Justicia paraliza una investigaci¨®n de la Abogac¨ªa del Estado sobre el PP alegando razones t¨¦cnicas

La Direcci¨®n General del Servicio Jur¨ªdico del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha ordenado a la Abogac¨ªa del Estado ante el Tribunal de Cuentas que paralice la investigaci¨®n iniciada por presuntas irregularidades contables sobre una empresa p¨²blica de Castilla y Le¨®n, Crystaloid, que afecta a pol¨ªticos pr¨®ximos al presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, y que est¨¢ participada por la Junta, gobernada por el Partido Popular.

La Direcci¨®n del Servicio Jur¨ªdico del Estado alega razones jur¨ªdicas para proceder a la orden de retirada de la investigaci¨®n. En cambio, el senador socialista Octavio Granados denuncia "un juego cruzado de presiones para evitar el juicio de cuentas por presuntas irregularidades" a miembros significativos del PP.El 2 de junio, al d¨ªa siguiente de que EL PA¨ªS informara que la Abogac¨ªa del Estado en el Tribunal de Cuentas solicitaba diligencias previas a un juicio de cuentas por presuntas irregularidades contables de la empresa p¨²blica castellano-leonesa Crystaloid, esa Abogac¨ªa recib¨ªa una nota de la Direcci¨®n General del Servicio Jur¨ªdico del Estado en la que le ordenaba la retirada de dicha petici¨®n. La nota de la Direcci¨®n General, dependiente del Ministerio de Justicia, argumenta la retirada con razones de "car¨¢cter t¨¦cnico-jur¨ªdico".

La pasada semana El PA?S intent¨® conocer las razones de dicha retirada por la propia Direcci¨®n del Servicio Jur¨ªdico del Estado. Tras varios intentos, la secretaria del director general, informada previamente del asunto, manifest¨® que el director general ten¨ªa "una lista interminable de espera en llamadas tel¨¦fonicas y visitas" y a?adi¨®: "Quiz¨¢s pueda recibirle en el 2001, el 2002 o en las pr¨®ximas Olimpiadas". Sin embargo, dos d¨ªas despu¨¦s, el pasado jueves, el jefe de prensa del Ministerio de Justicia, Javier Esparza, ofrec¨ªa a este diario, sin ning¨²n problema, la nota de la Direcci¨®n del Servicio Jur¨ªdico del Estado justificativa de la marcha atr¨¢s.

La nota ofrece una doble raz¨®n formal: de procedimiento y contenido. La petici¨®n de diligencias previas por el Servicio Jur¨ªdico del Tribunal de Cuentas -"petici¨®n de pieza separada" en t¨¦rminos t¨¦cnicos- no se hizo, dice, "en el momento procesal oportuno". La Direcci¨®n General se apoya en el art¨ªculo 45 de la Ley del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. La petici¨®n de pieza, separada, a?ade, no se hizo "una vez concluido el examen y comprobaci¨®n de cualquier cuenta (...) o los correspondientes procesos de fiscalizaci¨®n", sino antes. Fue en enero cuando la Abogac¨ªa del Estado en el Tribunal de Cuentas pidi¨® la formaci¨®n de "pieza separada".

Fuentes pr¨®ximas al Tribunal de Cuentas aseguran que el argumento de la Direcci¨®n General es "ins¨®lito" porque "en esta ocasi¨®n se ha seguido el procedimiento habitual, que es la realizaci¨®n de un informe previo del Servicio Jur¨ªdico del Estado ante el Tribunal de Cuentas para facilitar el trabajo al consejero del tribunal". Asimismo, y seg¨²n las mismas fuentes, sorprende que la Direcci¨®n General no dijera nada de la solicitud de diligencias previas, realizada en enero, hasta el 2 de junio, precisamente un d¨ªa despu¨¦s de la publicaci¨®n de la noticia en EL PA?S.

La segunda raz¨®n de la Direcci¨®n General es que la solicitud de diligencias previas se hizo "de forma absolutamente inconcreta". Las mismas fuentes responden que es "in¨¦dito" este argumento cuando "precisamente hay un informe muy concreto del Tribunal de Cuentas sobre las irregularidades cometidas por la empresa Crystaloid". "Adem¨¢s, si no les parec¨ªa concreto, lo razonable es que hubieran pedido m¨¢s concreci¨®n y no retirar las diligencias previas, como han hecho". Las irregularidades contables recogidas en el informe del Tribunal de Cuentas de 1993 se concretan en la ejecuci¨®n del aval que la Junta de Castilla y Le¨®n, gobernada por el PP, concedi¨® a Crystaloid -en aquel momento, de titularidad privada- por importe de 294 millones, pese a que su situaci¨®n era de quiebra de hecho. El tribunal responsabiliza tambi¨¦n a la Junta por concertar posteriormente una deuda por 350 millones de pesetas.

Para el senador socialista Octavio Granados, "se intenta encubrir con argumentos t¨¦cnicos una investigaci¨®n sobre las irregularidades en una empresa que afecta a la Junta de Castilla y Le¨®n y a personalidades del PP en la regi¨®n".