El fiscal pide 127 a?os de c¨¢rcel y 900 millones a los m¨¢ximos responsables del "saqueo" de Intelhorce

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicita penas que suman 127 a?os de c¨¢rcel y m¨¢s de 900 millones de multa para los seis m¨¢ximos responsables del "saqueo" de la compa?¨ªa textil malague?a Intelhorce, adquirida en 1989 al Estado por el empresario italiano Giovanni Orefici. El fiscal pide-tambi¨¦n ocho a?os de inhabilitaci¨®n especial para el ex director general de Patrimonio Luis Alcaide de la Rosa y el ex subdirector general Miguel ?ngel Herrera Chamorro. En cambio, retira los cargos contra Francisco Zambrana Chico, antecesor de Alcalde, en aplicaci¨®n del nuevo C¨®digo Penal.

El informe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, dirigida por Carlos Jim¨¦nez Villarejo, relata a lo largo de casi 200 folios el "vaciamiento patrimonial" de Intelhorce, por parte del empresario italiano que adquiri¨® la empresa textil tras su privatizaci¨®n, apropi¨¢ndose de los 5.869 millones que aport¨® el Estado para reflotarla."En el ¨¢nimo de los acusados Giovanni Orefici [presidente de intelhorce], Paolo Mario Orefici [hijo del anterior] y Jos¨¦ Manuel Mu?iz [secretario del Consejo de Administraci¨®n] nunca estuvo el adquirir la empresa para asegurar y potenciar su mantenimiento, sino aumentar sus patrimonios personales y sanear otras empresas de las que eran titulares", afirma el escrito. "Por ello", agrega, "antes ya de que se efectuara la venta, actuaban a sabiendas de que no iban a cumplir ni uno solo de los compromisos asumidos y que, como consecuencia de ello, proceder¨ªan a hacer suyos los fondos sociales [de Intelhorce] poniendo en grave peligro un importante n¨²mero de empleos que, ante la descapitalizaci¨®n de la sociedad, necesariamente habr¨ªan de ser suprimidos. Tales circunstancias eran igualmente conocidas por los acusados Abel Arribas Fern¨¢ndez [asesor financiero] y Manuel Alejandro M¨¢rquez Espinar [avalista de la operaci¨®n], quienes habr¨ªan de realizar actos sin los cuales el plan trazado no se habr¨ªa podido llevar a cabo".Jos¨¦ Miguel Moreno Garc¨ªa, presidente de la compa?¨ªa p¨²blica Improasa, fue el autor d¨¦ los informes oficiales, con datos falseados, que permitieron a Orefici hacerse con la empresa, aunque no ten¨ªa la solvencia y experiencia requerida para ello. Esta actuaci¨®n le fue gratificada con 40 millones de comisi¨®n.

El Ministerio P¨²blico imputa a los pricipales acusados los delitos de estafa, cohecho apropiaci¨®n indebida y fraude fiscal, entre otros, y pide 33,5 a?os de c¨¢rdel y 435 millones de multa para Orefici; 10 a?os y dos meses para su hijo; 32,5 a?os y 197 millones. para Mu?iz; ocho a?os y dos meses y 80 millones para Moreno; 28,5 a?os y 197 millones para Arribas; y 14 a?os y dos meses para M¨¢rquez. Ninguno cumplir¨¢ m¨¢s de 12 a?os de c¨¢rcel, que, es la pena pedida por el delito m¨¢s grave. Los seis deber¨¢n indemnizar conjuntamente al Estado con 4.108 millones de pesetas, en concepto de responsabilidad civil.

Exonerado el Gobierno

Aunque el informe constata que la privatizaci¨®n de Intelhorce fue fraudulenta desde el principio, exculpa al Gobierno socialista, que la aprob¨® el 14 de julio de 1989: "No consta que ni la Comisi¨®n de Secretarios de Estado y Subsecretarios ni los integrantes del Consejo de Ministros conocieran los pormenores de la operaci¨®n".La aprobaci¨®n del nuevo C¨®digo Penal, en el que ha desaparecido el delito de prevaricaci¨®n negligente, ha llevado a la fiscal¨ªa a retirar los cargos contra Francisco Zambrana Chico, director general de Patrimonio durante la privatizaci¨®n de Intelhorce. En cambio, los mantiene contra su sucesor en el cargo Luis Alcaide de la Rosa y el ex subdirector de empresas y participaciones estatales Miguel ?ngel Herrera Chamorro, quienes permitieron "que los nuevos administradores de la sociedad, pudieran disponer de una importante cantidad de dinero, proveniente del Tesoro P¨²blico, a sabiendas de que no la destinar¨ªan a los fines para los que estaba previsto".Entre los 31 acusados por el fiscal se encuentran, entre otros, el ex secretario general de la Secci¨®n Textil de UGT Celestino Gonz¨¢lez Guerra y tres miembros del Comit¨¦ de Empresa que pactaron un dr¨¢stico ajuste de plantilla a cambio de beneficios personales.El fiscal cita como testigos al ex ministro de Econom¨ªa Carlos Solchaga, al ex subsecretario Enrique Mart¨ªnez Robles y al diputado del PSOE Carlos Sanju¨¢n, entre otros.