Lengua y convivencia

EL GOBIERNO catal¨¢n ha planteado la necesidad de revisar la legislaci¨®n ling¨¹¨ªstica de 1983, con el objetivo de avanzar en el uso social de la lengua catalana. Pero el presidente Pujol ha querido dejar claro que la convivencia es un valor superior y ha propuesto que la revisi¨®n legal se realice no a partir de un proyecto del Gobierno, sino en una ponencia parlamentaria conjunta, con la intenci¨®n de alcanzar un consenso similar al que respald¨® la ley de 1983..Aunque la ponencia ha convocado a todos los agentes sociales para que expresen su parecer, la batalla de la opini¨®n p¨²blica ha empezado fuera del Parlamento, consiguiendo enturbiar el buen clima que rodeaba el debate hasta ahora. Cuatro di¨®cesis catalanas, a trav¨¦s de una hoja parroquial com¨²n, han conminado a los castellanohablantes a que aprendan el catal¨¢n como "nosotros hemos' tenido que aprender su lengua". El ¨¦xito de convivencia biling¨¹e que es Catalu?a se basa en la existencia de una comunidad de ciudadanos sin exclusiones ling¨¹¨ªsticas -catal¨¢n es todo aquel que vive y trabaja en Catalu?a-, por lo que la frontera entre nosotros y ellos que establece este documento, adem¨¢s de ofensivo para una parte de la poblaci¨®n, es inquietante para todos: apunta irresponsablemente hacia la quiebra de la concordia civil. No es de extra?ar, pues, que otros obispos igualmente catalanes lo hayan criticado.

Otro texto, un manifiesto suscrito tambi¨¦n por algunos obispos y rectores de universidades -con significa tivas ausencias de personalidades pr¨®ximas a Conver g¨¦ncia-, declara "deseable" que el catal¨¢n sea la ¨²nica lengua oficial en Catalu?a, partiendo de la convicci¨®n de que, en una sociedad con dos lenguas, la minonizada -elcatal¨¢n- no puede sobrevivir al lado de la lengua. fuerte. El ¨²nico remedio ser¨ªa, de aceptarse este dudoso diagn¨®stico, imponer por ley el monoling¨¹ismo. Pero las hip¨®tesis de ingenier¨ªa ling¨¹¨ªstica no pueden prescindir de la realidad y quienes lo proponen deber¨ªan evaluar si una Catalu?a m¨®noling¨¹e por decreto es coherente con el pluralismo de la sociedad catalana. "Es insensato o malintencionado", dice el documento, "reducir la protecci¨®n de la lengua catalana a la afirmaci¨®n de los derechos ling¨¹¨ªsticos individuales de los ciudadanos de Catalu?a sin tener en cuenta el criterio territorial". El criterio territorial ha de ser tomado en consideraci¨®n con realismo, pero no hasta el punto de anular el derecho individual. La Constituci¨®n establece el deber de conocer el espa?ol, pero ese deber tambi¨¦n existe para los ciudadanos catalanes respecto a la otra lengua oficial desde el momento en que todos los colegiales -salvo los no afincados- deben acreditar que la hablan. El uso de un idioma por parte del ciudadano debe respetar el principio de libre elecci¨®n.

No se trata s¨®lo de lograr la supervivencia del catal¨¢n. Nadie como los propios catalanohablantes puede comprender las preocupaciones sobre el espa?ol que se han manifestado en el reciente congreso de M¨¦xico. Si la debilidad del catal¨¢n puede demandar una discriminaci¨®n positiva y su fomento, una Administraci¨®n biling¨¹e o el reconocimiento oficial de la unidad de la lengua, nada puede, por el contrario', legitimar una intromisi¨®n de las administraciones en los usos privados. Por poderosas razones morales, pero tambi¨¦n por eficacia: para no despertar, donde no lo hay apenas, un rencor ling¨¹¨ªstico que ponga en peligro una convivencia hasta ahora ejemplar. Las estad¨ªsticas demuestran que el catal¨¢n avanza, y lo hace porque toda la sociedad catalana -sin ellos ni nosotros- lo quiere. Con estruendos ser¨¢ imposible elaborar una ley desde el consenso; y sin consenso no habr¨¢ una buena ley, sino una frontera que dividir¨¢ a la sociedad entre vencedores y vencidos.