El Tribunal Supremo pide al Gobierno los 'papeles del Cesid' para examinarlos en secreto

El Tribunal Supremo pedir¨¢ al Gobierno los 20 papeles del Cesid que reclaman tres jueces de instrucci¨®n que los relacionan con la guerra sucia contra ETA. Tras m¨¢s de tres horas e deliberaci¨®n, el pleno de la Sala Tercera decidi¨® que sus 33 magistrados cotejar¨¢n de forma reservada los documentos. La pr¨¢ctica de tal prueba ser¨¢ previa a la resoluci¨®n de los tres recursos contencioso-administrativos planteados contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto de no desclasificar los papeles. La decisi¨®n, acatada ya por el Gobierno, admite la propuesta subsidiaria del letrado de los recurrentes, ??igo Iruin, y el rechazo de la del fiscal, que propon¨ªa que los documentos fueran cotejados por tres magistrados delegados de la sala.

, Al t¨¦rmino de la reuni¨®n del pleno de la sala -comenz¨® despu¨¦s de las 17 horas y termin¨® hacia las 20.30-, se inform¨® del acuerdo adoptado. La prueba solicitada por el recurrente y el fiscal, consistente en el cotejo de los documentos aut¨¦nticos del Cesid con las versiones dadas de ellos por tres jueces de instrucci¨®n, se practicar¨¢ mediante el "examen reservado por el pleno y en la sede de este tribunal" de los 20 documentos del Cesid cuya desclasificaci¨®n fue denegada por acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto ¨²ltimo.La decisi¨®n fue adoptada por unanimidad a propuesta de los ponentes de los tres recursos: Gustavo Lescure, Enrique C¨¢ncer y Ram¨®n Trillo. Los tres magistrados plantearon como "elemental" que deb¨ªan ser todos los miembros de la sala los que contrastaran los documentos y no una delegaci¨®n de la misma, como propon¨ªa el fiscal. La argumentaci¨®n, que figurar¨¢ en la resoluci¨®n que se notificar¨¢ la pr¨®xima semana, es que "cada uno de los 33 tiene que tener su propia opini¨®n para decidir en un asunto como la seguridad del Estado, con muchos matices", seg¨²n fuentes de la sala.

Hablaron unos 30 magistrados

Apenas se produjo debate sobre esta propuesta en una sesi¨®n en la que intervino una treintena de magistrados. M¨¢s intensa fue la deliberaci¨®n, seg¨²n las mismas fuentes, sobre el acta que levantar¨¢ el secretario de la sala y sobre la intervenci¨®n de ¨¦ste. Se acord¨® que el contenido del acta se decidir¨¢ cuando los 33 magistrados vean los documentos.

En un momento de la discusi¨®n jur¨ªdica se plante¨® por qu¨¦ los jueces de instrucci¨®n no pueden ver directamente los documentos que reclaman. Hubo acuerdo en que el ordenamiento jur¨ªdico vigente no lo permite y se record¨® la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n de 14 de diciembre de 1995.

Dicho fallo, adem¨¢s de declarar la competencia de Defensa para resolver sobre la entrega de los documentos, indicaba que el juez de instrucci¨®n que considere necesarios para una investigaci¨®n sumarial determinados documentos clasificados como secretos pod¨ªa dirigirse al ministro correspondiente para que ¨¦ste trasladara la petici¨®n al Consejo de Ministros, a fin de que "`¨¦ste pueda valorar, dentro de sus funciones directivas de gobierno, los intereses en juego, principalmente el de la seguridad del Estado, cuya exclusiva interpretaci¨®n le corresponde en esta materia, y decidir en consecuencia".

Se produjo coincidencia tambi¨¦n, siempre seg¨²n fuentes de la sala, en que muy distinta a la posici¨®n del juez penal es la de la Sala Tercera del. Supremo, competente para revisar los actos del Gobierno. Algunos magistrados plantearon si el ordenamiento espa?ol debe seguir el derecho comparado. Se adujeron sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y se lleg¨® a la conclusi¨®n de que la ley de Secretos Oficiales debe cambiarse, a la luz de la Constituci¨®n.

La sesi¨®n se inici¨® con las intervenciones de los ponentes sobre cada una de las pruebas, dejando para el final la relativa al examen de los documentos. Se aceptaron otras pruebas, tales como la aportaci¨®n de resoluciones relacionadas con el caso, as¨ª como la obtenci¨®n de un informe del Defensor del Pueblo sobre la materia y de otro del Consejo General del Poder Judicial, muy cr¨ªtico con el anteproyecto de ley de Secretos Oficiales.

Decisi¨®n final no anticipada

La sala tuvo muy claro que la decisi¨®n tomada ayer no anticipa la que finalmente se adopte, una vez examinados los documentos. Algunos magistrados creen que, aunque inicialmente todas las pruebas deben practicarse en 20 d¨ªas -que concluyen el 14 de febrero pr¨®ximo-, si el, letrado Iruin recurre contra su no participaci¨®n en el examen de los documentos la resoluci¨®n de ese recurso retrasar¨ªa los plazos.

La convocatoria del pleno de ayer por el presidente de la Sala Tercera, ?ngel Rodr¨ªguez Garc¨ªa, con d¨ªa y medio de antelaci¨®n y para las cinco de la tarde de un viernes, provoc¨® malestar entre algunos magistrados, que tuvieron que devolver billetes para sus lugares de destino de fin de semana. Adem¨¢s, Rodr¨ªguez mostr¨® obsesi¨®n por la seguridad: prohibi¨®, por primera vez en la historia del Supremo, el acceso de los informadores al interior del Palacio de Justicia; impidi¨® despu¨¦s el acceso de c¨¢maras de televisi¨®n y fot¨®grafos a la Sala de Prensa, y finalmente, al no recibir seguridades de que los periodistas hubieran entregado sus magnet¨®fonos, deleg¨® la lectura del acuerdo en un magistrado adscrito a los servicios t¨¦cnicos: Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas.