La crisis interminable

CASI NUEVE meses despu¨¦s, lo que empez¨® como un conflicto para resolver la tensi¨®n insostenible entre el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jos¨¦ Aranda, y un grupo de fiscales calificados de rebeldes o indomables ha devenido en una crisis permanente de suma gravedad que se complica d¨ªa a d¨ªa. El trance, afrontado con indolencia desde el Ministerio de Justicia, amenaza en su ¨²ltimo lance conocido -last but not least- con llevarse por delante al fiscal general del Estado.Juan Ces¨¢reo Ortiz ?rculo teme -probablemente con informaci¨®n suficiente- que su propuesta de sanciones a los fiscales rebeldes no sea considerada por el Gobierno y, por tanto, quede desautorizado ante los propios fiscales y ante la opini¨®n p¨²blica, con el rid¨ªculo correspondiente; y as¨ª lo ha hecho constar al Ejecutivo, a sabiendas de que una degradaci¨®n de su autoridad de tal naturaleza le fuerza casi irremediablemente a una dimisi¨®n.

El temor de Ortiz ?rculo cobra fuerza conforme pasan las semanas y el silencio m¨¢s espeso se cierne sobre las propuestas de sanci¨®n, acordadas por el fiscal el pasado 10 de abril. Las propuestas pretend¨ªan dar soluci¨®n a la crisis de autoridad mediante un salom¨®nico -y, por lo mismo, seguramente injusto- reparto de las sanciones. As¨ª, el traslado del fiscal jefe Jos¨¦ Aranda se intentaba equilibrar con sanciones a los fiscales rebeldes, consistentes en el traslado forzoso de la fiscal Mar¨ªa Dolores M¨¢rquez de Prado, una sanci¨®n m¨ªnima para Ignacio Gordillo y multas a otros dos expedientados, Fungaini?o y Rubira. Una soluci¨®n que fue interpretada en clave de componenda pol¨ªtica y cuya aplicaci¨®n tampoco resuelve los problemas de fondo de la Audiencia Nacional.

A pesar de su levedad, la soluci¨®n de ?rculo todav¨ªa es excesiva para la capacidad pol¨ªtica del Gobierno. El Ministerio de Justicia, presionado ad infinitum por el coro de aliados medi¨¢ticos que defienden a capa y espada a esos fiscales, parece incapaz de imponer sanciones a veces tan nimias como las propuestas por el fiscal general del Estado. El hecho incontestable es que los fiscales en cuesti¨®n confirmaron ante la opini¨®n p¨²blica su actuaci¨®n coordinada como grupo de presi¨®n frente a sus superiores jer¨¢rquicos cuando amenazaron, por boca del fiscal Gordillo, con pedir el traslado de. los expedientados si se ejecutaba la sanci¨®n de traslado forzoso aplicada a Mar¨ªa Dolores M¨¢rquez de Prado.

Frente a esta actuaci¨®n coordinada, el Gobierno -en una muestra m¨¢s de su falta de autonom¨ªa respecto a su lobby medi¨¢tico- ha esgrimido desprop¨®sitos notables y una tendencia irrefrenable a aplazar las soluciones, escudado tras coartadas jur¨ªdicas irrelevantes. Una buena muestra de esta negligente displicencia es el juego del escondite organizado por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, cuando declar¨® en el Senado que no hab¨ªa recibido el expediente de traslado forzoso de la fiscal M¨¢rquez de Prado a la misma hora que Ortiz ?rculo aseguraba su convencimiento de que el expediente hab¨ªa entrado en el ministerio veinticuatro horas antes. Si, a pesar de este miedo cerval del Gobierno a manejar la patata caliente, el fiscal general del Estado no obtiene un respaldo r¨¢pido y sin fisuras del Ministeno de Justicia y del Gobierno, su anulaci¨®n pol¨ªtica parece inevitable, y su debilidad, extrema.

Aunque Ort¨ªz ?rculo est¨¢ ahora a los pies de los caballos, la crisis de la fiscal¨ªa presenta expectativas de mejora en otro flanco. La decisi¨®n de Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, fiscal jefe del Tribunal de Justicia de Madrid, y Francisco Javier Cebri¨¢n Bad¨ªa, fiscal del Supremo, de presentar sus candidaturas a fiscal jefe de la Audiencia, libera al Ejecutivo del engorroso dilema de nombrar a Eduardo Fungaini?o -un fiscal expedientado y que ejerce el cargo de fiscal jefe en funciones- o dejar vacante una vez m¨¢s un cargo de tanta relevancia. Al menos, el sonrojante episodio de la candidatura del ultraderechista Luis Poyatos no volver¨¢ a repetirse. De esta forma, una de las l¨ªneas de presi¨®n continuada a favor de Fungairi?o y los rebeldes, que es dif¨ªcil no calificar de chantaje, queda abortada. Si la presencia de dos candidatos con un curr¨ªculo profesional m¨¢s que apreciable y que no pertenecen al c¨ªrculo de expedientados no garantiza por s¨ª sola la cicatrizaci¨®n de la crisis de la Audiencia, permite albergar ciertas esperanzas de que alguna vez se inicie un periodo de normalizaci¨®n.