Fraga advierte a Rato que es "imposible" implantar la reforma educativa sin m¨¢s dinero

Las insuficiencias financieras del sistema educativo impulsaron a Manuel Fraga, fundador del Partido Popular y presidente de la Xunta de Galicia, a dirigirse directamente al vicepresidente econ¨®mico, Rodrigo Rato, en demanda de m¨¢s dinero del Estado. En una carta enviada a Rato con fecha del 24 de marzo, el presidente gallego se queja de que su comunidad "no ha recibido a¨²n ninguna ayuda" para hacer frente a las nuevas necesidades. Al describir la actual situaci¨®n, Fraga es tajante: "Nos est¨¢ resultando imposible asumir la implantaci¨®n de la reforma educativa".

Esta llamada de atenci¨®n sobre la situaci¨®n financiera de la educaci¨®n coincide con el criterio expresado por el defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, en cuyo informe anual de 1996 se advierte sobre las consecuencias de los recortes del gasto p¨²blico: "No debiera padecer sus efectos el sistema educativo, sobre el que necesariamente se ha de cimentar cualquier progreso futuro".Manuel Fraga encabeza su carta a Rato con un "Querido vicepresidente y amigo" escrito a mano y contin¨²a recordando que "el Ministerio de Educaci¨®n y Cultura est¨¢ iniciando el proceso de transferencias plenas, en materia no universitaria, a las diez comunidades aut¨®nomas que faltan por asumirlas".

El proceso al que se refiere el presidente de la Xunta debe concluir antes del 1 de enero de 1998 si se cumplen las previsiones. Las necesidades extraordinarias de estas diez comunidades para una adecuada aplicaci¨®n de la reforma superan los 160.000 millones, incluidas las inversiones en infraestructuras, Formaci¨®n Profesional, bachillerato, servicios de orientaci¨®n, programas de garant¨ªa social (de inserci¨®n. laboral y contra el fracaso escolar) y conciertos con centros privados concertados.

"Seg¨²n tengo entendido", afirma Fraga, "est¨¢ prevista, en este marco, una financiaci¨®n espec¨ªfica para la implantaci¨®n de la Ley de Ordenaci¨®n General del Sistema Educativo (LOGSE). "En junio del pasado a?o, hemos entregado a la ministra [Esperanza Aguirre] un dossier con el resumen de lo que nos supondr¨ªa, a esta comunidad aut¨®noma, el coste de las nuevas exigencias de la citada LOGSE", contin¨²a el presidente de la Xunta.

Aunque no explica los resultados de esa gesti¨®n ante Aguirre, el escrito del presidente gallego prosigue en tono reivindicativo: "Te ruego hagas todo lo posible para que se nos incluya en el referido grupo de comunidades aut¨®nomas y podamos, en este marco, optar a una financiaci¨®n que nos corresponde por ley y por justicia". Despu¨¦s de tan rotunda solicitud, Fraga termina su carta diciendo: "Gracias de antemano por tu seguro apoyo".

La carta de Fraga ha estado precedida de numerosas declaraciones p¨²blicas de su consejero de Educaci¨®n, Celso Curr¨¢s. Galicia, por su fuerte dispersi¨®n geogr¨¢fica, es especialmente sensible a los problemas de la implantaci¨®n de la ESO, con el consiguiente trasvase de alumnos de primaria a institutos alejados de sus casas. Las protestas fueron frecuentes en el curso 95-96 y determinaron el cese del anterior consejero, Juan Pi?eiro, actual presidente del Consejo Escolar del Estado. Con la llegada de Curr¨¢s se congel¨® el proceso, y m¨¢s del 75% de los alumnos de ESO dan ahora sus clases en colegios de primaria que no suelen reunir las condiciones exigibles.

Una eventual respuesta positiva del Gobierno a la demanda de Fraga deber¨ªa tener consecuencias para las restantes comunidades, ya que te¨®ricamente todas deber¨ªan disponer de una red educativa similar. Aunque no se dispone de cifras oficiales, la estimaci¨®n de la inversi¨®n extraordinaria para todo el pa¨ªs oscilar¨ªa entre los 300.000 y los 400.000 millones (incluidos los 160.000 de las transferencias). Es decir, el milagro para el Ejecutivo ser¨ªa c¨®mo compensar las deficiencias de cada comunidad sin sobrecargar los presupuestos de los pr¨®ximos a?os.

Transferencias

Sigue pendiente la negociaci¨®n de las transferencias no universitarias, que no ha comenzado formalmente entre el ministerio y las diez comunidades afectadas. El proceso afectar¨¢ a unos 2,8 millones de alumnos, 140.000 profesores y 5.300 centros. Diversas comunidades han dejado ver su preocupaci¨®n por el retraso de la negociaci¨®n.La diputada socialista Amparo Valc¨¢rcel, de la Comisi¨®n de Educaci¨®n, critic¨® el "oscurantisino" del ministerio por no dar a conocer una valoraci¨®n del coste efectivo de las transferencias y alert¨® sobre "el riesgo de que puedan originarse importantes desigualdades entre comunidades, lo que podr¨ªa poner en peligro la igualdad de oportunidades de los alumnos".

El Congreso ha rechazado en los ¨²ltimos meses una iniciativa de CC OO y otra del PSOE sobre una ley de financiaci¨®n que permitiera garantizar la calidad del sistema y su homogeneidad por comunidades.

Por otra parte, el Ministerio, de Educaci¨®n manifest¨® ayer que "las denuncias del Defensor del Pueblo son achacables a los gobiernos del PSOE" en su inmensa mayor¨ªa. El ministerio acus¨® al PSOE en un comunicado de hacer una interpretaci¨®n sesgada del informe y critic¨® las "informaciones parciales e interpretaciones interesadas" de algunos medios de comunicaci¨®n.