La Euroc¨¢mara pide la reanudaci¨®n de programas mediterr¨¢neos suspendidos por sospecha de fraude
El pleno del Parlamento Europeo pidi¨® ayer al vicepresidente de la Comisi¨®n, Manuel Mar¨ªn, que relance los viejos programas mediterr¨¢neos (conocidos en el lenguaje comunitario como Med-urbs, Med-campus y Med-media) suspendidos por el propio Mar¨ªn en octubre de 1995, inmediatamente despu¨¦s de descubrirse irregularidades en varias empresas encargadas de proporcionar asistencia t¨¦cnica a la Comisi¨®n en la ejecuci¨®n de esos programas. Los portavoces apoyaron el informe del eurodiputado popular Juan Manuel Fabra -que hoy ser¨¢ votado- en el que, adem¨¢s de aprobarse la reanudaci¨®n de esos programas, se destaca que su suspensi¨®n por Mar¨ªn fue una decisi¨®n "valerosa y correcta".
El informe menciona que Mar¨ªn actu¨® frente a "la cr¨ªtica e incomprensi¨®n de muchos" y "felicita a la Comisi¨®n por haber iniciado una investigaci¨®n administrativa" sobre la actuaci¨®n de los funcionarios responsables.El examen de la comisi¨®n parlamentarla de control presupuestario, cuyo ponente fue Fabra, fue utilizado por algunos c¨ªrculos para atacar la gesti¨®n de Mar¨ªn, al menos en apariencia. En realidad, esas cr¨ªticas apuntaban al anterior responsable de la pol¨ªtica mediterr¨¢nea, el actual ministro espa?ol de Asuntos Exteriores, Abel Matutes. Los programas en donde se detectaron irregularidades fueron concebidos en 1990 en el marco de la llamada "cooperaci¨®n descentralizada" y su base legal se aprob¨® en junio de 1992. El actual vicepresidente se hizo cargo de dicha cartera en enero de 1993.
Las irregularidades en esos programas fueron detectadas por el Tribunal de Cuentas en octubre de 1995. Desde entonces, adem¨¢s de suspenderlos, la Comisi¨®n -en colaboraci¨®n con el Parlamento- inici¨® una investigaci¨®n y orden¨® recuperar los pagos indebidamente realizados, cifrados en 2,2 millones de ecus, unos 350 millones de pesetas. "No se perder¨¢ ni un solo ecu", garantiz¨® ayer Mar¨ªn. En un caso, adem¨¢s, se ha dirigido a los tribunales nacionales por si la sobrefacturaci¨®n detectada es constitutiva de delito. Se trata de la empresa italiana Ismeri.
El gran problema pendiente es que la cooperaci¨®n descentralizada -apoyada empresas externas- sigue siendo indispensable para los miniproyectos que se realizan tanto en el Mediterr¨¢neo como en otras zonas.
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