Original y copia

El pasado viernes, la Sala Tercera del Supremo requiri¨® al Gobierno la entrega de los originales de una veintena de documentos (archivados en el Cesid al amparo de la Ley de Secretos Oficiales) para cotejarlos con las copias sustra¨ªdas primero por el coronel Perote, utilizadas despu¨¦s por Mario Conde con el fin de chantajear al Estado mediante su publicaci¨®n controlada en El Mundo e incorporadas finalmente a los sumarios diligenciados por dos jueces de instrucci¨®n de la Audiencia Nacional y otro de San Sebasti¨¢n. La fiscal¨ªa hab¨ªa pedido que la compulsa fuese llevada a cabo por tres magistrados comisionados por pleno de la Sala Tercera; la adopci¨®n de esa medida habr¨ªa significado el injerto en las normas procesales espa?olas una instituci¨®n importada de Estados Unidos (el examen in camera) con el riesgo de que ese trasplante fuese rechazado por el ordenamiento jur¨ªdico. La Sala Tercera ha encomendado a sus 33 miembros la tarea de cotejar en secreto los originales y las copias de los papeles del Cesid; s¨®lo queda por ver si la marginaci¨®n de la defensa en ese tr¨¢mite de verificaci¨®n es conforme con la Constituci¨®n.Si bien la admisi¨®n a tr¨¢mite de esta prueba no prejuzga el contenido de la futura sentencia, resulta evidente que ha sido franqueado un nuevo obst¨¢culo en el camino que conduce a la desclasificaci¨®n como secretos de los llamados papeles del Cesid. Los comienzos (el robo cometido por el coronel Perote) y los objetivos (la extorsi¨®n intentada, por el ex banquero Conde con la colaboraci¨®n del diario El Mundo) de este follet¨ªn por entregas protagonizado por esp¨ªas, ladrones. y chantajistas quedan por el momento al margen del asunto. Ahora se trata exclusivamente de saber si esa veintena de documentos se corresponden con los originales en posesi¨®n del Ejecutivo; caso de producirse la adveraci¨®n de los papeles del Cesid ya publicados en la prensa, la Sala Tercera deber¨ªa decidir si el Consejo de Ministros presidido por Aznar actu¨® correctamente el pasado 2 de agosto al negarse a desclasificarlos como secretos en nombre de la seguridad del Estado. En el supuesto de que los magistrados considerasen injustificada (parcial o totalmente) dicha negativa, la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa ser¨ªa la puerta trasera para la entrada de esos documentos como prueba en la jurisdicci¨®n penal. El debate t¨¦cnico-jur¨ªdico en torno a la capacidad de la Sala Tercera para anular la decisi¨®n adoptada por el Gobierno Aznar de no desclasificar los papeles del Cesid reclamados por los tres jueces de instrucci¨®n divide a los expertos en una especie de guerra civil doctrinal. Mas all¨¢ de la sentencia dictada en diciembre de 1995 por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n, el asunto en discusi¨®n es saber si aquella resoluci¨®n fue un acto pol¨ªtico excluido de la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa por afectar -seg¨²n establece la ley de 1956- "a la defensa del territorio nacional, relaciones internacionales, seguridad interior y exterior del Estado y mando y organizaci¨®n militar".

Si la Sala Tercera resolviese finalmente desclasificar la totalidad o una parte de los papeles del Cesid, los tribunales penales podr¨ªan utilizarlos como pruebas contra los mandos del Ej¨¦rcito y de la Guardia Civil y los altos cargos pol¨ªticos inculpados en los tres sumarios en curso. Cuando el Consejo de Ministros presidido por Aznar se neg¨® a desclasificar esos documentos, algunos portavoces del PP atribuyeron esa decisi¨®n al altruista prop¨®sito del Gobierno de no acosar por la v¨ªa penal a Felipe Gonz¨¢lez y a la oposici¨®n socialista. No parece, sin embargo, que esa noble motivaci¨®n siga inspirando a los populares, las declaraciones del vicepresidente Cascos solicitando la depuraci¨®n de las responsabilidades no s¨®lo pol¨ªticas, sino tambi¨¦n penales del anterior Gobierno por la supuesta amnist¨ªa fiscal de 200.000 millones a 600 amiguetes del PSOE da motivos para pensar que la desclasificaci¨®n de los papeles del Cesid ser¨ªa acogida con alborozo en el Palacio de la Moncloa.