Redimir al cautivo

La Comisi¨®n de Derechos Humanos del Parlamento vasco acept¨® el pasado jueves -con los votos en contra del PP, el PSOE y Unidad Alavesa (UA)- la invitaci¨®n girada desde Alcal¨¢-Meco por Juan Lasa Mitxelena (alias Txikierdi) como portavoz del colectivo de reclusos de ETA para discutir con una delegaci¨®n de diputados auton¨®micos el plan de traslado de 826 presos vascos (entre los que figuran los condenados o detenidos por actividades terroristas) a 14 c¨¢rceles situadas en un radio de 300 kil¨®metros de Euskadi. Numerosos y grav¨ªsimos son los reproches que cabe ha cer a los nacionalistas violentos por la crueldad y la inhumanidad de sus asesinatos y atentados criminales; por des gracia, tambi¨¦n hay que reconocerles una singular habilidad para situar a las fuerzas democr¨¢ticas ante dilemas planteados de forma tan maliciosa que resulta dif¨ªcil determinar cu¨¢l de los t¨¦rminos dados a escoger es el peor.Si el Gobierno negase a esa delegaci¨®n formada por cuatro diputados auton¨®micos la autorizaci¨®n para entre vistarse con Txikierdi (detenido en Francia en 1985, extraditado luego a Espa?a, acusado de seis asesinatos y conde nado a m¨¢s de 200 a?os) ser¨ªa severamente criticado por menospreciar a los representantes del Parlamento vasco y cerrar las puertas a la liberaci¨®n del funcionario de prisiones Ortega Lara y del empresario Delclaux, secuestrados por ETA; si permitiese la visita, ser¨ªa censurado no menos duramente por la cesi¨®n ante un chantaje que ni siquiera garantizar¨ªa la liberaci¨®n de los dos rehenes y que abrir¨ªa eI camino a nuevas extorsiones. La presencia de los parlamentarios vascos en Alcal¨¢-Meco podr¨ªa ser su objetivo humanitario fuese verificar denuncias sobre malos tratos sufridos por los reclusos; sin embargo, esa delegaci¨®n carece de competencias para asignar destinos carcelarios a los presos y menos a¨²n para emprender una negociaci¨®n pol¨ªtica con ETA: Txikierdi no aspira a servir de portavoz a sus compa?eros para exigir que el Estado de Derecho aplique correctamente la legislaci¨®n penitenciaria, sino a constituirse en el representante de la banda terrorista para tratar en pie de igualdad con el Estado de Derecho.

El alejamiento de los presos de ETA del Pa¨ªs Vasco no se propone endurecer su suerte, sino s¨®lo hacer compatible la pol¨ªtica de dispersi¨®n de los reclusos (orientada a que los internos dispuestos a reinsertarse puedan hacerlo sin sentirse coaccionados por sus compa?eros) con la insuficiencia de plazas en las c¨¢rceles de Euskadi. Contra lo que afirman los nacionalistas radicales, ni la Constituci¨®n ni la Ley Penitenciaria conceden a los presos el derecho a ser destinados a establecimientos pr¨®ximos a su domicilio familiar; es cierto, en cambio, que el catecismo del padre Ripalda incluye dentro de las obras de misericordia la redenci¨®n de los cautivos. Cualquier persona que haya conocido alguna vez la c¨¢rcel dif¨ªcilmente dejar¨¢ de sentir compasi¨®n por los reclusos y por sus familiares, obligados a largos desplazamientos para visitarles; ese sentimiento de piedad tambi¨¦n se extiende, empero, a las v¨ªctimas de los terroristas, a sus deudos y a las personas que pudieran ser blancos mort¨ªferos en el futuro de los atentados de quienes abandonan la prisi¨®n para retomar de nuevo las armas.

La decisi¨®n de aceptar la invitaci¨®n de Txikierdi fue adoptada por mayor¨ªa de la Comisi¨®n de Derechos Humanos (PNV, HB, EA e IU re¨²nen 47 esca?os del Parlamento vasco frente a los 28 diputados del PSOE, PP y UA) un d¨ªa antes de la convocatoria de la Mesa de Ajuria Enea. Pese a la aprobaci¨®n por consenso de un documento preparado por el lehendakari Ardanza, el pacto no ha podido iniciar peor esa segunda navegaci¨®n discreta y eficaz preconizada por el PNV: la unidad de todas las fuerzas democr¨¢ticas para combatir al terrorismo fue torpedeada la v¨ªspera de la reuni¨®n en su misma l¨ªnea de flotaci¨®n por la vergonzosa alianza con HB (el brazo electoral de ETA) del PNV, EA e IU frente a la oposici¨®n del PSOE, PP y UA.