Un amplio compromiso para mejorar la educaci¨®n

Una reforma educativa que pretende ampliar la educaci¨®n a todos los alumnos, organizar nuevas etapas educativas, transformar la formaci¨®n profesional, mejorar la calidad de la ense?anza y conseguir una mayor igualdad en el acceso a la educaci¨®n necesita tiempo y un apoyo sostenido de todos los sectores sociales. Los cambios educativos que se propusieron a comienzos de los a?os ochenta no eran propuestas superficiales y escasamente relevantes, sino que respond¨ªan a las profundas transformaciones sociales que se estaban produciendo en Espa?a. Hoy, casi dos d¨¦cadas despu¨¦s, esos mismos cambios son imprescindibles. Mientras que la sociedad avanza a un ritmo imparable, la educaci¨®n tiene el riesgo de quedarse claramente rezagada. Hay que reconocer, sin embargo, que los cambios en educaci¨®n exigen un tiempo prolongado y una mayor confluencia de esfuerzos y de voluntades.La importancia de la reforma educativa para el futuro de la sociedad espa?ola hace necesario avanzar hacia un compromiso de todos los sectores pol¨ªticos y sociales en el que se establezcan las bases comunes para su desarrollo y culminaci¨®n. Un compromiso que se extender¨ªa a los pr¨®ximos cinco a?os, tiempo necesario para consolidar los cambios educativos. Los elementos b¨¢sicos de este acuerdo ser¨ªan los siguientes:

1. Financiaci¨®n de la educaci¨®n. Acuerdo parlamentario para la financiaci¨®n de la reforma educativa a lo largo de los pr¨®ximos cinco a?os. En este acuerdo se establecer¨¢n los compromisos presupuestarios para completar la red de institutos de secundaria, la mejora de la calidad de los centros p¨²blicos, la financiaci¨®n de la formaci¨®n profesional, los programas de compensaci¨®n de las desigualdades, la financiaci¨®n de los conciertos educativos con los centros privados y el inicio de un nuevo sistema de incentivos profesionales a los profesores. De esta forma, al final de este proceso, el porcentaje del gasto p¨²blico en educaci¨®n se situar¨¢ previsiblemente por encima del 5,5% del PIB. Esta cifra situar¨ªa a Espa?a entre los pa¨ªses que otorgan a la educaci¨®n una clara prioridad.

2. Estructura del sistema educativo. Se mantendr¨¢ el objetivo de extender la educaci¨®n obligatoria y gratuita hasta los 17 a?os y la organizaci¨®n de la educaci¨®n secundaria en dos etapas: secundaria obligatoria de cuatro a?os de duraci¨®n y bachillerato. El ¨²ltimo a?o de la educaci¨®n obligatoria tendr¨¢, adem¨¢s de la finalidad de completar la educaci¨®n b¨¢sica, un car¨¢cter orientativo para los alumnos seg¨²n fueran a cursar posteriormente estudios de bachillerato o de formaci¨®n profesional. La organizaci¨®n de las ense?anzas se realizar¨¢ con criterios flexibles, desarrollando la autonom¨ªa de los centros y la atenci¨®n a la diversidad de los alumnos.

3. Sistema integrado de formaci¨®n profesional. Se impulsar¨¢n las iniciativas pol¨ªticas, legislativas y organizativas para configurar un sistema integrado de todas las ofertas de formaci¨®n profesional. Se desarrollar¨¢ el sistema nacional de cualificaciones y la correspondencia entre la experiencia laboral y los m¨®dulos de formaci¨®n profesional.

4. Desarrollo profesional y valoraci¨®n social de los docentes. Se dise?ar¨¢ un nuevo marco de incentivos profesionales y retributivos para los profesores. El actual sistema se sexenios relacionados con la formaci¨®n se ampliar¨¢ con nuevos incentivos vinculados a la valoraci¨®n de la pr¨¢ctica docente, a los proyectos de innovaci¨®n o al trabajo en equipo. Se ampliar¨¢ la oferta de formaci¨®n del profesorado.

5. Financiaci¨®n de la ense?anza. El reconocimiento y apoyo a la ense?anza p¨²blica, abierta a todos los alumnos, debe armonizarse con el derecho de la ense?anza privada a recibir los recursos necesarios para cumplir sus objetivos con criterios de calidad, proporcion¨¢ndose m¨¢s medios a aquellos centros que escolarizan alumnos con mayores problemas sociales y culturales o con necesidades educativas especiales.

Durante los pr¨®ximos a?os se mantendr¨¢ el esfuerzo presupuestario para completar la red de institutos de educaci¨®n secundaria, mejorar las instalaciones y equipamientos, incorporar la plantilla necesaria de profesores y dotar a todos los institutos de departamentos de orientaci¨®n. Los centros situados en zona rural recibir¨¢n una especial atenci¨®n. Se extender¨¢ la gratuidad de la ense?anza hasta los 16 a?os y, en consecuencia, se ampliar¨¢n los conciertos educativos hasta el final de la educaci¨®n secundaria obligatoria. Al t¨¦rmino de este proceso se proceder¨¢ a la fijaci¨®n de los m¨®dulos econ¨®micos en funci¨®n de las caracter¨ªsticas de las nuevas ense?anzas y se desarrollar¨¢n sistemas de financiaci¨®n con corporaciones locales, otras administraciones p¨²blicas y entidades privadas titulares de centros concertados, sin fines de lucro, para ampliar la oferta gratuita del segundo ciclo de la educaci¨®n infantil.

6. Elecci¨®n de centro. Se facilitar¨¢ la elecci¨®n de centro a los padres. Esta posibilidad de elecci¨®n tendr¨¢ como l¨ªmite la oferta de plazas disponibles. Los criterios de admisi¨®n ser¨¢n comunes y objetivos para garantizar la igualdad entre todos los alumnos. En este marco se ampliar¨¢ razonablemente la zona de influencia de los centros. En el caso de un n¨²mero insuficiente de puestos en un centro ser¨¢n criterios de decisi¨®n la proximidad del domicilio, los hermanos en el centro y la renta de los padres. Todos los centros sostenidos con fondos p¨²blicos tendr¨¢n la obligaci¨®n de escolarizar a los alumnos con necesidades educativas especiales o que proceden de minor¨ªas ¨¦tnicas y culturales.

7. Pol¨ªtica de educaci¨®n compensatoria. Los poderes p¨²blicos ampliar¨¢n sus programas de educaci¨®n compensatoria. El Ministerio de Educaci¨®n incorporar¨¢ e incrementar¨¢ progresivamente un cap¨ªtulo presupuestario espec¨ªfico destinado a colaborar con las comunidades aut¨®nomas que tengan que escolarizar a un mayor n¨²mero de alumnos que est¨¦n en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.

8. Participaci¨®n en la gesti¨®n de los centros. Se impulsar¨¢n iniciativas que aseguren una mayor participaci¨®n y control social de los centros sostenidos con fondos p¨²blicos. La evaluaci¨®n de los centros deber¨¢ permitir que cada comunidad educativa conozca el funcionamiento de su centro y pueda acordar programas para mejorarlo. Las evaluaciones que se realicen deber¨¢n tener en cuenta el contexto socioecon¨®mico de los centros, el nivel inicial de los alumnos que en ¨¦l se escolarizan, los procesos educativos y los resultados que se obtienen.