El Gobierno espa?ol se suma a la batalla televisiva te?ida de f¨²tbol

La mayor parte de los hogares espa?oles s¨®lo pueden recibir unos cinco canales de televisi¨®n. Por ello podr¨ªa pensarse que el Gobierno espa?ol acoger¨ªa con agrado un nuevo servicio de sat¨¦lite que ofrece m¨¢s de 25 canales y pel¨ªculas en pago-por-visi¨®n.Pero no. Hace dos semanas -s¨®lo tres meses despu¨¦s del debut de un servicio llamado Canal Sat¨¦lite Digital- el Parlamento espa?ol aprob¨® una ley que, en su esencia, declara ilegal la tecnolog¨ªa de transmisi¨®n de este servicio.

?sa fue la ¨²ltima salva de una de las m¨¢s desagradables batallas empresariales y pol¨ªticas sobre el futuro de la televisi¨®n que Europa jam¨¢s haya visto. Y lo que hace esta pelea tan inusual es que pone a la mayor empresa privada de comunicaci¨®n de Espa?a frente a Madrid, en contra de la tradici¨®n europea de una c¨®moda relaci¨®n entre los medios de comunicaci¨®n y el Gobierno.

Es m¨¢s, en el centro de la pelea est¨¢ un juego que llega al coraz¨®n de millones de espa?oles, por no hablar de los m¨¢s de 250 millones de televidentes hispanohablantes en Latinoam¨¦rica: el f¨²tbol.

Defendiendo una porter¨ªa est¨¢ el Grupo PRISA, un conglomerado multimillonario que posee, entre otras cosas, el mayor peri¨®dico de Espa?a, EL PA?S; la mayor cadena de radio comercial, SER, y una cuarta parte de los intereses de Canalsat¨¦lite. En la actualidad controla los derechos de retransmisi¨®n por televisi¨®n de los partidos de f¨²tbol de la Liga espa?ola, que planea utilizar para atraer al p¨²blico a su nuevo servicio de pago-por-visi¨®n-.

Su rival en el campo es el relativamente nuevo Gobierno de centro derecha de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. El pasado mes de noviembre, el Gobierno espa?ol desempe?¨® un papel clave para organizar un consorcio rival de televisi¨®n digital. Los mayores accionistas del grupo son Telef¨®nica, la recientemente privatizada compa?¨ªa telef¨®nica espa?ola; Televisi¨®n Espa?ola, la cadena de propiedad gubernamental, y Televisa, la gran cadena mexicana de emisoras.

En los ¨²ltimos meses, el Gobierno ha promovido una legislaci¨®n destinada a mejorar las oportunidades de ¨¦xito de este consorcio, y diluir las del Grupo PRISA y su socio Canal Plus, la compa?¨ªa francesa de televisi¨®n.

Funcionarios del Gobierno reconocen que proporcionaron el "impulso" para el nuevo consorcio, y dicen que su principal objetivo es el de promocionar la competencia. "El objetivo es garantizar libertad de elecci¨®n m¨¢s amplia posible", dijo Rafael Arias-Salgado, ministro espa?ol de Fomento y art¨ªfice de la pol¨ªtica de comunicaciones del Gobierno. "La decisi¨®n estar¨¢ en los mercados y en los consumidores". Sin embargo, el Grupo PRISA y sus socios se quejan ruidosamente que las acciones del Gobierno recuerdan el pasado dictatorial y constituyen una estrategia transparente dise?ada para socavar ventajas en ser los primeros en el mercado. Pero lo que es m¨¢s importante, las acciones del Gobierno amenazan con debilitar el valor de sus derechos para televisar los partidos de f¨²tbol profesional.

"No recuerdo una operaci¨®n contra una compa?¨ªa como la actual contra la nuestra, ni siquiera en los ¨²ltimos d¨ªas del r¨¦gimen de Franco", dijo Jes¨²s de Polanco, presidente del Grupo PRISA.

La batalla ya ha arrojado el alineamiento tradicional por la borda. El partido abiertamente proempresarial de Aznar hace ahora cruzada como defensor del pueblo y antagonista de la mayor empresa de medios de comunicaci¨®n de Espa?a. Entre tanto, el PSOE, del que se podr¨ªa esperar que se alineara contra el gran imperio de los medios, ha apoyado al Grupo PRISA en el pasado y ha atacado furiosamente la nueva ley como un retorno al fascismo. Hay mucho en juego. Cada grupo planea invertir m¨¢s de 800 millones de d¨®lares en ofrecer sus servicios en Espa?a, donde la escasez de televisi¨®n por cable abre una gran oportunidad para una nueva programaci¨®n. Ambos grupos est¨¢n tambi¨¦n en una carrera para ofrecer esta programaci¨®n en Am¨¦rica Latina. Con estos objetivos, ambos grupos tienen v¨ªnculos con grandes emisoras americanas por sat¨¦lite; el consorcio apoyado por el Gobierno le da la mano a Rupert Murdoch News Corp. y el Grupo PRISA espera formar una alianza con Direct TV, propiedad de Hughes Corp., filial de General Motors.

"El Gobierno tiene un proyecto cultural, que es Latinoam¨¦rica", dijo Salgado. "La televisi¨®n p¨²blica espa?ola tiene capacidad para producir 8.000 horas al a?o de programaci¨®n, y las compa?¨ªas privadas tienen otras 4.000 horas. Ten¨ªamos que proteger el derecho de las instituciones de medios de comunicaci¨®n de proyectar esto en Latinoam¨¦rica".

Televisa, la televisi¨®n mexicana, posee el 25% del consorcio digital apoyado por el Gobierno y ya es socio de Murdoch en dos empresas de sat¨¦lite latinoamericanas que emiten programaci¨®n directamente a los hogares. Telef¨®nica, tambi¨¦n en el grupo patrocinado por el Gobierno, posee sistemas de televisi¨®n por cable en Argentina.

El Grupo PRISA est¨¢ interesado en asociarse con Galaxy, un consorcio de televisi¨®n por sat¨¦lite formado por Direct TV y tres empresas latinoamericanas de radiodifusi¨®n. PRISA, que posee el 40% de la empresa que adquiri¨® los derechos de televisi¨®n de la Liga Profesional de F¨²tbol espa?ola el pasado a?o, ha revendido estos derechos para Latinoam¨¦rica a Galaxy.

Aunque el Grupo PRISA es privado, resulta vulnerable a los ataques del Gobierno.

Canal Plus, que actualmente mantiene un servicio de televisi¨®n herciana codificado a 1,3 millones de hogares espa?oles, ha puesto en marcha un nuevo sistema que encripta su se?al en un c¨®digo digital. Los suscriptores -40.000 han contratado ¨¦ste por algo m¨¢s de 20 d¨®lares al mes, y 40.000 m¨¢s est¨¢n a la espera de recibir sus descodificadores- alquilan un aparato que s¨®lo puede ser utilizado para recibir la programaci¨®n de Canalsat¨¦lite. Canal Plus utiliza el mismo sistema en Francia y en algunos otros pa¨ªses, donde ofrece servicios de televisi¨®n de pago.

Sin embargo, el pasado verano el Gobierno empez¨® a insistir en que todas la empresas que ofreciesen un servicio de televisi¨®n de pago utilizasen una plataforma com¨²n y una tecnolog¨ªa compatible para que los receptores pudieran recibir diferentes servicios con, el mismo descodificador.

Cuando PRISA y Canal Plus decidieron poner en marcha su propio sistema, miembros del Gobierno animaron a Telef¨®nica y otras empresas a organizar el consorcio rival. Gracias a una alianza de extra?os compa?eros de cama, el conservador Partido Popular de Aznar y el peque?o Partido Comunista de Espa?a, el Parlamento aprob¨® una ley a mediados de abril que fuerza a Canalsat¨¦lite a retirar su descodificador y cambiar al sistema pro pugnado por Telef¨®nica, el llamado Multicrypt.

En teor¨ªa, la nueva ley s¨®lo exige a todas las empresas proveedoras de televisi¨®n digital que adoptasen un sistema com¨²n de transmisi¨®n y da dos meses para negociar un acuerdo. Pero en la pr¨¢ctica concede una ventaja al grupo promovido por el Gobierno, porque si el rival no llega a un acuerdo deber¨¢ adoptar el sistema Multicrypt.

Salgado y otros defensores del nuevo sistema no aclaran qu¨¦ ocurrir¨ªa si Canalsat¨¦lite rehusara cumplir [esta ley]. El Grupo PRISA tuvo una prueba de las posibles consecuencias en enero, cuando inspectores del Gobierno se presentaron en numerosas tiendas de equipamiento electr¨®nico y advirtieron a los comerciantes que el equipo de Canalsat¨¦lite podr¨ªa ser ilegal.

La nueva ley, dijo Salgado, ser¨¢ impuesta por una comisi¨®n independiente, seg¨²n el modelo de la Comisi¨®n Federal de Comunicaciones en Estados Unidos. Pero a?adi¨® con firmeza: "La ley se cumplir¨¢". No est¨¢ claro, sin embargo, c¨®mo un descodificador Multicrypt favorece m¨¢s la competencia que el permitir a cada empresa alquilar su propio descodificador a los suscriptores.

Otra batalla versa sobre los derechos de retransmisi¨®n del f¨²tbol, considerados cruciales para la supervivencia de todo servicio de televisi¨®n de pago en Europa. El pasado oto?o, tras una pol¨¦mica concesi¨®n de la Liga Profesional de F¨²tbol, PRISA y un pu?ado de otras empresas lograron los derechos de todos los partidos del domingo. Aunque inicialmente los grupos estaban divididos, a fines de diciembre negociaron un acuerdo por 300 millones por el que los derechos futbol¨ªsticos quedaban en manos de un consorcio. Com parte de aquel acuerdo, Canalsat¨¦lite pag¨® 100 millones de d¨®lares por los derechos de retransmisi¨®n del 40% de los partidos en su sistema de pago-por-visi¨®n. El acuerdo incit¨® al Gobierno a contraatacar con un proyecto de ley que permitir¨ªa decidir qu¨¦ partidos de f¨²tbol habr¨ªa que retransmitir en abierto y cu¨¢les a trav¨¦s del sistema de pago-por-visi¨®n.

Por los acuerdos actuales, los canales p¨²blicos locales pueden televisar lo que podr¨ªa considerarse el partido de la semana en sus canales gratuitos. El resto de los partidos se encuentran repartidos entre los participantes en el acuerdo sobre los derechos futbol¨ªsticos, varios de ellos se retransmiten e canales abiertos Financiados por publicidad comercial. Los encuentros de la selecci¨®n nacional espa?ola contra rivales de otros pa¨ªses se televisan en los canales gubernamentales de TVE.

Funcionarios del Gobierno ejecutivos del nuevo consorcio afirman que el acuerdo sobre f¨²tbol no es justo porque el juego es demasiado importante como instituci¨®n cultural para ser controlado por los operadores de la televisi¨®n de pago. Polanco y quienes le apoyan sostienen, sin embargo, que la nueva ley equivale una expropiaci¨®n flagrante de lo que han adquirido leg¨ªtimamente en competencia abierta.

Las disputas ya han llegado hasta la Comisi¨®n Europea, que se encarga de supervisar la pol¨ªtica de competencia.

Los miembros de la Comisi¨®n, sin embargo, tambi¨¦n est¨¢n divididos. El comisario de Industria, Martin Bangemann, inform¨® al Gobierno espa?ol el mes pasado de que la ley sobre el descodificador era "demasiado reguladora". Pero el comisario de la Competencia, Karel van Miert, normalmente apoya la idea de sistemas de televisi¨®n "abiertos", y ha comenzado su propia investigaci¨®n sobre los derecho futbol¨ªsticos.

Salgado niega firmemente que el Gobierno est¨¦ llevando a cabo ninguna vendetta secreta contra el Grupo PRISA. "Es rid¨ªculo", declar¨® en una entrevista. "No existe persecuci¨®n de ning¨²n tipo. Lo ¨²nico que ha hecho el Gobierno es aprobar una ley que exige que los descodificadores sean abiertos. Est¨¢ totalmente justificada".

Pero Carlos Reboll, director general de marketing del nuevo consorcio, afirm¨® que ya era hora de que a Polanco se le d¨¦ su merecido. "El se?or Polanco tiene que aceptar que los d¨ªas en los que su imperio pod¨ªa expandirse gracias a sus relaciones con el Gobierno socialista se han terminado afirm¨®.