Una orden desautoriz¨® los informes periciales de la polic¨ªa cient¨ªfica

Los m¨¢s de mil informes periciales elaborados desde 1989 por la polic¨ªa cient¨ªfica madrile?a en materia de documentos y utilizados en los juicios como pruebas -en algunos casos, determinantes- han estado al borde de convertirse en papel mojado. La Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Cient¨ªfica, m¨¢xima autoridad en esta materia, desautoriz¨® el 25 de febrero al Grupo de Documentoscopia de Madrid porque sus integrantes no estaban acreditados como especialistas y carec¨ªan, por tanto, de habilitaci¨®n t¨¦cnica y legal para rubricar informes periciales. La medida fue acogida con estupor en la polic¨ªa madrile?a, que alert¨® de los tremendos efectos jur¨ªdicos que pod¨ªa tener la invalidaci¨®n. El viernes, la Comisar¨ªa General retir¨® la desautorizaci¨®n.

El Grupo de Documentoscopia, fundamental en el quehacer judicial, centra su actividad en el an¨¢lisis caligr¨¢fico, la falsificaci¨®n de moneda y el estudio de documentos de todo tipo, incluidos los de identidad, las tarjetas de cr¨¦dito y cheques de viaje. Para desautorizar a esta unidad, la Comisar¨ªa General se bas¨® en que sus miembros, a diferencia de otras provincias, no hab¨ªan asistido a los cursos preceptivos para obtener la titulaci¨®n."Hasta la fecha, s¨®lo se han impartido cuatro cursos de especializaci¨®n en documentoscopia [ ... ] y en ninguno de ellos han participado los funcionarios destinados en la Brigada Provincial de Polic¨ªa". Pese a ello, seg¨²n la orden, estos agentes, "de manera unilateral, y sin superar el cauce preestablecido -y que los expertos acreditados han observado-, han pasado a autoproclamarse titulares de unos conocimientos y una habilitaci¨®n que no pueden acreditar".

Este conjunto de deficiencias conduce, siempre seg¨²n la citada orden, a que en una confrontaci¨®n enjuicio oral entre este grupo y los "aut¨¦nticos especialistas" pueda salir a la luz su "desorganizaci¨®n", su "falta de rigor" y hasta un "caos t¨¦cnico que echar¨ªa abajo la mayor¨ªa de los informes". Como resultado de todo ello, y dado que la brigada hab¨ªa hecho "o¨ªdos sordos a los intentos de correcci¨®n", la Comisar¨ªa General les neg¨® la capacitaci¨®n t¨¦cnica y jur¨ªdica en tanto que no hubiesen superado el oportuno curso.

La reacci¨®n de la Brigada Provincial de Polic¨ªa Cient¨ªfica de Madrid, a la que pertenece el grupo aludido, fue fulminante. Los agentes acataron la prohibici¨®n, abandonaron inmediatamente sus trabajos sobre falsificaciones documentales y pruebas caligr¨¢ficas y los enviaron a la Comisar¨ªa General para su finalizaci¨®n.

Contaminaci¨®n jur¨ªdica

Asimismo, en un escrito enviado el 25 de febrero al jefe superior de Madrid, Carlos Corrales Bueno, la brigada se manifest¨® moral y legalmente afectada y alert¨® sobre los efectos jur¨ªdicos de contaminaci¨®n que pod¨ªa tener la desautorizaci¨®n sobre todos los informes emitidos desde 1989 -s¨®lo el a?o pasado se elaboraron m¨¢s de 700-. Este escrito de la brigada, firmado por su jefe, el comisario Francisco Valderas Jara, tambi¨¦n subray¨® que la orden obligaba a poner en conocimiento de los tribunales la prohibici¨®n de actuar como peritos en los juicios, un trabajo que el a?o pasado implic¨® la asistencia a 399 vistas.

Junto a estas advertencias, el texto de los agentes madrile?os destilaba estupor en todas sus l¨ªneas. Nunca desde su creaci¨®n en 1989, dec¨ªa el texto, "hab¨ªa recibido el Grupo de Documentoscopia orden alguna en el sentido de que no estuviese autorizada para realizar las pericias". Adem¨¢s, aleg¨® Valderas, su trabajo era perfectamente conocido por la Comisar¨ªa General: no s¨®lo le enviaba todos los meses la estad¨ªstica mensual de sus investigaciones, sino que era esta misma comisar¨ªa la que les hab¨ªa proporcionado todos sus aparatos t¨¦cnicos.

La brigada se defendi¨® de la acusaci¨®n de que sus agentes careciesen de acreditaci¨®n. Para ello record¨® que en un manual de 1995 publicado por la misma Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Cient¨ªfica la unidad puesta en entredicho figuraba como una de las plantillas de especialistas de Espa?a. "Para mayor abundamiento se hace constar que es la propia Comisar¨ªa General la que, cuando alg¨²n juzgado de Madrid le remite alg¨²n documento para su estudio, lo reenv¨ªa a esta brigada para que, por los funcionarios del Grupo de Documentoscopia, se d¨¦ cumplimiento a lo solicitado", indica el escrito de Valderas.

Con esta respuesta, el conflicto se desmarc¨® del ¨¢mbito funcionarial y pas¨® a tener implicaciones jur¨ªdicas. As¨ª ocurri¨® esta misma semana en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid por el asesinato de un menor en junio de 1994 (tanto la v¨ªctima como el supuesto autor eran hijos de guardias civiles destinados en Barajas).

La orden y los tribunales

La polic¨ªa cient¨ªfica citada para informar sobre la autenticidad de un documento de identidad se dirigi¨® al tribunal y le comunic¨® su inhabilitaci¨®n. Los magistrados, con todo, no invalidaron la intervenci¨®n de los agentes por acuerdo expreso de las partes. Se trataba, con todo, de una decisi¨®n que pod¨ªa no repetirse.

"La desautorizaci¨®n puede tener un efecto en cadena no s¨®lo sobre los juicios, sino sobre las sentencias. Los abogados pueden pedir la nulidad o la repetici¨®n de las pruebas que fueron aportadas por los peritos policiales, ya que ¨¦stos, seg¨²n sus propios superiores, no estaban habilitados y carec¨ªan t¨¦cnica y jur¨ªdicamente de legitimaci¨®n para firmar", indic¨® una fuente policial.

El viernes, la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Cient¨ªfica modific¨® su anterior informe y volvi¨® a permitir a los polic¨ªas madrile?os firmar informes periciales.