafirmaci¨®n frente al Estado.

El precipitado traspaso de competencias medioambientales a las comunidades aut¨®nomas, sin que el Estado dispusiera de normas ni de una cultura b¨¢sica, hace inoperante m¨¢s de la mitad de la legislaci¨®n en esta materia -el 56,8%-. Son datos extra¨ªdos de las impugnaciones auton¨®micas ante el Tribunal Constitucional realizadas en diez a?os (1984-94), recogidos por el Ministerio de Administraciones P¨²blicas.La directora en Espa?a del Instituto para la Pol¨ªtica Ambiental Europea (IPAE), Cristina ?lvarez, los revel¨® ayer en la celebraci¨®n del XX Aniversario de esta entidad privada que tiene en su haber un amplio trabajo de influencia en los foros europeos para sensibilizar a los pol¨ªticos sobre acciones de protecci¨®n al Medio Ambiente. Desde que se fund¨® hace veinte a?os, la IPAE ha colaborado codo a codo, con la Comunidad Europea y la Uni¨®n Europea despu¨¦s, en el desarrollo de estas pol¨ªticas mediante informes y estudios pioneros en este campo.

Parte de los frutos de ese trabajo callado se har¨¢ patente en a Cumbre Europea de Dubl¨ªn que se celebra este fin de semana, donde se plantea la reforma del Tratado de Roma. De los cuatro art¨ªculos a modificar, seg¨²n Nigel Haigh, director del PAE en Londres y miembro el Consejo Asesor de la Agencia Europea del Medio Ambiente, tres han surgido de propuestas de la IPAE: uno de ellos es la inclusi¨®n de la promoci¨®n del desarrollo sostenible en el Tratado; otro es una nueva cl¨¢usula para que el Medio Ambiente se integre en todas las pol¨ªticas de la UE y no permanezca aislada en una sola direcci¨®n general. La tercera es colateral pero tambi¨¦n est¨¢ vinculada a esta materia. Aborda la posibilidad de que los miembros adheridos con mucha cultura protectora a sus espaldas, como Suecia y Austria, puedan mantener sus elevados est¨¢ndares sobre plaguicidas, herbicidas y productos qu¨ªmicos, mucho m¨¢s exigentes que los vigentes en la UE. A partir de Dubl¨ªn la UE dispone de seis meses para aprobar estas reformas.

Reci¨¦n nacido sin biber¨®n

Cristina ?lvarez aprovech¨® la puesta de largo de IPAE en Espa?a para examinar el cumplimiento de la legislaci¨®n ambiental comunitaria. Una de cal y muchas de arena. En el corto espacio de disfrute democr¨¢tico se han descentralizado las administraciones p¨²blicas y se han incorporado al derecho interno m¨¢s de dos centenares de normas comunitarias, sin mediar periodo transitorio. Se ha dado a luz un ni?o, pero no se le ha dado el biber¨®n que necesita.Prueba de ello es que el incumplimiento de las directivas europeas ha dado pie a la apertura de 33 procedimientos por infracci¨®n, 14 de los cuales deben resolverse el a?o pr¨®ximo. Tres lo fueron por incorporaci¨®n inadecuada, siete por no aplicaci¨®n y 23 por no comunicar las medidas adoptadas.

En el diagn¨®stico de esos incumplimientos, Cristina ?lvarez detecta que las administraciones p¨²blicas no act¨²an de manera coordinada en el ejercicio de sus competencias, no cuentan con recursos humanos y materiales adecuados ni involucran a los agentes sociales implicados.

El subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Claro J. Fern¨¢ndez-Carnicero, excus¨® la inmadurez del departamento por su corta edad (naci¨® el pasado mes de junio). Y atribuy¨® la falta de lubricante entre las administraciones estatales y auton¨®micas a la ausencia de una legislaci¨®n b¨¢sica que sirva a unas y. otras de referente.

En su opini¨®n, los conflictos entre ambas administraciones surgen por una interpretaci¨®n de la legislaci¨®n en t¨¦rminos "fueristas" de autoafirmaci¨®n frente al Estado, en lugar de considerarla instrumental.