EE UU confirma que abrir¨¢ sus archivos sobre Chile a un juez espa?ol

Washington confirm¨® ayer su disposici¨®n de colaborar con la justicia espa?ola en el caso por genocidio contra el general Augusto Pinochet, que encabez¨® la dictadura militar en Chile de 1973 a 1990, aunque insisti¨® en que la resoluci¨®n del asunto corresponde a Espa?a y a Chile"."Estados Unidos cooperar¨¢ con Espa?a hasta donde lo permita la ley y en la medida en que haya alguna informaci¨®n disponible en nuestros archivos oficiales", afirm¨® el portavoz del Departamento de Estado, John Dinger, frente a la petici¨®n de Espa?a para recibir documentos de los archivos de las agencias gubernamentales -CIA, y FBI- que puedan ser ¨²tiles en la investigaci¨®n contra Pinochet que lleva a cabo el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n. Sin embargo, el portavoz afirm¨® no estar "seguro de que Estados Unidos tenga un papel en el caso".

Aunque Dinger no especific¨® los pasos que EE UU ha de tomar con relaci¨®n a la desclasificaci¨®n de los documentos, s¨ª dijo que cualquier documento de esos archivos que pudiera ser requerido por la justicia espa?ola se le entregar¨¢ en base al Tratado de Asistencia Legal Mutua hispano -norteamericano, actualmente en vigor entre ambos pa¨ªses.

El portavoz tambi¨¦n inform¨® que corresponde al Departamento de Justicia atender la comisi¨®n rogatoria enviada por el juez Garc¨ªa Castell¨®n el pasado 6 de febrero. La fiscal general (ministra de Justicia) estadounidense, Janet Reno, ya ha ordenado a su departamento que preste auxilio judicial a la justicia espa?ola, que investiga, la detenci¨®n, asesinato y desaparici¨®n de decenas de espa?oles, y de chilenos descendientes de espa?oles, durante el r¨¦gimen militar de Pinochet.

El Gobierno chileno reiter¨® esta semana que el juicio abierto en Espa?a contra la junta militar que presidi¨® Pinochet "no va a llegar a ninguna parte", y descart¨® que la decisi¨®n norteamericana de colaborar con el magistrado espa?ol constituyera un golpe para Chile. Las autoridades chilenas han declarado que no reconocen la jurisdicci¨®n de los tribunales espa?oles sobre sus asuntos internos. El juicio abierto en la Audiencia Nacional de Espa?a fue promovido por la Uni¨®n Progresista de Fiscales espa?oles.

Seg¨²n datos oficiales, unas 3.000 personas fueron asesinadas durante la dictadura militar de Pinochet, y de ellas un millar fueron detenidas y dadas por desaparecidas.