El PNV negociar¨¢, con condiciones, las nuevas medidas contra el terrorismo

El PNV est¨¢ dispuesto a negociar las medidas legales que el ministro del Interior, Jaime Mayor, trata de introducir para endurecer los delitos de "terrorismo de baja intensidad", pero con condiciones. Margarita Ur¨ªa, diputada del PNV y jurista, cree necesario que la negociaci¨®n se haga "con prudencia" para evitar "el riesgo de adoptar unas medidas de excepci¨®n que puedan echar abajo los tribunales". Ur¨ªa se opone tajantemente a regular el cumplimiento ¨ªntegro de las penas para los terroristas, propuesto por el PP en su programa electoral.

El PNV aparece dispuesto a estudiar las medidas del Gobierno para facilitar juicios r¨¢pidos, tipificar mejor el delito de amenazas, sancionar las contramanifestaciones y delimitar el delito de estragos o violencia sin v¨ªctimas. As¨ª se lo ha manifestado el portavoz del PNV en el Congreso, I?aki Anasagasti, al titular de Interior, Jaime Mayor Oreja. Mayor, que ayer regres¨® de Ibiza, prepara el calendario de reuniones con los partidos con el objetivo de presentar las medidas legales en el Consejo de Ministros del 29 de agosto.El PNV cree que el endurecimiento de la legislaci¨®n "debe hacerse con calma y no estar sometido a la presi¨®n y al calor de los ¨²ltimos acontecimientos", indica Margarita Ur¨ªa. "Hay que enfriar los ¨¢nimos para proceder a las reformas". La diputada nacionalista contempla con inter¨¦s la propuesta del ministro de agilizar los juicios -que se resuelvan en 25 d¨ªas- por delitos de violencia callejera ejecutados por los grupos juveniles afines a ETA. Considera fundamental "la ejemplaridad que se deriva para la gente joven de un juicio r¨¢pido".

Margarita Ur¨ªa se muestra m¨¢s esc¨¦ptica en cuanto a la tipificaci¨®n de los delitos de amenazas, y coacciones -que pretenden penalizar conductas de los miembros de la Mesa Nacional de HB- as¨ª como la obstaculizaci¨®n de las contramanifestaciones, en las que militantes del brazo pol¨ªtico de ETA insultan y amenazan a los integrantes de manifestaciones autorizadas. Cree que en ambas cuestiones "hay que hilar muy fino" porque estas figuras afectan a "derechos fundamentales y los tribunales pueden tumbar las modificaciones legislativas".

"El delito de amenazas y coacciones procede, generalmente, de pol¨ªticos en el ejercicio de la cr¨ªtica pol¨ªtica y no es f¨¢cil delimitar lo que es cr¨ªtica y lo que es amenaza", argumenta Ur¨ªa, que recuerda c¨®mo siendo Juan Alberto Belloch, portavoz socialista de la Comisi¨®n de Interior y Justicia, presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao fue "muy garantista" en estas cuestiones y, por tanto, contrario a la penalizaci¨®n de estas conducta de dirigentes de HB.

La diputada nacionalista se muestra contraria a que se trate de reformar el C¨®digo Penal para exigir a los terroristas el cumplimiento ¨ªntegro de las penas. Cree que este supuesto es "dudosamente constitucional" porque supone "el rechazo de la reinserci¨®n como f¨®rmula de integraci¨®n en la sociedad de los violentos". El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, reconoci¨® el jueves que a ¨¦l le gustar¨ªa introducir esta medida, recogida en el programa electoral del PP, pero ya se adelant¨® a no considerarla ante el rechazo que suscita en otros grupos.