Massera propone colaborar con la justicia argentina para esclarecer la guerra sucia

Emilio Massera, uno de los m¨¢s destacados represores de la ¨²ltima dictadura castrense argentina (1976-1983), propuso colaborar con la Justicia a cambio de "un gran acuerdo nacional" que cierre las heridas del pasado, public¨® en portada el diario Clar¨ªn. El ex jefe de la Marina, de 75 a?os, comandante de la Junta Militar durante el primero y m¨¢s salvaje tramo de aquel horroroso r¨¦gimen, habr¨ªa ofrecido datos sobre la suerte de las 10.000 personas desaparecidas en las comisar¨ªas o c¨¢rceles clandestinas de las tres armas. Quien fuera uno de los Jefes con m¨¢s poder e informaci¨®n sobre la represi¨®n neg¨® ayer que disponga de listas con el paradero de sus v¨ªctimas, y la veracidad de la propuesta que le atribuye el diario nacional de mayor circulaci¨®n. "Desmiento totalmente la informaci¨®n. Sencillamente, no tengo esos datos".A pesar de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el posterior indulto a los comandantes implicados en terrorismo de Estado, las secuelas de la dictadura persisten porque las barbaridades cometidas por sus servidores dif¨ªcilmente pueden ser olvidadas. El juez federal Adolfo Bagnasco, que tiene a su cargo una de las m¨¢s repudiables, el robo de ni?os, cit¨® a declarar a tres oficiales retirados de la Fuerza A¨¦rea para interrogarles sobre el car¨¢cter de los ¨²ltimos vuelos efectuados a Europa.

El magistrado investiga el paradero de 200 menores, hijos de desaparecidos, muchos de ellos nacidos durante el cautiverio de sus padres y entregados despu¨¦s a sus verdugos o familias de la confianza del r¨¦gimen. Las pesquisas de Bagnasco pretenden determinar la misi¨®n de los H¨¦rcules A-130 despachados hac¨ªa distintas capitales europeas entre octubre y diciembre de 1983, a?o en que se orden¨® la destrucci¨®n de archivos comprometedores.

Indulto protector

Gracias al indulto del presidente Carlos Menem, en diciembre de 1990, posterior a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final promulgadas por Ra¨²l Alfons¨ªn (1976-1983), Massera no afronta problemas penales con la justicia, pero puede ser condenado por la Corte Suprema a pagar 250.000 d¨®lares (unos 35 millones de pesetas) en concepto de da?os morales y materiales al ¨²nico sobreviviente de una familia desaparecida, que le interpuso querella. Es probable que Bagnasco le cite en esta causa. Tambi¨¦n est¨¢ procesado en Espa?a -por el juez Baltasar Garz¨®n- en Italia. Seg¨²n el diario Clar¨ªn, el marino estar¨ªa dispuesto a decir lo que sabe a cambio de una conciliaci¨®n nacional, cuyos t¨¦rminos no se precisan."Militares y jueces que suelen hablar con Massera, ya sea en forma personal o a trav¨¦s de amigos comunes", se?ala el rotativo de Buenos Aires, "sostienen que el ex almirante propuso 'hablar con todos los partidos pol¨ªticos y las organizaciones de derechos humanos' para tratar de llegar a una especie de acuerdo sobre este delicado tema".

Evidentemente, Massera puede aportar elementos esclarecedores sobre los miles de detenidos que clandestinamente pasaron por la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada (ESMA), situada en el centro de la capital federal, cuyos potros de tortura fueron los m¨¢s activos de la dictadura.

Fuentes militares admiten que ese centro fue "el mejor organizado" y "es muy probable que Massera haya podido que darse con listas de los que pasaron por all¨ª". No est¨¢ claro, de ser cierta la propuesta atribuida a Massera, cu¨¢l es la verdadera intenci¨®n del ¨²nico comandante que, en un momento dado, quiso construir un surrealista proyecto pol¨ªtico. En 1995 declar¨®: "Yo quise dar las listas de bajas, pero no fue posible reconstruirlas". En aquella entrevista, desconociendo lo ya probado por la justicia, agreg¨® que los cr¨ªmenes de la ESMA fueron "una fantas¨ªa". Militares en activo, con altos cargos en las Fuerzas Armadas, saben que Massera sabe mucho: "?l fue quien propuso en 1978 publicar las listas de desaparecidos. Lo llamaba El libro blanco. Se supone que para entonces ten¨ªa registrado lo sucedido en la ESMA". No faltan quienes encuentran una explicaci¨®n poco generosa a la propuesta: no pagar los 35 millones.