Los dep¨®sitos de Canal Plus

Se ha puesto una querella contra los gerentes de Canal Plus, entre ellos el se?or Polanco, editor del peri¨®dico El Pa¨ªs, por apropiaci¨®n indebida y falsedad en documento, argumentando que el dep¨®sito entregado por los contratantes de las emisiones codificadas de Canal Plus, se ha destinado a hacer otros negocios sin consentimiento de los deponentes, lo que seg¨²n la querella est¨¢ prohibido por el C¨®digo Civil, y las posibles ganancias no se han repartido entre los propietarios, que son los depositantes.Un peque?o an¨¢lisis de los hechos denunciados demuestra que no constituyen ning¨²n delito, y un juez, que debe ser un profesional del Derecho, no puede ni debe desconocer.

La cantidad que se entrega en met¨¢lico al recibir los descodificadores del Canal Plus, no es ning¨²n dep¨®sito, aunque se emplee esa palabra en el contrato, como tampoco es una fianza la cantidad de una mensualidad que se paga por los inquilinos al ocupar la vivienda.

Cualquier estudiante de Derecho sabe que el dep¨®sito tiene por finalidad principal la custodia o guarda de algo, y que se llama prenda cuando se entrega algo en garant¨ªa de una obligaci¨®n, en este caso devolver el descodificador, como en otros casos en el de contadores el¨¦ctricos o del agua, etc¨¦tera. Y si se trata de un estudiante, un poco enterado sabe que la entrega de dinero en garant¨ªa de una obligaci¨®n principal, se llama prenda irregular que produce el efecto de transmitir la propiedad del dinero al acreedor y ¨¦ste debe devolverlo cuando se cumpla la obligaci¨®n, en este caso devolver el descodificador. Y se puede disponer de ese dinero libremente, salvo que alguna ley especial se?ale un destino espec¨ªfico, como es el caso de los arrendamientos urbanos.

El Gobierno del Partido Popular, en una de sus actuaciones m¨¢s graves contra la libertad de prensa y de manifestaci¨®n, impone por decreto un descodificador que a¨²n no existe en el mercado, para arruinar a los que ya existen en el mercado, de una empresa del grupo de Canal Plus, y obliga a que los nuevos "dep¨®sitos" se ingresen en la caja general de dep¨®sitos.

El querellante contra los gerentes de Canal Plus, es un abogado no ejerciente, que "ejercita" la acci¨®n popular, sin estar habilitado para ello, seg¨²n su propio colegio de abogados, y que presenta la querella despu¨¦s de la denuncia de Campmany, en base a un art¨ªculo aparecido en la revista ?poca de la que es director el propio Campmany.

En Espa?a existe la llamada acci¨®n popular, que consiste en que cualquier persona, a¨²n no siendo perjudicada por un delito, puede querellarse, es decir, no s¨®lo denunciar sino mostrarse parte del proceso a todos los efectos, proponer prueba, pedir condena y apelar.

Para que no exista un abuso de la acci¨®n popular, la ley exige una fianza, que en la pr¨¢ctica suele ser irrisoria, y la posibilidad de condena en costas si se ha actuado con temeridad. Pero es insuficiente, por lo que los jueces de instrucci¨®n deben rechazar aquellas que acusen de hechos que no son delitos o que claramente se deduzca que no se han podido cometer.

En base a estos hechos denunciados, el juez G¨®mez de Lia?o ha admitido la querella, declarando secreto el sumario, solicitando la lista de m¨¢s de un mill¨®n de abonados, y sin tomar declaraci¨®n a los querellados, adopta la medida cautelar personal de que no pueden salir de Espa?a sin su autorizaci¨®n. Y deniega la salida a Polanco, por la "alta probabilidad de ser citado como imputado para esas fechas", al solicitarla con motivo de recibir el doctorado "honoris causa" por la Universidad norteamericana de Brown.

?Y el simple an¨¢lisis expuesto en los p¨¢rrafos anteriores, de que, los hechos imputados no constituyen delito alguno, no lo sabe un juez de instrucci¨®n? Si nunca se ha incumplido la obligaci¨®n de devolver el "dep¨®sito" a quien se ha dado de baja en el Canal Plus y entregar el descodificador, ?d¨®nde est¨¢n los perjudicados? Si en lugar de solicitar una cantidad en "dep¨®sito", se hubiera exigido como precio de compraventa del descodificador, ya desaparecer¨ªa la apropiaci¨®n, estafa y falsedad. Pero no se quiere entregar la propiedad para que los usuarios no los revendan o comercialicen, y a cambio, existe la obligaci¨®n de reparaci¨®n gratuita.

La portavoz del Grupo Popular de la Comisi¨®n de Comunicaciones ha empleado el astuto argumento de que al disponer Canal Plus de esos fondos, si todos los socios rescindieran sus contratos, no tendr¨ªa el dinero para pagar a todos. Olvida la portavoz popular que con este argumento, lo mismo le suceder¨ªa al banco m¨¢s solvente del mundo.

Los lectores comprender¨¢n enseguida, que se trata de una cuesti¨®n pol¨ªtica, y que en el fondo no interesan los argumentos jur¨ªdicos, aunque sean tan claros como los expuestos, y que cada cual tiene ya formada su opini¨®n seg¨²n su ideolog¨ªa. Y de lo que se trata es que no se obtengan ingresos para financiar el grupo Prisa propietario del diario El Pa¨ªs.

La campana orquestada p¨²blica y privadamente contra un medio de comunicaci¨®n por no ser progubernamental, es una de las actuaciones pol¨ªticas m¨¢s peligrosas para la democracia, y en contra de la libertad de opini¨®n e informaci¨®n. Y no vale decir que ese medio no es independiente sino que es prosocialista, pues, en primer lugar nueve millones de votantes no pueden quedarse sin el ¨²nico medio af¨ªn a ellos, y en segundo lugar aunque se tratase de una publicaci¨®n que respondiera a intereses muy minoritarios, en un Estado de derecho no puede ser silenciado.

La actuaci¨®n judicial parece, desgraciadamente, una continuaci¨®n de esta campa?a, pero esperemos que el sistema de recursos, que tiene todo Estado democr¨¢tico, impida que se imponga la mordaza pretendida a la opini¨®n p¨²blica.